De la redacción

El vicepresidente de EEUU, Mike Pence presidiendo el Senado en el Capitolio en Washington, durante la votación que puso fin al pleito legal que hubiera protegido a los consumidores de las prácticas deshonestas de las instituciones financieras comerciales. Foto: WJLA

Rompiendo un empate 50 a 50 el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence afloja aún más la regulación de Wall Street mientras la administración Trump y los republicanos avanzan para revertir las políticas de la era de Obama promulgadas a raíz de la crisis económica de 2008. Y es que los republicanos del Senado votaron para anular una nueva y amplia regla que habría permitido a millones de consumidores estadunidenses unirse a demandas colectivas contra instituciones financieras, reporta The New York Times.

Al derrotar dicha regulación, los republicanos están desmantelando un gran esfuerzo de la Oficina de Protección Financiera al Consumidor, el organismo de control creado por el Congreso después del desastre hipotecario. Tras cinco años de pleito judicial, esta medida habría asestado un duro golpe a las firmas financieras, exponiéndolas potencialmente a una avalancha de costosas demandas legales sobre inescrupulosas prácticas comerciales.

La referida decisión ha desencadenado una batalla política que ha adquirido un significado más amplio en la nueva administración. Los republicanos se aferraron a la regla como una forma de considerar a la agencia un actor importante en el régimen regulatorio que estaba impidiendo los negocios y la economía. Poco después de que se adoptara la norma, la Cámara de Comercio de Estados Unidos la señaló como «un excelente ejemplo de una agencia deshonesta».

En los últimos meses, las firmas financieras y sus aliados republicanos en el Congreso se movilizaron para derrotar la regla. Algunas cooperativas de ahorro y crédito y bancos comunitarios también intervinieron, presentando llamadas a los legisladores en sus estados de origen.

Según la Ley de Revisión del Congreso, los republicanos tenían aproximadamente 60 días legislativos para revocar la norma. La Cámara de Representantes aprobó su propia resolución en julio.

Lea la nota completa en The New York Times:

Consumer Bureau Loses Fight to Allow More Class-Action Suits