Proteja a las familias inmigrantes en La Florida. Vote NO a la SB 168. Foto: ACLU Florida.

De la redacción

La Aclu advierte que además de no proporcionar ningún financiamiento ni reembolso por su costoso mandato, el referido proyecto de ley establece que “ninguna entidad estatal, agencia de aplicación de la ley, entidad del gobierno local, universidad estatal o representante de la misma puede adoptar o tener una política de santuario».

El proyecto de ley del Senado estatal de La Florida, SB 168 es otro intento antinmigrante que busca prohibir las políticas de santuario y exigir a las autoridades locales que apliquen las solicitudes de desestimación de ICE, para mantener bajo custodia a cualquier arrestado que pudiera ser un inmigrante indocumentado.

Además, la SB 168 requiere que todos los condados y municipios de La Florida gasten al máximo sus recursos locales para hacer cumplir la Ley federal de Inmigración y participar en violaciones a las libertades civiles.

Pero como era de esperarse, la propuesta generó el fuerte rechazo de diversos sectores sociales a dicho proyecto de ley. Una de las voces más fuertes de este rechazo fue precisamente la del propio jefe de policía de Miami, quien le salió al paso a la propuesta hoy en curso en la Legislatura estatal.

Jorge Colina declaró al Miami Herald que la SB 168 no tiene cabida en su ciudad mientras él sea el jefe de la policía en esa ciudad: “La verdad es que prefiero no tener este trabajo si tengo que pedirle a otros oficiales que vayan a revisar de dónde vino alguien antes de ayudarlo”.

Agregó: “No me importa si tiene papeles o no tiene papeles, de dónde vino o quiénes son sus padres. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es asegurarme de que todos en esta ciudad estén a salvo”.

De acuerdo con la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (Aclu), le medida suscita varias preocupaciones constitucionales, y “pisotea los derechos civiles y las libertades de los inmigrantes, reales o percibidos”.

El autor del proyecto, el senador estatal republicano, Joe Gruters señaló que sólo las personas que infringen la ley deben preocuparse por la nueva propuesta.

Pero la Aclu advierte que además de no proporcionar ningún financiamiento ni reembolso por su costoso mandato, el referido proyecto de ley establece que “ninguna entidad estatal, agencia de aplicación de la ley, entidad del gobierno local, universidad estatal o representante de la misma puede adoptar o tener una política de santuario».

En otras palabras, se trata de un proyecto para permitir que «una ley, política, práctica, un procedimiento o costumbre adoptada o permitida por una entidad estatal, entidad gubernamental local o agencia de aplicación de la ley»

• Cumpla con las solicitudes de retención de Inmigración
• Cumpla con una solicitud de una agencia federal de Inmigración para ser notificada antes de la liberación de un preso o detenido
• De acceso de la agencia federal de Inmigración a un preso para entrevista
• Permita una investigación del estatus migratorio del preso, y
• Proporcione a la agencia federal de Inmigración el estado de encarcelamiento o liberación de un recluso.

Cuando el mes pasado proyecto de marras se aprobó en un comité de la Legislatura estatal, el senador Gruters sostuvo que la ley pone a La Florida en concordancia con la Ley de Inmigración y el gobierno federal: “Saca a los delincuentes de las calles y evita que los gobiernos locales promulguen leyes que impidan la cooperación con los funcionarios de la ley federal”.

Y aunque Gruters aceptó que los inmigrantes vienen a esta país en busca de una vida mejor, de todas maneras cometen delitos y se están convirtiendo en una carga y en una responsabilidad para los ciudadanos legales de La Florida: “Estamos esencialmente embarazados con millones y millones de personas que vienen aquí… la mayoría de ellos para hacer una vida mejor. Pero no están aquí legalmente”, concluyó el republicano■