Inmigrantes indocumentados presos en Maricopa AZ. Al frente, Joe Arpaio, famoso por su crueldad y maltrato a los prisioneros latinos, a quienes forzaba incluso a usar calzoncillos rosas para humillarlos. Foto: theredphoenixapl.org
De la Redacción
En lo que pareciera ser quizás la última paletada de tierra sobre la tristemente célebre ley antinmigrante, SB 1070 de Arizona, luego de seis años de arduos y costosos litigios todas las partes criminales de dicha ley han quedado por fin eliminadas. Algo que celebrar precisamente hoy, que es el Día del Ciudadano.
El Fiscal General del estado de Arizona, Mark Brnovich emitió una Opinión legal que establece las guías para la implementación estricta acerca de dos provisiones restantes de la referida ley, dice un comunicado de la oficina del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (Nilc).
Como se recordará, casi todas las disposiciones penales de esta ley de marras habían sido bloqueadas, excepto las Secciones 2 (b) y 2 (D), a las que se refiere la opinión del Procurador, misma que será enviada a todos los organismos encargados de hacer cumplir la ley en el estado para que se establezcan con claridad y se ejecuten pautas estrictas hacia el cumplimiento de esta disposición legal. De lo contrario, los agentes que persistan deteniendo inmigrantes indocumentados en base a perfil racial serán sancionados por la ley, como actualmente ocurre con el alguacil del condado de Maricopa en Arizona, Joe Arpaio, quien se haya acusado.
La opinión del Procurador establece que los agentes no pueden usar la raza o el origen étnico para desarrollar una sospecha razonable de que alguien está ilegalmente en el país. Tampoco pueden detener a personas únicamente para investigar su estatus migratorio, y no pueden mantener detenida a la gente con el fin de investigar el estatus migratorio si su detención se va a extender más allá el tiempo necesario que marca la ley estatal en estos casos.
Y es que organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes habían venido interponiendo demandas legales contra el estado de Arizona desde 2010, por varias violaciones a algunas leyes federales que protegen los derechos de algunos trabajadores e inmigrantes indocumentados sujetos a perfil racial o discriminación en su persecución, detención y ulterior deportación. Ahora, a partir de este nuevo acuerdo los trabajadores recuperan su libertad para buscar trabajo, y la policía no podrá retener más tiempo de lo debido a quienes son arrestados por violar una ley.
El abogado de MALDEF, Víctor Miramontes explicó al periódico de Los Ángeles, La Opinión, que “si te arrestan para investigar una razón estatal, por ejemplo, darte un ticket por estar manejando, no pueden extender el arresto para investigar el estado migratorio. Cuando el arresto se acaba, te tienen que dejar ir”■
Entre las organizaciones defensoras de los inmigrantes que figuran en este litigio, se hallan Valle del Sol, la Cámara de Comercio Hispana de Arizona, El Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios, la United Food & Commercial Workers International Union; La Iglesia Presbiteriana del Sur de Tucson, la Coalición de Derechos Humanos, y Arizona South Asians for Safe Families; la Cámara de Comercio Asiática de Arizona, La Red de Acción Fronteriza, el capítulo de Arizona de la Liga de Ciudadanos Japoneses Americanos, y Tonatierra Community Development Institute.
Los abogados asesores del caso incluyen al Fondo México Americano para la Defensa Legal y la Educación, Maldef, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, Nilc; el Proyecto Americano de Derechos de los Inmigrantes, la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU de Arizona; el Red Nacional de de Jornaleros, Avance de Justicia para Estadunidenses de origen Asiático, entre otros.
Opinión de la Oficina del Procurador General de Arizona
El acuerdo alcanzado entre Valle del Sol et al. V. Whiting et al
