Aclu apela a juez la decisisón de mantener la ley ‘Muéstrame tus papeles’. Foto: www.tucsonweekly.com
¿Qué haría usted si en su estado aparece de repente una serie de leyes antinmigración? Pues eso pasa en Arizona, y en respuesta grupos civiles advierten al gobernador que si firma nuevas leyes restrictivas reanudarían un boicot contra el estado. Valeria Fernández tiene este reportaje, desde la ciudad de Phoenix, que es parte de la serie, «Hablando de la Raza».
En el 2010 Arizona perdió millones de dólares por un boicot económico internacional en respuesta a la ley que hacia un crimen estar sin papeles en el estado. El grupo Somos América encabezó el boicot en ese entonces. Su presidente fundador, Roberto Reveles dice que el boicot fue exitoso:
“Los del comercio de aquí le pidieron a la Legislatura, que por favor no pasen más de este tipo de propuestas, que dañan tanto al pueblo latino pero también a nuestros negocios”
Desde ese entonces ya no se han puesto en efecto otras propuestas antinmigrantes. ¿Pero ahora?…
“Esta sesión de la Legislatura ha sido más agresiva en las propuestas antinmigrantes”
Victoria López es la directora de asuntos legales de la Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona, ACLU.
«Y ha sido un regreso a las palabras, a la retórica antinmigrante en el estado”
Entre las iniciativas de ley a las que se oponen estas organizaciones civiles está una que requiere que los inmigrantes indocumentados acusados de felonías enfrenten la máxima sentencia posible y no puedan acceder a libertad condicional o trabajo comunitario para reducir su castigo. Y otra, que ya fue firmada por el gobernador, que impide que los inmigrantes sean entregados a las autoridades migratorias antes de cumplir el 50 por ciento de su sentencia, como puede suceder ahora. El gobernador argumentó que esto es equitativo porque el resto de los prisioneros pueden salir con un 85 por ciento de su sentencia cumplida. Glenn Hamer, Presidente de la Cámara de Comercio de Arizona está de acuerdo:
“Any efforts to launch a boicott in Arizona are outrageous. This is a welcoming state, we work very hard as a business community to create a very welcoming, positive environment… The governor signed a bill that provides equity to those who commits a crime…If you commit a crime in Arizona regardless if you’re a citizen or not citizen you’re going to serve 85% of your time in Arizona prisons”
Roberto Reveles presidente fundador de Somos America (derecha de la foto) y Glenn Hamer presidente de la Cámara de Comercio de Arizona. Foto: Valeria Fernández.
(Cualquier esfuerzo para lanzar un boicot en Arizona es descabellado. Este es un estado acogedor, hemos trabajado muy duro con nuestra comunidad de negociantes para crear una atmósfera acogedora y positiva. El gobernador firmó una ley que provee igualdad a cualquiera que cometa un delito. Si cometes un delito sin importar que seas ciudadano o no ciudadano vas a tener que cumplir un 85 por ciento de tu sentencia en las prisiones de Arizona).
Victoria López:
“Ese argumento es un poco falso, la intención de esa propuesta es para dar a inmigrantes la pena máxima… Esta propuesta y esta ley que firmó el gobernador, no son para tener un sistema igual para todos, sino para poner a los inmigrantes en una posición que tengan que cumplir más castigo que personas que sean ciudadanos”
Los oponentes de las medidas aseguran que serán costosas para el estado. De acuerdo a un análisis de costos fiscales realizado por la Legislatura, ambas leyes costarán casi 40 millones de dólares anuales.
Sally Gonzalez, representante demócrata de la Legislatura estatal, asegura que ese dinero enriquecerá a las compañías que manejan los centros de detención:
“Lo que pasa es que quieren hacer más dinero con los inmigrantes y las prisiones privadas. El gobernador quiere más camas privadas para prisiones… porque le va bien en la política con eso”
Ninguno de los promotores republicanos de las propuestas respondieron a nuestras llamadas para una entrevista.
Varias otras medidas consideradas antinmigrantes aún están pendientes. Entre ellas hay una que obstaculizaría el envío de remesas de los inmigrantes indocumentados. Otra permitiría que los ciudadanos demanden a una agencia que apoya a los refugiados si estos cometen un delito en el estado.
