En San Fernando, Tamaulipas, Mx. Foto:
revolution-news.com
De La Redacción
Una importante decisión de la Suprema Corte de Justicia mexicana despeja parcialmente el camino para el reclamo de justicia de los centroamericanos que cruzan por México en su ruta hacia Estados Unidos y que son víctimas de la violencia de las instituciones o del crimen organizado, reporta el periódico mexicano La Jornada.
Esto, al reconocer como víctimas a las familiares de dos salvadoreños asesinados en la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde 120 cadáveres fueron hallados en un terreno baldío en 2011 de ese municipio.
Se trata de la madre y la hermana de Bertilia Parada de Osorio, y Alma Yesenia Releageño, madre y hermana de Carlos Alberto Osorio Parada y de Manuel Antonio Releageño, respectivamente. La Corte Suprema determinó además que “la Procuraduría General de la República (PGR) debe darles acceso a los expedientes, peritajes y averiguaciones previas, y deberá entregarles las copias certificadas o simples que requieran”.
Y aunque la decisión de la Suprema es trascendental, dice la fuente, “porque reconoce el derecho de las quejosas a la reparación del daño y abre las puertas para que familiares de migrantes extranjeros o de mexicanos sean reconocidos como víctimas en casos similares y que tengan todos los derechos y prerrogativas que ese hecho implica”, no todos los nueve magistrados que componen ese máximo tribunal votaron de la misma manera.
Por ejemplo, cinco ministros de la primera sala favorecen se les conceda un ampro, para que antes de reconocer su calidad de víctimas hubieran tenido que someterse a exámenes de ADN para demostrar su parentesco. y los otros cuatro se pronunciaron simplemente por reconocer como víctimas a las referidas familiares de los dos occisos.
Por otro lado los jueces omitieron pronunciarse sobre la exigencia de las demandantes para que el asesinato de los 120 migrantes centro y sudamericanos fueran considerados legalmente un delito grave y de lesa humanidad. Tampoco se abordó establecer como criterio los estándares de protección de los derechos humanos, para lograr que esta masacre no se trate de un caso aislado sino de un asunto representativo de miles de migrantes que pasan por México en tránsito hacia Estados Unidos.
La decisión final será tomada próximamente, aunque no se estableció fecha límite para ello. Sin embargo el derecho a la verdad, “que garantiza que el acceso a la información sea amplio, de tal manera que tanto los familiares de las víctimas como la sociedad sean informados de todo lo sucedido en relación con dichas violaciones”, es un paso significativo en la lucha de los migrantes que pasan por México y aun de los propios mexicanos que viajan hacia el país vecino.
“Igualmente, la garantía del acceso a esta información es indispensable para asegurar la implementación de medidas de no repetición de los hechos del pasado: el conocimiento de las atrocidades cometidas es una condición necesaria para evitar que se repitan los abusos, se promueva la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión estatal y se prevenga la corrupción y el autoritarismo, señala el documento de la corte dado a conocer a los medios■
