De la redacción
En una votación partidista de 29 contra 11, el Senado de California aprobó este martes una legislación sobre el empleo, que favorece a trabajadores independientes considerados como contratistas independientes, convirtiéndolos en empleados formales que podrán gozar de los beneficios laborales. Ahora dicho proyecto pasa a la Asamblea estatal, donde previamente los legisladores aprobaron una versión anterior, que debe incorporar las enmiendas que se le hizo el Senado.
De darse una votación final que apruebe en la Asamblea estatal de California, luego de aprobarse ayer en el Senado estatal, la ley AB5 pasará al escritorio del gobernador, Gavin Newsom, quien escribió un artículo de opinión del Día del Trabajo en donde dijo que apoya la medida.
Y es que cientos de miles de contratistas o trabajadores independientes, incluidos los conductores de Uber y Lyft; DoorDash, correos de Uber Eats, Instacart y Postmates; Controladores de Amazon Flex; taxistas; traductores profesionales de documentos médicos y legales; propietarios de franquicias y más, “podrían convertirse en empleados después de que la ley entre en vigencia en 2020”, dice el periódico San Francisco Chronicle. “Los sindicatos, que impulsaron la aprobación de la AB5 esperan organizar a los empleados recién formados, especialmente a los empleados temporales que trabajan en este tipo de compañías”.
La noticia fue bien recibida por la coalición We Drive Progress, de conductores y aliados liderados por los grupos de choferes, Gig Workers Rising, en el norte de California, y por Mobile Workers Alliance en el sur del estado, dice un comunicado de We Drive Progress.
Esta ley “dificultará a los empleadores clasificar erróneamente a los trabajadores para negarles protecciones laborales básicas; como el salario mínimo, el seguro de desempleo y la compensación laboral”, afirmó la asambleísta demócrata de San Diego, Lorena González, que es coautora de esta pieza legislativa.
La AB5 es codifica el fallo de la Corte Suprema de California, conocido como ‘Dynamex’, que utiliza un criterio simple basado en tres ejes: un trabajador es un empleado si las tareas del trabajador se realizan bajo el control de una empresa; esas tareas son centrales para el negocio de esa compañía; y el trabajador no tiene una empresa independiente en ese mercado.
La senadora estatal demócrata de Los Ángeles, María Elena Durazo, coautora del referido proyecto de ley, “comenzó el debate del martes al criticar a las compañías tecnológicas y algunos empleadores tradicionales, diciendo que durante décadas han explotado a los trabajadores clasificándolos falsamente de contratistas”, reporta el SF Chronicle. «Seamos claros, no hay nada innovador en pagar menos a alguien por su trabajo y basar todo un modelo de negocios en clasificar erróneamente a los trabajadores”.
Y es que en medio de las preocupaciones sobre la desigualdad de los ingresos, el tema de la situación laboral se ha convertido en parte de la conversación nacional, dice la fuente, “y California a menudo marca el ritmo para el resto de Estados Unidos”.
Por otra parte, los candidatos presidenciales demócratas, incluidos Bernie Sanders, Kamala Harris, Elizabeth Warren, Julián Castro y Pete Buttigieg respaldan el proyecto de ley.
Defensores de la medida dicen que las compañías llaman a los trabajadores ‘contratistas independientes’ para evitar pagar el salario mínimo, las horas extras, la compensación de los trabajadores, el seguro de desempleo y una gama de otros beneficios que pueden agregar un 30% a los costos laborales.
Pero dicha clasificación errónea le cuesta a California unos 8 mil millones de dólares anualmente “debido a la pérdida de salarios, impuestos y gastos, además de subsidiar la asistencia de redes de seguridad social para los trabajadores”, afirmó la asambleísta González.
Los opositores, que incluyen tanto empresas como a trabajadores, dicen que “valoran la flexibilidad de los contratistas independientes… Las empresas en varias industrias, incluidas las de transporte, entregas de paquetería, hospitales, periódicos y propietarios-operadores de camiones, advirtieron que agregar los costos del empleo podría ser devastador y generar cargos más altos para los consumidores, y reduciría el servicio”.
El martes por la noche, González anunció que había acordado posponer un año la implementación del proyecto de ley para los conductores y repartidores de periódicos, siguiendo las demandas del Senado.
“Si bien personalmente no estoy de acuerdo con este retraso, estoy dispuesta a permitir que la industria de los periódicos cumpla un año adicional si eso significa que esos conductores de reparto y casi un millón de otros trabajadores mal clasificados reciban el salario mínimo, los beneficios y los derechos laborales de la AB5″, dijo González en un comunicado de su oficina.
Los senadores rechazaron 12 conjuntos de enmiendas patrocinadas por los republicanos, que en gran medida habrían agregado exclusiones para más profesiones. Durante un debate, que se extendió hasta la noche de ayer, los senadores republicanos dijeron que el proyecto de ley no aportó claridad a la decisión de Dynamex.
Una larga lista de profesiones obtuvo exenciones de la AB5, “en gran parte porque generalmente establecen sus propios precios y negocian directamente con sus clientes”. La lista incluyen médicos, dentistas, psicólogos, agentes de seguros, corredores de bolsa, abogados, contadores, ingenieros, vendedores directos, agentes inmobiliarios, estilistas, pescadores comerciales, agentes de viajes y diseñadores gráficos.
Uber, Lyft y otras compañías de transprte negociaron sin éxito la exención. “Ahora planean llevar su caso directamente a los votantes con un referendo en noviembre de 2020 que busca crear una nueva categoría de trabajadores independientes, pero que podrían recibir algunos beneficios y un piso salarial garantizado”. Uber, Lyft y DoorDash han aportado 90 millones de dólares para respaldar la medida, concluye el SF Chronicle■
