Marco Vinicio González
Hoy los secretarios de Estado, o la máxima autoridad electoral en los estados están siendo “chivos expiatorios” de los republicanos, quienes han declarado que, de no gustarles los resultados de una elección, no la certificarán o lo harán para favorecer a sus propios candidatos.
Se trata de una nueva andanada de los republicanos, con amenazas de muerte e intimidaciones dirigidas a los secretarios de Estado estatales, a quienes buscan reemplazar con incondicionales trumpistas para certificar el conteo de los votos en las elecciones presidenciales de 2024.
Un amplio reporte del Centro para la Justicia Brennan señala ejemplos documentados como el de uno de los tres comisionados de Filadelfia, Al Schmidt, republicano por décadas que “se enorgullecía” de aportar transparencia a los procesos electorales de Filadelfia.
“Las amenazas contra Schmidt y sus colegas de la Junta Electoral comenzaron antes del día de las elecciones, el 3 de noviembre de 2020”, dice el Brennan. Una semana antes, “alguien dejó un siniestro mensaje telefónico que decía que los miembros de la junta eran ‘la razón por la que tenemos la Segunda Enmienda’”.
Poco después la policía arrestó a dos hombres en Filadelfia, “tras recibir un aviso del FBI acerca de que estaban haciendo amenazas contra el Centro de Convenciones de Pensilvania”, donde se estaban contando las boletas. “Los hombres estaban armados con dos pistolas semiautomáticas Beretta cargadas, un rifle semiautomático estilo AR-15 y municiones”, en el momento del arresto.
Las cosas no sólo siguen igual, o peor, en estas elecciones intermedias. Y hasta se percibe una desbandada de funcionarios electorales que aun siendo republicanos se niegan a repetir la falsa idea conspirativa del “fraude” en las elecciones en 2020.
En varios estados, dice el referido reporte del Brennan, “los líderes partidistas han censurado y reemplazado a los funcionarios que insistieron en decir la verdad sobre la seguridad y precisión de las elecciones”.
Además, legisladores republicanos han presentado “proyectos de ley que impondrían sanciones penales a los funcionarios y trabajadores electorales por tomar medidas como enviar de manera proactiva solicitudes de boletas por correo a los votantes o, en determinadas circunstancias, comprar anuncios sobre las próximas elecciones en plataformas de redes sociales como Twitter o Facebook”.
Finalmente, y lo que es más preocupante para el futuro de esta democracia, “las legislaturas estatales de todo el país -mayormente bajo control de los republicanos-, han tomado medidas para despojar a los funcionarios electorales del poder de realizar, contar y certificar elecciones, consolidando el poder en sus propias manos sobre procesos destinados a estar libres de injerencia partidista o política”, advierte el Brennan.
Todo esto representa “un peligro mortal” para la democracia estadunidense, que “no puede sobrevivir sin servidores públicos que puedan dirigir nuestras elecciones de manera libre y justa. Debemos asegurarnos de que se sientan no sólo seguros sino también apoyados y apreciados por sus esfuerzos vitales”.
La emblemática llamada telefónica grabada durante la cual el presidente Trump presionó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger para que “encontrara 11 mil 780 votos. . . es sólo el esfuerzo más conocido y más flagrante para presionar a un funcionario electoral a fin de que priorice los intereses partidistas sobre un proceso democrático justo».
En el actualidad, esta deplorable práctica sigue vigente•
Esta otras nota forma parte de la Serie Especial de Noticiero Latino, ‘Hacia el Voto 2022’.
Aquí un plan para proteger a los funcionarios electorales: