Jueces del panel de la Corte de Apelaciones que fallo para dejar en suspenso el veto presidencial a la entrada de viajeros procedentes de 7 países mayormente musulmanes: Richard R. Clifton, nombrado por George W. Bush, William C. Canby Jr., nombrado por Jimmy Carter, y Michelle T. Friedland, nominada por Barack Obama. Foto: yalibnan.com

De la Redacción

La estrategia de Trump, dicen expertos, es llevar el asunto a la Suprema Corte de Justicia, en el tiempo suficiente que necesita para instalar al juez que ocupará en el máximo tribunal de Estados Unidos la silla que quedó vacante con la muerte del juez Antonin Scalia. Trump cree que la confirmación del juez Neil Gosuch a la Suprema le brindará la ventaja de un voto que necesita para triunfar.

“Nos vemos en la corte… Vamos a ganar… Esto es un asunto de seguridad nacional” dijo en tono aparentemente tranquilo en un tuit Donald Trump, al enterarse por la televisión del revés que sufrió cuando un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco sostuvo la suspensión indefinida de partes clave de la orden ejecutiva que prohibía la entrada a Estados Unidos de personas procedentes de siete países con mayoría musulmana (Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen).

El fallo fue unánime, sobre la primera demanda que frenó la entrada en vigor de la acción ejecutiva de Trump, sometida por el estado de Washington contra el Departamento de Justicia del gobierno en una corte federal en Seattle. También rechazó la afirmación de Trump de que los tribunales no pueden revisar las evaluaciones de un presidente sobre la seguridad nacional. En su lugar, afirma, el tribunal tiene un papel crucial que desempeñar en una democracia constitucional.

La decisión del panel de tres jueces (William C. Canby Jr., nombrado por Jimmy Carter, Richard R. Clifton, nombrado por George W. Bush, y Michelle T. Friedland, nominada por Barack Obama), opina que la prohibición de Trump no avanza la seguridad nacional. La administración federal no mostró –dice-, «ninguna evidencia» de que alguno de los siete países referidos hubieran atacado o pudieran poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos.

Y agrega: «Es indudable que la judicatura federal debe conservar la autoridad para juzgar los desafíos constitucionales de la acción ejecutiva».

El fallo de la corte de apelaciones de San Francisco el pasado viernes, emitido por el juez federal de distrito, James L. Robart, bloqueó partes clave de la prohibición de viajar, permitiendo que miles de extranjeros ingresaran al país. El panel de esta corte, conocida en el medio como una corte liberal, decide además que en efecto la acción ejecutiva de Trump no es más que una prohibición contra los musulmanes, y que se apega a la Quinta Enmienda de la Constitución que establece la igualdad de derechos y el derecho al debido proceso judicial.

Hay sin embargo quienes como el abogado Ari Melber, analista político de la cadena NBC, interpretan el fallo de la Corte de Apelaciones en una dimensión más modesta quizás, y afirma que se refiere específicamente al caso del estado de Washington. Porque este estado se ve afectado directamente, ya que tiene universidades y estas tienen estudiantes procedentes de los referidos siete países musulmanes vetados.

Sin embargo, insiste el analista, el fallo no busca extender automáticamente su alcance a todas las demandas en el nivel nacional o sobre otros aspectos de la inmigración contenidos en la orden ejecutiva del presidente.

En lo referente al argumento sobre la seguridad nacional, enfatiza Melber, el fallo señala que en efecto el presidente tiene enormes poderes ejecutivos sobre este tema; pero que son poderes que pueden ser revisados por una corte. Y que el panel de jueces es imprescindible en un estado de derecho. Al preguntársele al abogado del gobierno si habían revisado la orden ejecutiva, el gobierno contestó que sí, sostiene Melberg.

Sin embargo, agrega el abogado de la NBC, la corte demostró que había lagunas en la interpretación, preguntas que el gobierno no contestó; no proveyó las evidencias por ejemplo que le permitan asegurar que se planea un ataque al país por parte de las personas procedentes de esos siete países. Y recordó que cuando el ex presidente Bush defendió el caso de la prisión de Guantánamo, en Cuba, perdió el juicio precisamente por ignorar que las cortes tienen el derecho inalienable a revisar las órdenes ejecutivas.

Ari Melber sostiene además que “es temprano aún para asegurar cuál va a ser el rumbo que tomará este asunto, pero por lo pronto -la orden ejecutiva- se cayó”.

Así pues, la muerte temporal de la prohibición de Trump a los musulmanes se mantiene en suspenso, y los viajeros de dichos países vetados con residencia legal en Estados Unidos podrán viajar a este país, al menos mientras dura el litigio.

“Nos vemos en la corte… La seguridad de nuestra nación está en juego”, tuitió Trump.

Desde la Casa Blanca, el presidente dijo a periodistas que el fallo era «una decisión política», y predijo que su administración ganaría una apelación. «En mi opinión, muy fácilmente», y señaló que aún no había hablado con su flamante Fiscal General, Jeff Sessions, sobre el asunto.

La estrategia de Trump, dicen expertos, es llevar el asunto a la Suprema Corte de Justicia, en el tiempo suficiente que necesita para instalar al juez que ocupará la silla en el máximo tribunal de Estados Unidos, que quedó vacante con la muerte del juez Antonin Scalia. Trump cree que la confirmación del juez Neil Gosuch a la Suprema le brindará la ventaja de un voto que necesita para triunfar.

El Tribunal Supremo en estos momentos podría generar un empate de 4 contra 4, y dejaría la decisión de la corte de apelaciones en su lugar. Pero hasta ahora la administración se ha movido rápidamente en este caso, y es probable que presente una solicitud de emergencia al Tribunal Supremo en un día o dos.

Es posible también  que la próxima semana pueda llegarse a una decisión importante, ya sea para restablecer la prohibición o para seguir bloqueándola.

En otras de las parte de la orden ejecutiva, el fallo del tribunal no cambió el límite de 50 mil refugiados para ser admitidos en el año fiscal 2017. Eso es por debajo del límite de 110 mil que establecido la presidencia de Barack Obama. La orden también ordenó al secretario de Estado y al secretario de Seguridad Nacional que prioricen las solicitudes de refugio formuladas por miembros perseguidos de minorías religiosas, reportó The New York Times.

Eso significa que a partir del jueves Estados Unidos sólo podrá aceptar a unos 16 mil refugiados más este año fiscal. Desde el 1 de octubre pasado al comienzo del año fiscal, 33 mil 929 refugiados habían sido admitidos; 5 mil 179 de ellos eran refugiados sirios, concluyó la fuente■