ACLU demanda a ICE para que libere a inmigrantes presos en el Centro de Detención de Inmigración (CE), en Mesa Verde, California, expuestos a contraer el coronavirus. Foto: ACLU.
De la redacción
A mediados de julio el juez federal de la Corte de Distrito en San Francisco, Vince Chhabria ordenó a las autoridades de Inmigración practicar inmediatamente pruebas diagnósticas de coronavirus tanto a todos los inmigrantes presos como a los guardias y al personal administrativo del Centro de Detención de Mesa Verde, en el valle central de California. La Orden tuvo caracter urgente y Línea Abierta lanzó una investigación para saber qué ha pasado al respecto.
El juez federal Vince Chhabria ordenó pruebas rápidas con resultados inmediatos, y la obligación de que sea el personal y los guardias de seguridad del Centro de Detención de Mesa Verde, en el valle central de California, quienes limpien y desinfecten los dormitorios del reclusorio; que los detenidos reciban rápido los resultados de sus pruebas del Covid-19, y que se aísle a los que dieron positivo en espacios diferentes a los que se hubieran recuperado; que se reduzca la oblación detenida y se les provea mascarillas cubre boca y se observe la sana distancia, lo que se antoja difícil en una prisión.
La orden provino en respuesta a la puntual acción de abogados civiles, luego de trascender que el mortal virus se propagó velozmente al interior de esas facilidades de ICE que, en un lapso de 15 días, de 101 inmigrantes ahí detenidos 59 dieron positivo al coronavirus; y de estos, 43 se recuperaron según datos de las propias autoridades de Inmigración.
El hecho de que más de la mitad de los inmigrantes detenidos se hayan contagiado motivó que el juez Chhabria tildara a las autoridades de Inmigración de “indolentes, deliberadamente indiferentes”, y concluyó que “no hay duda de que este brote, y esta crisis se pudo y se debió haber evitado”, dijo Samuel Orozco, Director de Noticias de Radio Bilingüe, citando al juez Chhabria, quien en su oportunidad habría dicho: “¡Que nadie pare de trabajar hasta que se complete y concluya este trabajo”.
Han pasado poco más de 15 días y la orden del juez, emitida con carácter urgente. ¿Qué ha pasado con el cumplimiento de la orden del juez Chhabria?
Para intentar conocer una respuesta Línea Abierta inició su propia investigación periodística. María Esquinca, reportera de Radio Bilingüe a cargo de la fuente en el valle central de California, atendió la semana pasada a unas vistas públicas que se llevan a cabo en torno a una demanda colectiva contra ICE y el Grupo GEO, propietario del Centro de Detención de Mesa Verde. Estas pláticas se hallan aún en desarrollo.
María Esquinca, reportera de Radio Bilingüe para la fuente del valle central de California. Foto: Reporto for America.
“…Aún hay cosas que no se han implementado, unas que aún falta por verse es que se dio a conocer que Mesa Verde (ICE) o GEO no tienen un plan médico específico para cómo responder al coronavirus dentro del centro de detención. Entonces el juez ha dado la orden de que tienen que crear un plan por escrito, que debería de delinear, por lo mínimo, cómo van a hacer con los inmigrantes detenidos, incluidos los que no hablan inglés. Cómo van a responder a síntomas, y cómo van a asegurarse de que se puedan recuperar y tener asistencia médica”, dice Esquinca, quien reproduce aquí parte de su entrevista con Genna Beier, abogada de los detenidos que mencionó que “una de las cosas más impresionantes es no tener aún un pan para dar cuidado médico”, por parte de ICE y de GEO.
Escuche:
Para concluir, “sé que abogados de los inmigrantes han llevado su reclamo más allá, han hecho un llamado a la opinión pública, una especie de petición a las cortes no solamente de Mesa Verde sino de los demás centros de detención, y en comunicados que nos han hecho legar algunos de ellos han dicho que ‘la situación en Mesa Verde es realmente terrible, insostenible’; que no hay otra forma de decirlo. ‘Estamos en crisis’, dicen, ‘y ICE claramente o no quiere o no puede hacer lo que se debe hacer’ para proteger a las personas bajo su custodia de la amenaza de una pandemia mortal”, señala Samuel Orozco. Y cita parte de la conversación que Escuinca tuvo con la abogada Ambar Tovar, de la Unión de Trabajadores Agrícolas, UFW, acerca del caso de un inmigrante detenido que se halla solicitando asilo, con condiciones médicas mentales y que dio positivo al coronavirus.
Escuche:
