Maribel Hastings
America’s Voice,Washington, DC
Las dos crisis se entrelazan y ambas requieren sus respectivas soluciones. De un lado está la crisis humanitaria de la frontera con miles de niños que cruzan solos y en algunos casos acompañados de sus padres para huir de la violencia del narcotráfico y las pandillas, de la falta de oportunidades, y movidos por la falsa idea promovida por los traficantes de personas de que todos obtendrán permisos para permanecer en Estados Unidos. Por otro lado, están los millones de indocumentados, muchos con más de una década de vivir aquí, con hijos ciudadanos y vidas establecidas que día a día temen convertirse en otra estadística más de las deportaciones.
La administración de Barack Obama, la que más inmigrantes ha deportado, está tomando medidas para atender la crisis fronteriza y, de hecho, el Presidente solicitó al Congreso dos mil millones de dólares para afrontar el flujo y «flexibilidad» para agilizar la repatriación de los menores, algo que anuncia polémica a diversos niveles. Varios sectores cuestionan la repatriación expedita de estos menores que deben tener acceso a una revisión justa de sus casos dentro del debido proceso de ley.
Y el Presidente, días después de que líderes republicanos indicaran que planifican demandarlo por tomar acciones ejecutivas, anunció que hará precisamente eso: tomar acciones ejecutivas para lidiar con el tema migratorio que la cámara baja no quiso abordar. Espera que los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional le indiquen hasta dónde puede llegar, dentro de su autoridad legal, sin la intervención del Congreso. Mientras, dijo el mandatario, seguirá presionando por la solución legislativa.
La semana pasada se declaró oficialmente la «muerte» de la reforma migratoria por la vía legislativa, aunque para muchos haya muerto hace rato por la renuencia republicana a debatirla. La Casa Blanca asegura que el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner ya confirmó que no habrá debate cameral este año y de ahí el anuncio de Obama.
Es que la crisis fronteriza, lejos de suscitar un debate sobre soluciones, ha generado demagogia y politiquería barata entre algunos sectores que ven maná caído del cielo en la nueva emergencia. Basta con ver la reacción del presidente del Comité Judicial de la cámara baja, Bob Goodlatte, republicano de Virginia, y de su colega republicano de California, Darrell Issa. Su instinto inmediato fue pedir la revocación de la Acción Diferida (DACA) para los jóvenes indocumentados en Estados Unidos, instando su deportación. DACA, concedida en 2012, argumentan, es una de las razones para el alza en el flujo de menores en la frontera sur. Nada como responder a la crisis de los niños migrantes pidiendo la deportación de jóvenes criados en Estados Unidos que no tuvieron ni parte ni suerte en la decisión de sus padres de traerlos sin documentos, jóvenes que estudian, son profesionales o quieren servir en las Fuerzas Armadas del único país que conocen; jóvenes que, en muchos casos, sólo hablan inglés.
Y mientras la cámara baja ha claudicado efectivamente de su responsabilidad de legislar no sólo en inmigración sino en otros asuntos, la reacción de Boehner es anunciar que planifican demandar legalmente al presidente Obama por girar órdenes ejecutivas, como la de DACA, de asuntos que el Congreso no avanza.
La crisis de la frontera se recrudece cuando se presionaba a la cámara baja de mayoría republicana para presentar y debatir un plan de reforma migratoria amplia. El año pasado, desde el 27 de junio de 2013 cuando el Senado aprobó el proyecto de reforma S 744, el liderazgo republicano ofreció todo tipo de excusas para justificar la inacción, dejando el reloj correr para evadir el asunto.
La presión fue por partida doble porque los grupos pro reforma le solicitaron al presidente que echara mano de su poder ejecutivo para frenar las deportaciones de ciertos inmigrantes, en tanto se concreta la reforma por la vía legislativa.
Los republicanos, olvidando las lecciones de 2012 y su pésima relación con los votantes latinos y otras minorías, están centrados totalmente en la elección intermedia de 2014 en la que esperan mantener la mayoría de la cámara baja y alcanzarla en el Senado. Siguen apostando al extremismo como estrategia, aunque ello juegue en su contra en la general de 2016.
A lo largo de este debate, el instinto de la Casa Blanca ha sido ceder ante las presiones republicanas mostrando mano dura con los inmigrantes, y la estrategia sólo ha solidificado la oposición republicana.
Pero la pelota está de nueva cuenta en la cancha de Obama. Parecería impensable pedirle que gire órdenes ejecutivas migratorias en estos momentos, pero el gobierno, como el Congreso, debe estar capacitado para caminar y mascar chicle al mismo tiempo.
La crisis de la frontera no debe cancelar los esfuerzos de aliviar la crisis migratoria interna generada por años de dejadez, falta de voluntad y valentía política, y por la tentación de los dos partidos de explotar el tema políticamente en vez de solucionarlo. La crisis de los niños debe tener una solución humanitaria que no tiene por qué incidir en la solución de la crisis migratoria interna.
Para los republicanos, ignorando la necesidad de ampliar su base conservadora anglosajona para aumentar sus probabilidades de ganar la Casa Blanca en 2016, la suerte parece estar echada.
Pero Obama debe decidir si continúa apaciguando extremistas o si toma decisiones difíciles que además de ayudar a millones de familias y a la economía, pueden salvar su legado y solidificar el apoyo latino a su Partido Demócrata. A ver si lo anunciado hoy resulta en eso.
