Maribel Hastings
America’s Voice, Cleveland, Ohio

Cada martes en la noche un recinto en Painesville, Ohio, reúne inmigrantes con un denominador común: son protagonistas o daño colateral de la maquinaria de deportaciones del gobierno.

El cuadro echa por tierra el argumento de que las deportaciones se centran en delincuentes, de que son reincidentes en cruces sin ningún lazo con Estados Unidos, o que no se están separando familias. Aquí las cortinas de humo para refutar los números récord de deportaciones o justificarlos pierden todo valor.

Al conversar con varios de ellos, sus comentarios reflejan el sentir de la comunidad: no creen que haya posibilidades de reforma migratoria legislativa por ahora y esperan que el presidente Barack Obama los ampare, irónicamente de las políticas de deportación de su propia administración.

Han dado por perdidos a los republicanos que bloquean la reforma en el Congreso. De ellos no parece esperar nada y cuando buscan un responsable de su incertidumbre, no nombran a ningún republicano sino a Obama. La razón es muy sencilla, me indicó Leonor, indocumentada con 20 años viviendo en Estados Unidos, con cuatro hijos ciudadanos y un esposo deportado hace tres años, tras 24 años de vivir en Ohio, de donde se graduó de secundaria: “Los republicanos no prometieron reforma migratoria. Obama sí. Desde que él entró yo daba la vida por él. Yo decía, ‘con él nunca nos va a pasar nada’, y cuando la persona en que tú más crees que te va a ayudar es la que te defrauda, te duele más”, dijo Leonor, quien también tiene una orden de deportación.

Los ‘talking points’ que rigen en la burbuja washingtoniana se deshacen ante la realidad que viven estas familias. Aquí no alivia que les digan que los republicanos están bloqueando la solución legislativa que se necesita, pues ni siquiera resuena que el presidente de la Cámara Baja, John Boehner, sea de Ohio. Su necesidad de alivio es inmediata y no pueden darse el lujo de esperar a otra elección o a que simulacros de presión surtan efecto. La figura a la que apelan es Obama.

Familias completas integradas por indocumentados, residentes permanentes y ciudadanos llenan el local donde la organización HOLA de Painesville provee orientación a quienes han perdido un familiar por las deportaciones o que están peleando la suya o la de otros.

La nutrida reunión semeja una especie de terapia grupal que sirve de catarsis y donde se permiten incluso bromear sobre su desgracia para hacerla más llevadera. Aplauden que Alfredo Ramos pueda estar otra vez entre ellos. Ramos, un inmigrante con 24 años de residencia en Ohio, sin historial delictiva y dos hijos ciudadanos, fue colocado en proceso de deportación tras ser detenido cuando iba de pasajero en un auto. Se le acusa de “reingreso ilegal” por volver tras una deportación para estar con su familia. El proceso federal contra Alfredo continúa, aunque respira por el alivio temporal -con todo y grillete electrónico.

A poco más de una hora de distancia, en Lorain, Ohio, otros inmigrantes viven situaciones similares. Allí también hay un capítulo de HOLA y otra organización de apoyo comunitario, El Centro, que también los asiste.

En la Parroquia del Sagrado Corazón, en Lorain, converso con seis mujeres, madres de familia, que batallan contra su propia deportación o la de sus esposos.

“No podíamos ir ni al parque en paz porque allí estaba la Patrulla Fronteriza… Gracias a Cel estamos más aliviados”, dice María, quien enfrenta una orden de deportación, refiriéndose al puertorriqueño Celestino Rivera, jefe de la policía de la ciudad de Lorain, que no reporta indocumentados a las autoridades migratorias.

“En Lorain ha mejorado la cosa, pero cuando uno sale de aquí da miedo verlos (a la Patrulla Fronteriza) por todas partes”, agrega Claudia, indocumentada con 15 años de vivir en Ohio, con cuatro hijos ciudadanos y un esposo en proceso de deportación.

