De La Redacción
La situación de los trabajadores en Estados Unidos se ve sujeta a un sin número de irregularidades que tienen que ver por lo general con su salario, las horas extras, condiciones laborales como el acoso, discriminación por género o edad, despidos injustificados, etcétera, lo que con frecuencia pone en riesgo la salud de los trabajadores. Aunque esto no suele suceder así con los empleados de contratistas del gobierno federal, el contribuyente, dice un comunicado de la Casa Blanca, no debería con sus dólares recompensar a las empresas que infringen la ley, y por eso hoy el Presidente Obama está tomando medidas enérgicas contra los contratistas federales que ponen la seguridad de los trabajadores y su salario “duramente ganado” en riesgo.
Como ha venido anunciando el mandatario últimamente, ante la falta de acción del Congreso, que echará mano de sus facultades administrativas, porque la mayoría republicana reusa colaborar con el gobierno, se espera que el Presidente firme hoy una orden ejecutiva que exija a los probables contratistas federales -y quienes ya tengan contratos con el gobierno- divulgar las violaciones de la legislación laboral, y que dará a las agencias una mayor orientación sobre cómo considerar dichas violaciones en la adjudicación de contratos federales.
He aquí una lista de provisiones clave contenidas en la orden administrativa que anuncia el presidente Obama para someter a raya a los contratistas federales que infringen la ley, asegurando que los estadunidenses que trabajan duro todos deben obtener el pago justo y las condiciones correctas que se merecen en los sitios de trabajo.
Hoja Informativa: Orden presidencial para un sueldo justo y lugares de trabajo seguros
Aunque la mayoría de los contratistas federales obedecen las normas, cada año hay decenas de miles de trabajadores en Estados Unidos que no reciben los pagos que se merecen de tiempo extra, no se les contrata o paga lo suficiente a causa de su sexo o edad, o sufren en cuestiones de salud y seguridad a manos de las compañías con contratos con el gobierno federal que no pagan lo que deben. Los dólares del contribuyente no deberían recompensar a las compañías que violan la ley, por eso hoy el Presidente Obama va a tomar medidas con respecto a los contratistas federales que arriesgan la seguridad de los trabajadores y los sueldos que se han ganado con su trabajo.
Como parte de este Año de Acción, el Presidente firmará una orden presidencial que exigirá que cualquier posible contratista federal divulgue las infracciones de las leyes laborales, y dará a las agencias más ideas sobre cómo considerar infracciones laborales a la hora de otorgar contratos federales. Aunque muchos contratistas ya obedecen las normas, y las ofertas de contratos federales ya deben tomar en cuenta el historial de integridad de un contratista, estos funcionarios tal vez aún no entiendan lo que son las infracciones de las compañías en el lugar de trabajo. El proceso nuevo también se ha creado para animar a las compañías a que resuelvan disputas existentes, como por ejemplo, hacer pagos atrasados. Y por último, la orden presidencial también garantiza que los trabajadores reciban la información necesaria en cada periodo de pago para verificar que el sueldo es el correcto y que los trabajadores que hayan sido víctimas de acoso sexual o de otras violaciones de sus derechos civiles reciban su día en el tribunal al acabar con los acuerdos obligatorios de arbitraje en las compañías con contratos federales grandes.
Al ponerse más estricto con los contratistas federales que violan la ley, el Presidente ayudará a garantizar que todas las personas que viven en Estados Unidos que trabajan tan duro reciban el sueldo justo y los lugares de trabajo seguros que se merecen.
Disposiciones clave de la orden presidencial
La orden presidencial para un salario justo y lugares de trabajo seguros gobernará los nuevos contratos federales de adquisición con un valor de más de 500 mil dólares y dará información sobre el cumplimiento de las compañías con las leyes laborales federales para las agencias. Esperamos que la orden presidencial se implemente en los contratos nuevos por etapas, en orden de prioridad, durante 2016. El Departamento de Trabajo estima que hay unas 24,000 empresas con contratos federales, quienes contratan a unos 28 millones de trabajadores.
1. Hacer responsables a las compañías: Bajo los términos de la orden presidencial, las agencias exigirán a los posibles contratistas que divulguen sus infracciones de la ley laboral de los últimos tres años antes de poder obtener un contrato. Los 14 estatutos federales que se cubren y las leyes estatales correspondientes incluyen aquellas que tratan los sueldos y las horas, la seguridad y la salud, la negociación del convenio, la baja familiar y médica, y las protecciones de los derechos civiles. Las agencias también requerirán que los contratistas recojan información similar de muchos de sus contratistas secundarios.
2. Tomar medidas enérgicas contra aquellos con infracciones repetidas: Los funcionarios de contratos tomarán en cuenta solo las infracciones más graves y cada agencia asignará a un encargado de alto nivel como Asesor de Cumplimiento Laboral para ofrecer asistencia continua para evaluar si las acciones de los contratistas alcanzan el nivel de falta de integridad o de ética empresarial. Dicho asesor ayudará a cada funcionario de contratos a revisar las divulgaciones y a consultar al Departamento de Trabajo. La orden presidencial garantizará que los ofensores peores, quienes infrinjan los derechos de sus trabajadores repetidas veces y les pongan en peligro, no reciban contratos por lo tanto no retrasen proyectos importantes ni malgasten el dinero del contribuyente.
