Corte de pelo a inmigrante preso a la espera de someterse a la nueva Ley de 364 días. Foto: nhpr.org.
De la redacción
Recientemente el gobernador de Utah, Gary Herbert promulgó el proyecto de ley HB 244, o Ley de 364 Días, que ayudará a evitar la deportación de los no ciudadanos condenados por delitos menores -como el robo de mercancías en una tienda, por ejemplo. Dicha ley reduce en un día la sentencia máxima que se impone en Utah a las infracciones leves, que es de por lo menos un año (365 días) de cárcel. Y es que bajo la Ley federal de Inmigración, un delito leve en los estados se castiga con un año de cárcel o más, lo que es “suficiente” motivo para activar una deportación automática. De esta suerte, en una creciente resistencia al estado policíaco y antinmigrante de la administración Trump, Utah se une otros estados como California, Nevada, Washington y más recientemente Nueva York. Este programa de Línea Abierta que aquí se reseña, forma parte de nuestra serie especial sobre el sistema de justicia penal, realizada en colaboración con The Justice Collaborative y con fondos parciales de la Fundación Public Welfare.
Que algunos estados de trayectoria progresista introduzcan leyes para defender a los inmigrantes de la deportación no es novedad. Pero que un estado como Utah, con un gobernador republicano se sume a esta breve aunque creciente lista de estados como California, Nevada, Washington y Nueva York para blindar a los inmigrantes de la deportación, eso sí resulta algo que amerita ponerle atención.
Para abordar el tema, en este programa de Línea Abierta que aquí se reseña participó en el análisis el abogado John Mejía, director legal de la Unión Estadunidense de Libertades Civiles, ACLU – Utah, cuya sede se halla en Salt Lake City.
Eentrecruce del sistema de justicia pena y la Ley de Inmigración
Director Legal de la Unión de Libertades Civiles – Utah, John Mejía. Foto: ACLU Utah página web.
En la Ley de los 364 Días de Utah –señala el abogado-, se hallan contenidos varios delitos, como los llamados delitos menores de clase A. Uno muy común, aunque no el único, sería el robo, que hasta antes de esta ley conllevaban una sentencia de 365 días o de un año completo. Como se sabe, n la Ley federal de Inmigración establece que un inmigrante indocumentado tan sólo con tener la posibilidad de recibir un año de condena, se convierte automáticamente en candidato a la deportación; aun en aquellos casos donde el infractor de la ley ni siquiera haya pisado la cárcel incluso.
Por eso es que esta nueva ley de los 364 días, es decir, la reducción de un solo día a la sentencia mínima de un año, desactiva digamos la posibilidad de la condena que pone al infractor de la ley en la ruta de la deportación. Como podrá imaginarse, la nueva ley, que entrará en vigor en próximos días (mayo) en Utah, hace una gran diferencia para las familias inmigrantes, dice Mejía.
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Paradoja de un estado republicano
Estados de la Costa Oeste que tienden a ser políticamente progresistas, o con legislaturas de clara inclinación liberal como California, Nevada y Washington -aunque también Nueva York, con la ley “Un día para proteger a los neoyorquinos”-, han implementado ya la ley de los 364 días. Pero Utah es un estado marcadamente conservador, dominado por los republicanos que, como se sabe, se inclinan más bien por políticas de mano dura; sobre todo cuando se trata del sistema de justicia penal y de la inmigración. Entonces, cabe preguntarse, ¿cómo fue posible que Utah aprobara una ley que blinda de la deportación a los inmigrantes indocumentados que infringen la ley, y más aún en tiempos de Trump?
Mejía afirma que a pesar de la dureza que caracteriza ciertas políticas del sistema de justicia criminal en Utah, ahí todavía persiste «aunque sea un mínimo sentido de justicia» y por alguna razón «no gusta a todos sus habitantes el excesivo número de las deportaciones». Esto podría obedecer también a la existencia de un proyecto político bipartidista, que en inglés lleva por nombre “Smart Justice” (justicia inteligente), porque mantener una población carcelaria tan grande “No ha funcionado”, sostiene el abogado de la ACLU.
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