Supresión del voto, ¿cosas del pasado? Foto: Wikipedia.

De la Redacción

Los miembros de dicha junta electoral, todos blancos, argumentaron que de todas maneras los negros ni votaban, aunque documentos legales demostraron luego que esta aseveración era falsa. Marion Warren el oficial de la Junta Electoral de Sparta que documentó la purga y hizo sonar la alarma entre los defensores de los derechos del votante, declaró al Times: “La gente simplemente no entiende por qué el Sheriff viene a sus casas a traerles en persona un citatorio, especialmente si ellos no han cometido crimen alguno”. Esta es una entrega de nuestra serie, Hacia el Voto 2016.

Pasadas las elecciones primarias y la culminación o cierre de las respectivas convenciones nacionales de los demócratas y republicanos, o en la recta final hacia las elecciones del 8 de noviembre, siguen los persistentes esfuerzos, cada vez menos sutiles, por purgar el padrón electoral de negros y pobres, que votan tendencialmente por los demócratas; esfuerzos impuestos por legislaturas casi en su totalidad republicanas, dice una exhaustiva investigación de The New York Times (NYT).

La situación podría ser más grave de lo que se piensa para la democracia de este país, que se ostenta como la más perfecta del planeta, si se considera un análisis estadístico que en nota por separado realiza y publica hoy también el NYT, sobre los estadunidenses que realmente votarían en las elecciones generales de noviembre.

De acuerdo con dicho análisis, de los 324 millones de personas que habitan en Estados Unidos, 103 millones son menores de edad, o sea que no pueden votar; 88 millones son abstencionistas; 73 millones no votaron en las elecciones primarias y al parecer no lo harían tampoco en las elecciones generales; 60 millones votaron en las primarias, la mitad de los cuales, o 30 millones de ellos lo hicieron por cada uno de los dos candidatos: Clinton y Trump, aunque de estos últimos la mitad votó por otros candidatos también. Sólo del 14 por ciento de los votantes de este país, que son elegibles para votar, el 9% de estos sufragó por Hillary Clinton o por Donald Trump. iEl 9%!, sostiene la fuente.

Cuando en el pequeño poblado de Sparta, un apartado rincón de Georgia 180 afroestadunidenses, o la quita parte del electorado en ese lugar fueron citados a comprobar en persona su residencia legal en la Junta de Registro del Votante en Hancock, un condado predominantemente blanco, lo hicieron movidos por el temor, dice la fuente, pues se les hizo por lo menos raro haber recibido una carta o más bien un citatorio oficial.

El objetivo de la junta, según una demanda interpuesta más tarde por defensores de los derechos del votante, era dar una ventaja a los candidatos blancos en las elecciones municipales de Sparta, ya que en las pasadas elecciones un candidato blanco a la alcaldía ganó por un estrecho margen apenas.

Los miembros de dicha junta electoral, todos blancos, argumentaron que de todas maneras los negros ni votaban, aunque documentos legales demostraron luego que esta aseveración era falsa. Marion Warren, el oficial de la Junta Electoral de Sparta que documentó la purga y hizo sonar la alarma entre los defensores de los derechos del votante, declaró al Times: “La gente simplemente no entiende por qué el Sheriff viene a sus casas a traerles en persona un citatorio, especialmente si ellos no han cometido crimen alguno”.

Pero el Fiscal de HancocK, el representante republicano, Barry A. Fleming volvió con la vieja cantaleta –que ya hemos documentado en estas mismas páginas-, y en una entrevista con la fuente aseguró que la referida Junta “sólo estaba tratando de restaurar el orden de un proceso electoral teñido de corrupción e incompetencia”. Y sugirió que la demanda era “exagerada”, ya que, en última instancia, dijo, “sólo una fracción de los votantes a los que fueron dirigidos los citatorios, se les rascó de las listas”. Y afirmó que las denuncias eran falsas, y que se trataba más de un asunto político y de poder, antes que de uno de discriminación racial.

Como hemos publicado ya, son muchas y variadas las formas con que legislaturas republicanas, en estados principalmente del sur han venido implementado medidas destinadas a inhibir el voto de las minorías, en particular –aunque no son los únicos- negros y latinos pobres.

