De La Redacción
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha echado a andar las luces internacionales de alarma ante la violencia e impunidad que se enseñorea en los círculos políticos y en las distintas instancias del gobierno mexicano (federal, estatal y municipal), cuyo epicentro es en estos momentos en Iguala, Guerrero.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza dijo este martes sentirse «consternado» ante informaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes mexicanos, en cuya búsqueda participan centenas de policías y militares en la zona de Iguala (sur).
Tras el asalto de policías municipales y pistoleros con armas de alto poder y de uso exclusivo del ejército, algunas autoridades guerrerenses huyeron abandonando sus puestos tras pedir una licencia para ausentarse por tiempo indefinido, como es el caso del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, de quien se desconoce su paradero y a quien se le acusa de actuar bajo las órdenes del Chunky, sanguinario líder de la agrupación criminal, Guerreros Unidos, quien presuntamente ordenó la ejecución de los 43 estudiantes desaparecidos.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto se deslinda de la responsabilidad, como si no fuera el responsable de la seguridad del país, y declara que ésta corresponde a las autoridades estatales y municipales de Guerrero, y al gobernador de esa entidad federativa, Ángel Aguirre, de quien los familiares de los jóvenes asesinados y desaparecidos piden su renuncia y un juicio político que derive en uno judicial. Aguirre dijo ayer que estaría dispuesto a abandonar su investidura si esto contribuía a aclarar y apaciguar los hechos.
Esta mañana aparecieron en la ciudad de Iguala mantas enormes con amenazas a las autoridades de Iguala en la zona del Periférico, atribuidas presuntamente al grupo delictivo Guerreros Unidos, que dan un plazo de 24 horas al gobierno del estado para liberar a los 22 policías municipales ―detenidos por estar presuntamente involucrados con los hechos violentos ocurridos el 26 de septiembre, o sea contra los normalistas de Ayotzinapa―, porque según dicen, “si no cumplen con su petición, darán a conocer los nombres de los políticos que los apoyan”, reporta La Jornada.
Movilizados durante todos estos días desde que inició el conflicto, y habiendo logrado ya la atención de la opinión pública internacional, como es el caso de la OEA y la ONU, los padres de familia de los normalistas agraviados nuevamente responsabilizaron al alcalde con licencia en Iguala, José Luis Abarca y al gobernador Ángel Aguirre, de la desaparición de los 43 estudiantes de normalistas.
Anunciaron que para el próximo miércoles paralizarán el país con una movilización en donde exigirán la presentación con vida de sus hijos.
A través de canales oficiales Insulza pidió el esclarecimiento de este crimen «tan inhumano como absurdo», y apuntó que el episodio «enluta no sólo a los mexicanos sino a todos los países de las Américas». Todos los países del continente, apuntó Insulza, «han concordado en que el fenómeno de la violencia criminal de los narcotraficantes que los afecta sólo se puede combatir de manera conjunta».
En su nota, Insulza mencionó las versiones que señalan que «según declaración de sicarios confesos», varios de los estudiantes desaparecidos «habrían sido ejecutados por orden del crimen organizado».
Demostrado que la violencia rebasa la capacidad de las autoridades estatales y federales en esa región guerrerense,
centenas de hombres armados de la recién formada Gendarmería, que aglutina a las diversas corporaciones policiales, participan de las búsquedas de los 43 estudiantes desaparecidos hace más de 10 días. Las fuerzas federales e investigadores se han movilizado a la región para asumir el control de Iguala, cuya policía municipal es sospechosa de haber colaborado con narcotraficantes en los tiroteos contra los estudiantes que precedieron a las desapariciones, según ordenó el presidente de México.
Los padres de los estudiantes sospechan que sus hijos están secuestrados y los reclaman vivos, En las redes sociales, la indignación ha corrido como la pólvora y se ha sumado a la exigencia nacional e internacional sobre la aparición de los normalistas de Ayotzinapa con vida y el cese de la violencia de las autoridades y el crimen organizado -difícil de diferenciar- contra los jóvenes normalistas
