Judge Dana Sabraw. Foto: c-span.org

De la redacción

Un juez federal en San Francisco, California ordena a la administración Trump reanudar el procesamiento de las solicitudes de más de 2 mil 700 jóvenes centroamericanos y sus familiares, que quedaron en el limbo después de que el gobierno terminara abruptamente un programa diseñado para ayudarlos a reunirse con sus familias en Estados Unidos.

Y es que el gobierno federal había creado en 2014 el programa para menores de América Central (Central American Minors program), una alternativa segura al peligroso viaje hacia el norte a través de México, para decenas de miles de niños no acompañados que vienen a Estados Unidos huyendo de la violencia.

El programa permitió a los inmigrantes que vivían legalmente en Estados Unidos solicitar el estatus de refugiado o de libertad condicional humanitaria a nombre de sus hijos menores de 21 años, de sus cónyuges y nietos que vivían entonces en El Salvador, Guatemala o Honduras.

Según Los Angeles Times, estos migrantes tuvieron que pasar largos meses o incluso años de espera, y a través de un riguroso proceso de solicitud, luego ser aprobados por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración “para poder reubicarse en Estados Unidos, siempre y cuando aprobaran los controles médicos y de seguridad”.

La orden del juez se derivó de una demanda colectiva sometida en julio pasado a nombre de seis familias, cuando el gobierno decretó el fin del referido programa. “Algunos ya habían pagado los vuelos y faltaban unos días para reunirse con sus familiares cuando, según los abogados, el gobierno de Trump cerró el programa en secreto”, en enero de 2017, operación que concluiría en agosto de ese mismo año.

Una mujer, que forma parte de la demanda y que ha estado viviendo legalmente en este país protegida por un programa “para ayudar a ciudadanos de países que experimentan conflictos armados u otras condiciones que les impiden regresar de manera segura a sus países de origen”, había pagado ya 5 mil dólares para el vuelo de su hija y su nieta, las pruebas de ADN y otros requisitos del programa cuando según la fuente el gobierno cerró dicho programa en febrero de 2017, bloqueando estos y otros viajes.

La hija de la mujer “huyó temporalmente de su ciudad natal a tres horas de San Salvador luego de recibir amenazas de miembros de pandillas”. Ahora la joven “rara vez sale de casa y depende del dinero que su madre le envía para sobrevivir”. En su oportunidad, la madre de la joven declaró que abriga “nuevas esperanzas de poder reunirse” con su hija y su nieto.

Otros participantes de la demanda fueron amenazados por pandillas como la MS-13, como es el caso de una adolescente que se vio obligada a abandonar la escuela secundaria unos meses antes de graduarse porque un miembro de esa pandilla la amenazó con violarla o matarla si no accedía a salir con él. Y otro joven fue desfigurado tras una paliza, lo que requirió cirugía y ahora usa bastón. O bien también está el caso de otro niño adolescente cuyo tío fue asesinado a tiros por MS-13 fuera de su propia casa.

Los demandantes solicitaron a la corte de San Francisco “que restablezca las aprobaciones condicionales para los 2 mil 714 solicitantes” del referido programa, y “que reanude el procesamiento de los solicitantes que se encontraban en etapas más tempranas del proceso cuando finalizó dicho programa”. Pero según la fuente “El tribunal negó esta última petición”.

No obstante, en diciembre la jueza estadunidense, Laurel Beeler descubrió que «la revocación masiva que decretó el gobierno federal para las aprobaciones condicionales fue una medida ilegal». Y este fin de semana Beeler dictaminó que “la acción del gobierno está causando un daño irreparable a los demandantes, al evitar que los niños escapen del peligro que amenaza su vida”.

Ahora, por orden del tribunal de San Francisco el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, “USCIS debe presentar un plan antes del 21 de marzo para continuar procesando las solicitudes”.

Linda Evarts, una abogada del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados que representa a los demandantes, dijo que sus clientes “habían confiado en el proceso del gobierno y habían hecho todo lo que se les exigía… Estas son personas que viven en circunstancias realmente mortales», afirmó Evarts. «Todo lo que quieren hacer es ponerse a salvo con sus padres en Estados Unidos»■