Marco Vinicio González
Noticiero Latino, Nueva York
Esperando turno en una corte de NY
En 1963 la Suprema Corte dictaminó por unanimidad en el caso Gideon v. Wainwright que los tribunales estatales están obligados, bajo la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadunidense, a dar asistencia legal en las causas penales para representar a los acusados que no pueden permitirse el lujo de pagar sus propios abogados. El caso amplió la obligación idéntica que se había impuesto de manera explícita en los tribunales federales bajo la Quinta Enmienda y la Sexta Enmienda, dice Wikipidia.
Esto es así para casos estrictamente criminales, y no para casos como el de un niño detenido por las autoridades de Inmigración de este país al tratar de cruzar la frontera sin ‘papeles’, pues este se trata de un caso civil. Sin embargo, la violación de las leyes que comete un niño o un adulto al cruzar sin permiso la frontera de Estados Unidos, que son atrapados por las autoridades (léase, Patrulla Fronteriza, ICE, policía local, estatal) y enfrentan una orden de deportación por cometer un delito de tipo criminal (!); a pesar de que por lo menos desde meses antes de su partida como titular del Departamento de Seguridad Interna Janet Napolitano dijera en conferencia de prensa que el cruce ilegal es una falta administrativa y no un crimen -bandera sin embargo que al parecer muy pocos defensores de los inmigrantes indocumentados han usado en su defensa.
De hecho el propio presidente Obama está pidiendo hoy dos mil millones de dólares al Congreso para enfrentar lo que llama una crisis humanitaria, o el éxodo de niños principalmente de El Salvador, Honduras y Guatemala -aunque también de México, pero estos son repatriados fast track– cruzando solos la frontera y recluidos en jaulas y otros “refugios” militares y civiles mientras encaran su deportación; fondos federales que servirán además de para mandar más botas a la frontera, también para proveer asistencia legal o un abogado a estos menores que obviamente no tienen recursos para ello, aunque el mandatario grita por todos los medios que casi todos estos menores de todas maneras van a ser repatriados, sólo que tienen que pasar por el engorroso y costoso sistema judicial, que sólo puede atender cuando mucho al 3 por ciento de estos casos de acuerdo con datos oficiales.
En medio de esta crisis y ante la parálisis del Congreso por la disputa partidista sobre el asunto de la inmigración, el Concejo Municipal de Nueva York decidió entrarle al quite a este problema, y aprobó un proyecto piloto que los defensores de los inmigrantes ‘sin papeles’ dicen podría señalar un cambio radical en la forma como ciudades y condados manejan los casos de los indocumentados y sus familias. El Proyecto fue financiado inicialmente por la ciudad con 4.9 millones de dólares y ha atendido con asistencia legal a unos 190 residentes de Nueva York nacidos en el extranjero que enfrentan deportación. Esto hace de Nueva York la primera ciudad en Estados Unidos que proporcionar fondos para cubrir el costo de abogados para inmigrantes de bajos ingresos que fueron retenidos por las autoridades federales. La ciudad va a proporcionar dicha ayuda tanto para los inmigrantes indocumentados como para los que tienen residencia legal.
Acompañando a este proyecto -como ya dijimos oportunamente en este mismo espacio- en una votación de 43 a 3, y 3 abstenciones, el Cabildo aprobó paralelamente un nuevo programa de identificación (ID) municipal para todos los que viven dentro de sus cinco distritos, incluidos claro está los indocumentados. Con esto Nueva York sigue el ejemplo de ciudades como New Haven, Connecticut, San Francisco y Los Ángeles -cada una con grandes poblaciones inmigrantes-, de proporcionar a cualquier residente la documentación necesaria para entre otras cosas firmar un contrato de arrendamiento, obtener una tarjeta de biblioteca y acceso a otros servicios y facilidades públicas, así como para abrir una cuenta bancaria. Hay que recordar que durante lo últimos años de los 80 y durante buena parte de la década de los 90 muchos mexicanos, principalmente en El Bronx (NY), murieron asaltados al robarles el dinero que llevaban en el bolsillo al salir de su trabajo, ante la imposibilidad de abrir una cuenta bancaria y recibir su pago en cheque. Les llamaban a estos inmigrantes los ‘cajeros automáticos’. Radio Bilingüe reportó en esas épocas algunos de estos casos.
