Monóxido de carbono de los escapes de automóviles que no cumplen con las reglas de eficiencia para el consumo de combustible. Foto: www.dicis.org.

De la redacción

Como se recordará a principios de mes reportamos que el titular de Agencia federal de Protección al Ambiente (EPA), Scott Pruitt ordenó dar marcha a tras a una medida de la administración Obama, la Evaluación de Medio Término (MTE) para los estándares de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de automóviles y camionetas modelos 2022 a 2025. Retrasó la entrada en vigor de la regla que incentiva a los fabricantes de automóviles a alcanzar los estándares CAFE, que reducirían las emisiones de carbono en ¡mil 800 millones de toneladas métricas! y ahorraría a cada consumidor mil 650 dólares al año.

Los estándares de emisones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento de la tierra, que el jefe de la EPA, Sctott Pruitt había anunciado que revertiría, son una regla federal para que los vehículos promedien el rendimiento del consumo de combustible a 54.5 millas por galón para el año 2025. O sea, casi el doble del estándar actual. Porque esta norma proporciona importantes beneficios ambientales.

Pues bien, hoy la Fiscalía General de Nueva York aseguró el fallo judicial que bloquea la orden de la administración Trump para retrasar la entrada en vigor de dichas normas que penalizan el incumplimiento de las reglas de eficiencia en el consumo de combustible. Y que alientan a los fabricantes de automóviles a producir flotas de vehículos que cumplan con dicha norma de la administración anterior, dice un comunicado de la Fiscalía General de Nueva York.

Y es que en septiembre los Fiscales Generales de Nueva York y California, Eric Schneiderman y Xavier Becerra, respectivamente, encabezaron una coalición de cinco fiscales estatales (California, Maryland, Nueva York, Pennsylvania y Vermont) que presentaron una demanda para bloquear el retraso de la administración de Trump en la referida regla de penalización. Y esta mañana el Segundo Circuito emitió una orden dejando sin efecto la demora de la regla dispuesta por la administración Trump.
«La regla de penalización de estándares de eficiencia de combustible es una medida de sentido común que protegería los bolsillos de los consumidores al mismo tiempo que reduciría las emisiones de carbono que dañan nuestra salud e impulsan el cambio climático», dijo Schneiderman en el comunicado. «La orden judicial de hoy es una gran victoria para la salud y el medio ambiente de los neoyorquinos y de todos los estadunidenses. Como hemos demostrado una y otra vez, cuando la administración de Trump antepone intereses especiales antes que la salud pública y que nuestro medio ambiente, los llevaremos ante los tribunales y ganaremos».

Originalmente establecida para entrar en vigencia en julio de 2017, la referida norma exige a todas las agencias federales que aumenten sus tasas de sanciones civiles mediante una ley del Congreso, la Ley de Ajuste de Inflación de Sanciones Civiles de 2015. En respuesta, el Departamento de Transporte de Estados Unidos emitió una nueva regla para aumentar la multa en 8.50 dólares por décimo de milla por galón, pero la administración de Trump lo retrasó.

Los Estándares “Augural”, para modelos del año 2022 al 2025 por sí solos reducirían las emisiones de dióxido de carbono en 40 millones de toneladas por año en 2025, y en más de 200 millones de toneladas por año en 2050, en comparación con el mantenimiento indefinido de las normas para el 2021.

Según la demanda presentada por los fiscales generales, el 28 de diciembre de 2016 la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) anunció que estaba retrasando indefinidamente la fecha de entrada en vigor de su penalización actualizada.

Esto es ilegal de dos maneras, dice el comunicado del fiscal Schneiderman. «Primero, la NHTSA actuó sin previo aviso y sin hacer comentarios, lo cual viola la Ley de Procedimiento Administrativo. En segundo lugar, este retraso arbitrario restablece la tasa de penalización obsoleta que viola la Ley de Ajuste de Inflación de Sanciones Civiles de 2015».

En una petición similar, el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, Sierra Club y el Centro para la Diversidad Biológica también desafiaron la demora ilegal de la administración Trump■