Estas maniobras en unos 14 estados han sido precisamente el motivo por el cual el Departamento de Justicia impuso la necesidad de que para ser implementadas debían contar con la aprobación del gobierno federal. En Georgia, así como en todos, o en parte de los restantes 13 estados, la Ley de Derecho al Voto de 1965 reclama jurisdicción en aquellos estados o condados con historial de discriminación de votantes para obtener la autorización del Departamento de Justicia antes de cambiar el modo de registro y el sufragio de los votantes cuando se lleven a cabo elecciones.
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Hace tres años, sin embargo, la Corte Suprema declaró inconstitucional el mandato de autorización previa arguyendo que «la discriminación flagrante destinada a impedir el sufragio efectivo es en gran parte cosa del pasado».

Pero desde el fallo de 5 a 4 del Tribunal Supremo en el caso de los derechos del votante, «Shelby vs Holder», argumentan los críticos, “los esfuerzos evidentes para impedir votar a las minorías han sido suplantados por una tormenta de cambios más sutiles”.

La fuente afirma que dichos cambios han sido “más conspicuos”, y se refiere a los esfuerzos de dichos estados con historial de discriminación, y otros sin él, que han implementado una variedad muy «creativa» de medidas restrictivas, como las leyes de identificación de votantes o los recortes en los periodos de votación anticipada, que los críticos sostienen afectan desproporcionadamente a las minorías y a los pobres. Son medidas menos evidentes, pero a menudo tan polémicas como las antes mencionadas. “Ha habido numerosos cambios de procedimiento para votar, promulgados en condados y ciudades de todo el Sur y en otros lugares en todo el país”: NYT.

Dichas son medidas deprimen el voto de las minorías, como en Georgia y Carolina del Norte, cuyas campañas presuntamente contra el fraude electoral han estado dirigidas a los votantes negros, y podrían ser impugnadas en las elecciones presidenciales del otoño.

El Times señala que una encuesta del Fondo para la Defensa Legal y la Educación, de la NAACP, realizada en junio, encontró que gobiernos en seis estados que requerían en el pasado permiso del Departamento de Justicia para hacer cambios en los procedimientos electorales, «cerraron casillas de votación para hacer más difícil el sufragio a personas de las minorías». Otras juntas locales en seis entidades redibujaron distritos electorales, cambiando las líneas de sus demarcaciones, y cambiaron los procedimientos para dificultar el voto de afroestadunidenses y minorías.

En otro caso, «Alabama cerró 31 oficinas de emisión de licencias de conducir en lugares rurales y remotos, ampliamente habitados por personas de la raza negra», argumentando que se trataba de recortes presupuestales para ahorrar dinero al erario público.

Pero luego de retar legalmente estas medidas con el argumento de que impedían el registro electoral de los habitantes locales, el estado decidió abrir estas oficinas un día al mes. El gobernador republicano, Robert J. Bentley, dice la fuente, negó que dichas medidas estuvieran motivadas por un asunto racial.

Los casos se repiten. En el Condado de Hernando, en La Florida; en Cleveland y Watauga, condados de Carolina del Norte; Baldwin County, Alabama; y en otros lugares, los funcionarios electorales eliminaron o movieron lugares de votación en los distritos en gran medida de las minorías; pero un tribunal del estado anuló el cierre del Condado de Watauga.

El Times continúa: “La mayoría republicana en la Asamblea General de Carolina del Norte volvió a dibujar los distritos políticos el año pasado en el condado de Wake, cuya principal ciudad es Raleigh, «concentrando los votantes negros en el centro de la ciudad en un solo distrito electoral. (pero un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos dictaminó que el mapa era inconstitucional.) En Pasadena, Texas, funcionarios eliminaron dos puestos en el Consejo de Distrito, en áreas en gran medida habitadas por hispanos, en 2014, y reemplazaron dichos asientos elegidos en gran parte por los votantes blancos. Los votantes hispanos han presentado una demanda federal que busca deshacer el cambio”.

La lista se prolonga y este espacio no da para más. Pero medidas como la exigencia de identificación con foto para votar, acortar los tiempos de las votaciones tempranas y por correo, y la posibilidad de registrarse el día de la elección y otras “sutilezas” de las legislaturas republicanas amenazan con reducir aún más al 9 por ciento de los habitantes de este país, que son los que de acuerdo con la fuente terminan eligiendo a los poderes en sus tres ramas en Estados Unidos: la Presidencia, el Congreso y el poder judicial■