Más recientemente, en los últimos años más inmigrantes han visto cómo el gobierno de Estados Unidos ha deportado y detenido a cerca de 400 mil indocumentados cada año. Aunque no todas las personas que enfrentan la deportación son detenidas, aquellos que fueron encarcelados ya sea acusados anteriormente de un delito o porque entraron al país sin ‘papeles’, son menos propensos a tener un abogado que los represente y más probabilidades de ser deportados. Los dos factores más importantes en la resolución de un caso con éxito estriban en tener un abogado y quedar libres durante el juicio, según un informe elaborado por el grupo Katzmann.
Datos preliminares sobre el piloto de la ciudad de Nueva York, que llega a su fin hoy 30 de junio, muestra que de los 190 detenidos, casi la mitad han sido puestos en libertad o tienen un caso legal para argumentar a favor de la liberación. Algunos todavía pueden ser deportados, pero ahora se puede luchar desde fuera de la prisión gracias a dicho proyecto.
NBC News reporta que abogados de inmigración del Servicio de Defensores de Brooklyn, y de la oficina Defensores de El Bronx forman parte de dicho piloto.
Talia Peleg, abogada del grupo de Brooklyn dijo a NBC que «Un abogado sabe hablar el lenguaje y recorrer el camino… para traducir estos temas complejos de inmigración con una narrativa que haga sentido a un tribunal». En casos de acusados sin un abogado, sostiene, «Yo no sé si eso sería posible».
Los inmigrantes que enfrentan la deportación no son elegibles para los abogados o defensores públicos designados por el tribunal, por tratarse de casos civiles, como dijimos. Y como la mayoría de los inmigrantes en esta posición no pueden pagar un abogado privado por su cuenta, pues sus casos por lo general terminan en la deportación, luego de permanecer encerrados por tiempo indefinido, a pesar de la ley. Se estima que en Nueva York un abogado cobra por un caso de deportación al rededor de cuatro o cinco mil dólares.
Por eso es que el piloto que concluye hoy, el primer programa de su tipo en el país, es tan importante. Ahora los legisladores de la ciudad están a punto de ampliar el espectro de los defendidos casi diez veces, por lo que la ciudad de Nueva York se pone a la vanguardia o como el primer municipio en aportar recursos -y no solo pronunciamientos- para una defensa legal a todos los residentes indigentes detenidos que enfrentan la deportación.
El juez Robert Katzmann, Presidente de la Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito declaró que «La justicia no debe depender del nivel de ingresos de nadie». Él fue quien convocó a un grupo de estudio multidisciplinario que duró varios años y que derivó en el piloto. «Creo que el proyecto va a crear el impulso para un mayor apoyo a la prestación de asesoramiento para las personas que enfrentan la deportación», dijo a la referida cadena.
Un número de otras ciudades, como Boston y Chicago están estudiando programas similares, y este año el condado de Alameda, California, que incluye las ciudades de Oakland, Fremont y Berkeley comenzó un programa que se acerca al de Nueva York.
Peter Markowitz, director de la clínica legal de inmigración en la Escuela de Leyes Cardozo, que ha contribuido a la promoción de dicho programa piloto, sostiene que el objetivo del referido piloto es le de proporcionar recursos a los abogados de todos los inmigrantes que enfrentan la deportación en el estado de Nueva York, y que para lograrlo costaría en realidad 7.4 millones de dólares. Y advierte que sin embargo el Estado gastarían menos en la salud y en fomentar el cuidado de los niños cuyos padres son deportados, de acuerdo con un estudio del Centro para la Democracia Popular, otro grupo que apoya el programa. Y afirma que el sector privado se beneficiaría también: “Los empleadores del estado de Nueva York ahora pierden un estimado de 9.1 millones de dólares en costos de rotación para sustituir a los trabajadores detenidos y deportados”.
A nivel nacional un proyecto similar costaría poco más de 200 millones de dólares para dar un abogado a todos los inmigrantes sin dinero que enfrentan la deportación, según un estudio reciente. Y con proyectos como el arriba descrito, el gobierno federal podría ahorrar cerca de 175 millones en costos de detención. La información es pertinente, ahora que la Casa Blanca busca busca la asignación de fondos del Congreso para atender la crisis humanitaria de los niños centroamericanos, aunque nada garantiza que el Congreso resuelva de manera expedita esta petición; pues parece estar ocupado, por lo menos los republicanos de la Cámara de Representantes, en la demanda que piensan someter contra el presidente Obama, porque, dicen, son muy laxas sus políticas de deportación. Y eso que lleva dos millones de deportados en su cuenta. Con todo, Obama todavía espera ver si el Congreso aprueba una reforma de migración antes de ejercer una orden ejecutiva que le faculta su poder presidencial.
