Corte Suprema de Estados Unidos. Foto: Joe Ravi / Wikimedia Commons.
Marco Vinicio González
En un revés más a las políticas antinigrantes de la administración Trump, la Corte Suprema desestimó hoy un litigio sobre la regulación que buscaba imponer la etiqueta de carga pública a los inmigrantes en vías de naturalización que solicitaran programas de ayuda social a los que por ley son legítimamente elegibles.
El referido litigio, ‘Texas, et al. v. Cook County, IL, et al.’, fue interpuesto por un puñado de estados comandados por Texas, y rechazado por el fallo de un tribunal federal de primera instancia en Illinois que en 2020 invalidaba o «anulaba» las regulaciones de carga pública de la Administración Trump calificándolas de “ilegales”.
El fallo de hoy pone fin a una zaga que hizo sin embargo mucho daño a la comunidad inmigrante con residencia legal en distintos niveles o en familias con estatus migratorio mixto, que se privaron de muchos programas y servicios para ellos y sus hijos aunque fueran legalmente elegibles, por el temor infundido por la administración Trump de frustrar sus intentos para ajustar su estatus migratorio o buscar la ciudadanía.
Varias organizaciones defensoras de los inmigrantes reaccionaron positivamente al fallo de la Suprema, como la coalición Protecting Immigrant Families por ejemplo, que a través de su directora, Adriana Cadena declaró en un comunicado lo siguiente:
“La Corte Suprema tomó la decisión correcta hoy, al rechazar un esfuerzo motivado políticamente para reabrir el litigio sobre una política ilegal de Trump que socavó la salud de la nación. La regulación de carga pública de Biden emitida en septiembre y que comenzó en agosto de 2021 con un aviso previo de la reglamentación propuesta que incluía un período de comentarios públicos de 60 días».
Cadena agregó a dicho fallo le siguió en febrero de 2022 «una propuesta regulatoria final también con un período de comentarios de 60 días. Además de ambos períodos de comentarios, el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, invitó a realizar aportes a través de una serie de sesiones o audiencias públicas a fines de 2021 que entró en vigencia el 23 de diciembre según lo programado. Las personas elegibles en familias inmigrantes pueden usar los programas de la red de seguridad social sin la preocupación de convertirse en carga pública”.
Ya en junio de 2022 la Corte Suprema había desestimado un intento similar, asestando un duro golpe a los estados que impulsaron el litigio. En su oportunidad John Roberts, presidente la Suprema, escribió una una opinión a la que se unieron los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch, para explicar sus votos para desestimar los desafíos representados por Texas y los otros estados.
En su disentimiento Roberts dijo estar frustrado con la administración de Biden por eludir ciertos procedimientos para revertir la política de Trump. Y agregó que las maniobras plantearon una serie de importantes preguntas para futuras disputas, y estuvo de acuerdo en que la impugnación de los estados partidarios de la carga pública debería ser desestimada.