3. Promover la eficiencia en la contratación federal: Las agencias federales se arriesgan a dar resultados de poco rendimiento si dan contratos a compañías con un historial de infracciones de las leyes laborales. En 2010, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno publicó un informe en el que se detallaba que casi dos tercios de las 50 infracciones más graves de sueldo y horas y casi el 40 por ciento de las 50 multas más graves de seguridad y salud puestas entre el año fiscal 2005 y 2009 fueron a compañías que después recibieron nuevos contratos del gobierno. El año pasado, el presidente del comité del Senado para la salud, la educación, el trabajo y las pensiones, Tom Harkin, publicó un informe en el que mostraba que docenas de contratistas con infracciones considerables de salud, seguridad, sueldo y horas seguían recibiendo contratos federales. Otro estudio mostró que 28 de las compañías con más infracciones en el lugar de trabajo entre el año fiscal 2005 y 2009 posteriormente recibieron contratos federales y una cuarta parte de esas compañías finalmente demostraron tener problemas de rendimiento (lo que sugiere que hay una relación evidente entre los contratistas con un historial de infracciones de las leyes laborales y aquellos que no rinden adecuadamente para los dólares del contribuyente que reciben). Debido a que las compañías con infracciones laborales tienden a dar más problemas de rendimiento, las medidas que se han tomado hoy también ayudarán a mejorar la eficacia de la contratación federal y darán mejores resultados para los dólares de los impuestos.
4. Proteger a los contratistas responsables: La mayoría de los contratistas federales tienen un historial impecable. El Departamento de Trabajo estima que la gran mayoría de las compañías con contratos federales no tiene infracciones federales en relación al lugar de trabajo en los últimos tres años. Los contratistas que invierten en la seguridad de sus trabajadores y mantienen un lugar de trabajo justo y equitativo no deberían tener que competir con aquellos que ofrecen propuestas subóptimas (que consiguen por ahorrar en requisitos legales) y al final dan un rendimiento insuficiente a los contribuyentes. La orden presidencial se añade al sistema existente de adquisiciones, y por lo tanto le resultará familiar a los contratistas y encajará con las prácticas de contratación ya establecidas. Las empresas responsables marcarán una sola casilla en un formulario para indicar que no tienen un historial de infracciones de las leyes laborales. La comunidad de contratación federal y otras partes interesadas estarán invitadas a participar en sesiones de escucha con la OMB, DOL y funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca para compartir sus opiniones sobre cómo garantizar que las políticas y prácticas implementadas sean tanto justas como eficaces. DOL y otras agencias de cumplimiento junto con el Consejo Regulativo de Adquisiciones Federales tomarán en consideración esta información a la hora de dictar regulaciones y pautas, y se publicarán para recibir comentarios del público antes de ser finalizadas.
5. Enfoque en ayudar a las compañías a mejorar: El propósito de este proceso creado por la orden presidencial es ayudar a más contratistas a cumplir con las protecciones en el lugar de trabajo, no a denegar contratos a los contratistas. Las compañías con infracciones de las leyes federales tendrán la oportunidad de recibir asistencia preliminar para decidir si sus infracciones pueden ser problemáticas y para resolver cualquier problema. Los funcionarios de contratos tomarán estas medidas en cuenta antes de otorgar un contrato y se encargarán de garantizar que el contratista cumple con los términos del acuerdo.
6. Dar a los empleados un día en el tribunal: La orden presidencial dicta a las compañías con contratos federales de $1 millón o más que no tienen que exigir a sus empleados a que entren en acuerdos de arbitraje previos para las disputas que surjan del Título VII de la Ley de Derechos Civiles o de los agravios relacionados a la agresión o al acoso sexual (excepto cuando ya existen contratos válidos). Esto se añade a una normativa que ya se aprobó por el Congreso y que se implementó con éxito en el Departamento de Defensa, la agencia de contratos federales más grande de todas, y ayudará mejorar el cumplimiento de los contratistas con las leyes laborales.
7. Dar a los empleados información sobre sus sueldos: Como es habitual en el mundo de los negocios, la mayoría de los empresarios dan a sus trabajadores un resguardo con cierta información básica sobre sus horas y sus salarios. Para estar seguros de que todos los trabajadores reciben esta información básica, la orden presidencial requiere que los contratistas les den a sus empleados información con respecto a las horas que han trabajado, sus horas extra, la paga y cualquier adición o deducción que se haya hecho a su sueldo, para que sepan que reciben lo que se les debe.
8. Reestructurar la implementación y en general la información que divulgan los contratistas: La orden presidencial dirige a la Administración de Servicios Generales a que desarrolle una única página web para que los contratistas puedan cumplir con sus requisitos de divulgación (para esta orden y para otros medios de divulgación para contratistas). Los contratistas solo tendrán que introducir información en un sitio, incluso si tienen múltiples contratos con diferentes agencias. La intención de “documentar una vez en un sitio” es un aspecto clave de los comentarios que se recibieron de contratistas actuales y potencialmente nuevos. Este paso es uno de una serie de acciones para hacer el mercado laboral federal más atractivo a los mejores contratistas, más accesible a las pequeñas empresas y a otros participantes nuevos y más asequible para los contribuyentes.
Parte del pacto básico estadounidense es que si aceptan la responsabilidad, trabajan duro y siguen las reglas, los trabajadores pueden contar con un sueldo justo, ser libres de discriminación en el trabajo y acceder a lugares de trabajo seguros y equitativos. Los dólares del contribuyente no se deberían usar para pagar a empresarios sin escrúpulos que quieren empeorar el nivel de vida de nuestras familias, vecinos y comunidades. Al crear incentivos para un mayor cumplimiento y un proceso para ayudar a los contratistas a cumplir con las leyes básicas de protección del lugar de trabajo, la orden presidencial es un ejemplo de buena gobernación que aumentará la eficacia en la contratación federal y nos ayudará a fortalecer la fuerza laboral y la economía■