Cuando se piensa en la Patrulla Fronteriza no vienen a la mente Lorain o Painesville. Sin embargo, las deportaciones se han nutrido de las detenciones de inmigrantes radicados, algunos por más de dos décadas, en pueblos y ciudades entre las dos instalaciones de la Patrulla Fronteriza en Port Clinton, Ohio, y Erie, Pennsylvania. La justificación central de su presencia es la frontera con Canadá. La realidad sobre el terreno es que la Patrulla Fronteriza opera al interior del país (hasta 100 millas de la frontera) y se beneficia de las colaboraciones con departamentos de policías locales que les entregan inmigrantes detenidos por infracciones menores de tránsito o cualquier excusa que les permita solicitar documentos.

“El reto real en Ohio es que tenemos tantos pequeños departamentos de policía y cada uno tiene su propia política y no entienden las leyes de inmigración. Están deteniendo personas cuando van a trabajar o al mercado. Detienen y cuestionan hispanos y no importa si son conductores, pasajeros, inmediatamente notifican a la Patrulla Fronteriza”, indica Verónica Dahlberg directora ejecutiva de HOLA Ohio.

Las entrevistas en Lorain y Painesville pintan el mismo cuadro.

Quien menos tiene viviendo en Ohio lleva ocho años y, quien más, lleva 24 años en este estado.

Sus historias son similares: casi todos provienen de Guanajuato, México, y vienen a trabajar en los viveros que llaman “nurserías”, otros trabajan en campos agrícolas, construcción, fábricas. Tienen hijos ciudadanos y vidas establecidas. No suponían una carga para el gobierno, aunque irónicamente una detención y eventual deportación suponen que familias que nunca solicitaron beneficios públicos lo hagan para sustentar a sus hijos ciudadanos porque el proveedor fue deportado, languidece en un centro de detención o no puede trabajar. Gastan miles de dólares en fianzas y abogados para pelear las órdenes de deportación.

“Yo no tengo récord criminal aquí, nada de nada, y duré cinco meses en un centro de detención. Trabajé 12 años en una factoría supervisando a 40 personas, ganaba bien, pagaba impuestos. Por esto nuestro fondo familiar de emergencias se terminó y tuvimos que pedir estampillas para alimentar a mis hijos ciudadanos, algo que nunca tuve que hacer mientras trabajaba”, dice otro inmigrante que enfrenta la deportación.

“El presidente dijo que no iba a separar familias. No le pedimos que frene todas las deportaciones porque sabemos que hay criminales que sí merecen la deportación. Pero otros sólo venimos a trabajar y no a ser carga sino ayuda para este país”. Su mensaje a Obama: “Que le dé una ojeada a todos los casos y a los que vienen a trabajar que los dejen en paz”, agregó.

Sus historias de deportación también son similares: fueron detenidos mientras se dirigían a trabajar o al mercado.

El mensaje que envían es similar: alto a la separación familiar y permisos de trabajo si no hay reforma por ahora.

La potencial consecuencia política de esta crisis no debería caer en oídos sordos de los dos partidos. Los hijos de estos inmigrantes son ciudadanos, algunos ya son votantes y otros lo serán. Tienen familiares votantes que han visto a un Partido Republicano vapulear a los inmigrantes y bloquear la reforma migratoria, y a una administración demócrata deportarlos, tratar de deportarlos y decir que no puede ayudarlos.

“Tengo familiares que son votantes y están decepcionados porque piensan que el presidente sólo utilizó a los latinos para llegar a la presidencia en 2008 y reelegirse en 2012, y va a irse y no va a hacer nada”, señala Edith, indocumentada con casi dos décadas años en Ohio.

Guadalupe, indocumentada con 19 años de vivir en Ohio, tiene familiares votantes. “(Obama) los está decepcionando. Se preguntan ‘si el próximo candidato demócrata viene y dice lo mismo y yo le doy el voto y pasa lo mismo, pues mejor no doy mi voto y ya’… La gente latina mejor no va a votar si sólo hacen promesas y no hacen nada”.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice