De La Redacción
Una vez más la líder de ascendencia indígena y nacionalidad mexicoamericana, comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado entra en otro impase legal. Esto, con el nuevo auto de formal prisión dictado por la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia (TJS) de Guerrero hace semanas, al rechazar el recurso de apelación que presentó la defensa y ratificar dicho auto de formal prisión en su contra por el delito de secuestro agravado, dice el periódico mexicano, El Universal.
Al parecer, las fiestas decembrinas y de año nuevo obraron como ‘cortina de humo’ para permitir a los magistrados de la primera sala penal del TSJ, Vicente Rodríguez, Miguel Barreto y Alfonso Vélez Cabrera, cobijados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), evitar que se conociera a tiempo esta decisión judicial, con el fin de acortar el margen de maniobra a la defensa, lo que algunos mexicanos conocen coloquialmente como ‘sabadazo’.
Todo habría comenzado días antes de que Nestora Salgado fuera arrestada por la Marina y encarcelada en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, en 2012. Salgado y su policía comunitaria habían desmantelado entonces una red de secuestradores y de traficantes de mujeres y niñas. Mujeres que traían de Europa y Colombia a México para prostituirlas en bares mexicanos. Durante este primer periodo en cautiverio Nestora Salgado permaneció 8 meses sin poder ver ni siquiera a un abogado.
Luego, en mayo de 2014 el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero –implicado, por omisión o por comisión en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa-, tuvo la intención de liberar a Nestora Salgado. Pero la señora Miranda de Wallace se opuso a su liberación. Como se sabrá, Miranda de Wallace había recibido de manos de Raúl Plasencia, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con ayuda de la propia Wallace en 2010, el Premio Nacional de Derechos Humanos, a sabiendas de que Wallace había sido recluida en prisión por unos días, acusada de asesinato. Ella salió de la cárcel pagando una fianza, según el semanario mexicano, Proceso.
Más tarde, entre diciembre de 2014 y enero del 2015, cuando el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega aceptó la liberación de Nestora Salgado, Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí (empresario mexicano) se opusieron de nuevo a su liberación, argumentando que Salgado es una secuestradora. Ambos declararon que pedía 5 mil pesos por el rescate a familiares de una de sus víctimas, mismas que luego ascendieron a otros 50 secuestros, según las autoridades.
Ya en abril de 2014 un juez había ordenado la liberación de Salgado. Entonces, los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), acusaron a Isabel Miranda de Wallace de defender a su abogado, Ricardo Martínez Chávez, acusado en los casos del Bar Heaven y Cadillac en el 2013, y de probable traficante de mujeres. Lo acusaron también de dirigir la red de secuestradores y traficantes de mujeres que Nestora y sus hombres habían desmantelado, dice el periódico La Jornada.
Hoy, que la primera sala penal del TJS de Guerrero rechaza el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Nestora Salgado, nuevamente esta activista, de origen méxico estadunidense entra en un nuevo territorio gris, no sólo legalmente sino anímicamente también, como ventilaron en días pasados al aire defensores de la líder comunitaria en el programa de Línea Abierta de Radio Bilingüe.
Por su parte, el abogado de Salgado, Leonel Rivero Rodríguez habría explicado en entrevista para un medio en Chilpancingo Guerrero, que derivado de una resolución que emitió la justicia federal el 18 de febrero del 2015, se absuelve del delito de delincuencia organizada a Nestora Salgado. Rivero Rodríguez mencionó en esa ocasión que se interpuso un recurso de apelación por desvanecimiento de pruebas ante la Sala Penal del Poder Judicial de Guerrero.
Se menciona además que cuatro de las mujeres que acusaron a Salgado de presunto secuestro fueron utilizadas: “Yo siempre las vi como víctimas de la delincuencia”, aseveró Salgado en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, en CNN, donde también reveló que Aguirre le había ofrecido 7 millones de pesos a cambio de que limitara la acción de la policía comunitaria en Olinalá y atendiera exclusivamente asuntos menores.
En tanto, el gobierno de Estados Unidos presiona a autoridades estatales mexicanas (ojo: estatales, y no federales) para obtener lo más pronto posible la liberación de Nestora Salgado. Héctor Astudillo Flores informó ayer que la embajada de Estados Unidos solicitó la intervención de la administración estatal para que se logre poner en libertad a Salgado. Astudillo Flores es el actual gobernador de Guerrero, quien resultó electo en las pasadas elecciones y es miembro del partido en el poder (PRI) en el gobierno federal mexicano.
Astudillo Flores agregó que la primera sala penal del TSJ, revocará el auto de formal prisión que le dictó una juez de Tlapa a Nestora Salgado por el delito de secuestro agravado, y anunció que “se va a interponer un recurso de amparo directo ante la justicia federal en contra de la resolución que dictaron los tres magistrados del Poder Judicial de Guerrero”.
El abogado espera que Nestora Salgado salga en libertad “si esta sala resuelve anular el proceso… Ya la juez de Tlapa rechazó este incidente de nulidad del proceso bajo el argumento de que al momento de que Nestora Salgado rindió su declaración preparatoria nunca dijo que tenía también la nacionalidad estadunidense”, afirma el periódico mexicano.
Se espera que el abogado de Nestora Salgado pueda entrevistarse con ella a la brevedad posible para informarle sobre dicha resolución del Poder Judicial de Guerrero, ya que la líder comunitaria iba a reiniciar una huelga de hambre a principios de este este año, misma que suspendió indefinidamente, según trascendió en Línea Abierta■