Rubén Tapia
Un grupo de pastores inmigrantes libra una batalla judicial contra los dueños de ranchos ovejeros y autoridades federales del trabajo. Los pastores borregueros acusan a los ganaderos de conspirar para mantener los salarios bajos y a las agencias federales de permitir que los salarios caigan a niveles ilícitamente bajos. Miles de inmigrantes con visa H-2A, la mayoría de Latinoamérica, trabajan como pastores de ovejas en ranchos del oeste de Estados Unidos. Rubén Tapia tiene el reporte.
Los que cuidan borregos en las montañas de Colorado tienen bastantes quejas.
“Tenemos que trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde”, dice Polo, de Guanajuato, México.
“En las sierras y las montañas vivía solo durante tres meses y medio”, recuerda Leo, de Perú.
Ambos llegaron a trabajar con visas H- 2A.
“Ganaba 700 dólares por mes, pero fíjese si me llevaba ropa, usada pues, de segunda, lo que ocupaba, siempre el cheque me salía de unos 600 o menos, 500 dólares al mes”, dice Polo.
“De 1800 a 2 mil borregos cuidaba uno solo y para el pago que ganamos”, dice Leo.
Cuando los contrataron, les prometieron otra cosa.
“Tienen que darte un campo, todo equipado con su refrigerador, su baño», dice Leo. Pero no fue así.
Cuando se quejó Leo, lo amenazaron con devolverlo a Perú. Polo decidió salirse de trabajar después de un fuerte altercado con su patrón, quien lo golpeó.
“Me agrede y le dije, no tengo ni agua para tomar, y me dijo, ‘¿Por qué no te lo tomas de los arroyos?’” dice Polo.
“Esta es una industria que no ha cambiado casi nada en los últimos 100 años”, dice Ricardo Pérez, un activista de derechos civiles de Colorado. “Las condiciones de vida, como estaban explicando estos ovejeros, son de tráfico humano”.
Cuando son contratados, el patrón los recoge del aeropuerto, y de allí los lleva a trabajar. A lo largo del año no tiene ningún día de vacación, están lejos y sin transporte, afirma Pérez.
“Obviamente, los trabajadores sufren de depresión. Los trabajadores dicen, ‘No existe un ovejero que no haya llorado’. Durante décadas y décadas, la situación de los ovejeros ha sido algo oculto”, dice Pérez.
Para dar luz al problema, Perez se sumó a una demanda contra el gobierno federal y la industria de los borregos, que cuenta con más de 5 millones de cabezas y cerca de 80 mil granjas en el país.
“El departamento del trabajo ha calculado mal el salario mínimo que deberían de recibir los ovejeros que llegan con visa H-2A», dice Nina DiSalvo, directora de la organización Towards Justice de Denver, Colorado, una de las participantes de esta demanda. «También nuestros clientes han demandado a unas asociaciones que tiene la industria y algunos rancheros por el acuerdo que creemos que hicieron, para pagar a los ovejeros en el país solamente el salario mínimo».
La primera audiencia está programada para la próxima semana.