De la redacción
La administración Biden anunció una orden ejecutiva que ordena al Procurador General de Justicia no renovar los contratos de su departamento con los centros de detención operados por el sector privado, que le renta cárceles al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para manter presos a los inmigrantes indocumentados que captura el servicio de Inmigracion y Control de Aduanas, ICE.
Como ha de suponerse, mantener el enorme número de inmigrantes detenidos en centros de detenición de ICE resulta un jugoso negocio para algunos, pues la gran mayoría de las personas encarceladas se encuentran recluidas en instalaciones privadas. CoreCivic y GEO Group, que son sólo dos de las principales propietarias de estas instalaciones carcelarias ganaron más de 4 mil millones de dólares en 2017 por rentrar y/o operar estas prisiones a ICE, que depende de DHS.
Ambas corporaciones gastan millones de dólares en cabildeo y contribuciones de campaña para garantizar que Washington continúe favoreciendo al Sistema de detención, pero al parecer la administración Biden-Harris le pone fin a esta práctica con su orden ejecutiva para que el Departamento de Justicia finiquite esta relación.
GEO Group, calificó la orden Biden como “una solución en busca de un problema… simplemente representa una declaración política que podría tener graves consecuencias negativas no deseadas, como la pérdida de cientos de puestos de trabajo y un impacto económico negativo para las comunidades donde se encuentran nuestras instalaciones, que ya están luchando económicamente debido a la pandemia de COVID”, dijo un portavoz de GEO Group en un comunicado.
Pero esta industria de prisiones privadas rentadas y operadas al servicio de ICE tiene un valor de 2 mil millones de ganancias anuales, según The America Conservative.
Y es que en 2018 por ejemplo, ICE detuvo a un promedio de casi 45 mil personas todos los días; al año siguiente, ese número superó las 53 mil detenciones. O sea, el número de familias migrantes detenidas en la frontera entre Estados Unidos y México aumentó en un año un ¡300 por ciento! En 2019 el Fondo de Control de Inmigración y Seguridad Fronteriza solicitó un aumento presupuestario para cubrir la detención de 60 mil personas por día.
David Fathi, director del Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión Estadunidense de Libertades Civiles, ACLU, declaró en un comunicado que “La administración Biden-Harris tiene el mandato de luchar contra el encarcelamiento masivo y las disparidades raciales que lo caracterizan”.
En relación a la orden ejecutiva que envió el gobierno federal al Departamento de Justicia, ésta valida algo que ACLU ha venido diciendo durante años, señala Fathi: “Nadie debería beneficiarse de la miseria humana causada por el encarcelamiento masivo. La privatización de las prisiones aumenta el potencial de maltrato y abuso de las personas encarceladas, y esta medida de la administración Biden comenzará a reducir esa práctica insidiosa”.
Por su parte la asesora principal de defensa y políticas de la ACLU, Naureen Shah opinó en el comunicado que «La decisión de la administración Biden de cortar los lazos entre la BOP (Oficina Federal de Prisiones) y las compañías de prisiones privadas es un primer paso importante, pero debe extenderse a la detención de inmigrantes”.
Porque el año pasado más del 80% de los inmigrantes indocumentados detenidos, estaban en instalaciones propiedad y/o operadas por compañías privadas de prisiones, insiste Shah. “Hasta una cuarta parte de sus ingresos proviene de contratos de ICE. La administración Biden debería romper los lazos con cualquier empresa cuyo modelo se esté beneficiando de la miseria humana del encarcelamiento. Debería cerrar las 40 instalaciones que se abrieron bajo la presidencia de Trump, para reducir significativamente la infraestructura que se ha construido para abusar y traumatizar a los inmigrantes en Estados Unidos».
Desde su creación en 2003 ICE mantuvo estable una población detenida de 20 mil personas por día. “Desde entonces, el sistema ha crecido hasta convertirse en una extensa red de más de 200 centros de detención a nivel nacional”, dice un estudio de ACLU.
“Estas instalaciones -carcelarias- varían en tamaño y son operadas en gran parte por corporaciones penitenciarias privadas y, en algunos casos, por cárceles locales».
ICE, dice el estudio, «usa estas instalaciones para encerrar a las personas que llegan a la frontera o aeropuertos y solicitan asilo, así como a miembros de la comunidad que desde hace mucho tiempo se enfrentan a la deportación debido a acusaciones de conducta delictiva o simplemente porque son indocumentados”.
Entre tanto, un juez federal bloqueó temporalmente la moratoria de deportación de 100 días que la administración Biden había expedido en una orden ejecutiva, después de que Texas demandara a la administración federal por haber decretado dicha moratoria como parte de un paquete de medidas de reforma migratoria que la nueva administración ha venido ejecutando desde el Día de la Inauguración de este gobierno■
