De la redacción
Protestan en Michigan, después de que decenas de cristianos caldeos fueron arrestados por funcionarios federales de inmigración durante el fin de semana del 10 y 11 de junio en el área metropolitana de Detroit. Foto del CNS / Rebecca Cook, Reuters.
Cobra relevancia hoy un dilema para los fiscales ante casos donde la sentencia puede tener consecuencias mayores e indeseables, que podría beneficiar a inmigrantes indocumentados cuando derivan en condenas que pueden conducir a la deportación. Esto, a partir del caso de una joven de 23 años que conducía su auto bajo la influencia del alcohol, pero que cometió esta ofensa por primera vez y sin causar daño a nadie o lesión alguna. La acusada es un inmigrante indocumentada estudiante de la Universidad de Washington que goza de la protección otorgada por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, proclamado bajo la administración Obama en 2012.
Si la acusada se declara culpable de conducir bajo la influencia podría enfrentar el mismo castigo que cualquier otro residente de Washington, pero el suyo podría ser un caso agravado por una pena más permanente pues podría perder DACA y eventualmente ser deportada, reporta hoy The New York Times.
Para el fiscal que atiende este caso, e mismo presenta una seria dificultad de carácter ético: ¿Es esto lo que debía ser la justicia?
Aunque el dilema no es propiamente nuevo, como la línea dura de la administración Trump “ha hecho de la deportación una amenaza más aguda”, un número creciente de fiscales de distrito están llegando a una misma conclusión: “los fiscales deberían considerar posibles repercusiones para los inmigrantes antes de cerrar un acuerdo de súplica”.
Al mismo tiempo, algunas ciudades y estados están reformando la manera en que el sistema de justicia penal trata a los inmigrantes, “con la esperanza de sortear cualquier obstáculo de inmigración no deseado”. Pero estos cambios pueden inaugurar aún otro conflicto local contra el actual gobierno federal, que ya está lidiando con muchas ciudades liberales sobre otras protecciones para los inmigrantes, dice la fuente.
“Para los fiscales, esas políticas también están estirando, si no estallando, los límites de la profesión”. Porque aunque se supone que la justicia es ciega a la identidad de un acusado, las consecuencias para un ciudadano no son las mismas que para un indocumentado en estos casos de bajo perfil.
Por otro lado, la división “ideológica” que caracteriza a los distintos estados del país dificulta aún más esta situación. Porque un nuevo acuerdo de la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, busca ahora endurecer aún más la persecución y facilitar la deportación de los indocumentados en Texas. Los Sheriffs de 18 condados en ese estado del sur ayudarán a ICE a retener por más tiempo la detención de los infractores indocumentados, a fin de dar tiempo a ICE para reclamarlos cuando son liberados y deportarlos, afirma el periódico de Los Ángeles La Opinión.
Y es que en una reunión de alguaciles ayer en Dallas, ICE firmó un acuerdo con 18 de los 254 condados de Texas para expandir el inefable programa 287 (g), que permite a las policía locales cooperar con las autoridades federales de inmigración. Es decir, les enseña y autoriza a cotejar el status migratorio de todos su detenidos, mientras el gobierno federal lidera una campaña nacional en contra de las “jurisdicciones santuario” en todo el país.
No obstante, en otro lado del país el Tribunal Superior del estado de Massachusetts decidió que podría influir en otros tribunales estatales para evitar que la policía detenga a indocumentados “sólo para darle tiempo a ‘La Migra’, a que tome a los inmigrantes indocumentados bajo custodia a fin de deportarlos”. Y eso, declaró el referido tribunal de Massachusetts, ¡”es inconstitucional!”. Pero ICE analiza los siguientes pasos que tomará contra los indocumentados en ese estado, dice la fuente.
De acuerdo con la agencia Reuters, la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, quien forma parte de una coalición de funcionarios para enfrentar las acciones del presidente Trump contra las “ciudades santuario”, y en clara oposición al proyecto del gobernador de ese estado para endurecer la aplicación de la ley de inmigración, declaró: “Podemos ver en otros tribunales esfuerzos para sacar partido de esto”. Y abiertamente advirtió a Sessions que “se enfrentarán a algunas dificultades… En esta era de acciones realmente adversas y mucho miedo, francamente por culpa de Trump y Sessions y otros, es importante aclarar que nadie está por encima de la ley”.
Sin embargo, en medio de esta coyuntura política de miedo y persecución procuradores de diez estados liderados por republicanos piden a Trump que elimine DACA y amenazan con demandar. Alegan que este programa de alivio emitido por la administración Obama, que hoy protege a más de 850 mil jóvenes, es «tan ilegal» como DAPA (la acción diferida para indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales), y que debe ser eliminado, señala La Opinión.
Como se recordará DAPA y DACA plus (para los ‘soñadores’ que se acogieran al programa por primera vez después de 2015) nunca entraron en vigencia, pues fueron demandados por una grupo de 25 procuradores estatales con gobiernos republicanos representados por Texas y se quedaron atorados en la Suprema Corte de Justicia por falta de un noveno juez que desempatara el caso, turando a la Suprema por la conservadora Corte de Apelaciones del Quinto Circuito.
Con todo, 35 ‘soñadores’ se preparan para retar el miedo, y de paso a Trump, dice esta fuente, pues “se arriesgarán en agosto a viajar a México y aprovecharán así la oportunidad de sellar en sus pasaportes un ingreso legal y oficial al país, lo que les abriría una alternativa para la legalización”.
Se trata del Proyecto California México de la Universidad de Cal State en Long Beach (CSULB), que “por sexta ocasión otorga el aval a estudiantes indocumentados para que viajen al exterior a explorar sus raíces”. Este será el primer grupo que se arriesga a salir del país bajo el mandato de Trump, que ha puesto en marcha una agresiva política migratoria que podría amenazar la permanencia de DACA, entre otras cosas.
En tanto, un grupo de senadores resucitan el ‘Dream Act’ para proteger a los dreamers o soñadores y solicitan el apoyo de Trump.
Mientras, con el arribo de Trump se duplicó el número de iglesias que se declararon ‘Santuario’, para dar protección y refugio a los indocumentados; aunque sólo una docena de ellos se han acogido a este refugio, dice esta otra fuente.
Por su parte el Times concluye que la ley de California ahora requiere que las consecuencias de la inmigración sean tenidas en cuenta en casos criminales. El estado también ha aprobado una ley que permite a la gente borrar o revisar las convicciones previas si se sostiene con éxito que no se les aconsejó en el momento en que un motivo de culpabilidad pondría en peligro su estatus migratorio■
