Niños detenidos en una de las facilidades de la Patrulla Fronteriza en Brownsville, Texas. Foto: www.pbs.org

De la Redacción

«Los extranjeros en procedimientos civiles de expulsiones administrativas tienen el privilegio de contratar un abogado privado, pero no poseen el derecho constitucional o legal de contar con un abogado de oficio a costa del dinero del contribuyente».

Luego de escapar de la cruda violencia que deriva muchas veces de la miseria económica en sus propios países, y de exponerse a los peligros y amenazas de secuestro y hasta de muerte en su periplo a través de Centro América y México para llegar a Estados Unidos, estos jóvenes menores de edad vuelven a enfrentar un nuevo y gran temor, reporta en su edición dominical The New York Times.

Al hallarse solos ante un tribunal federal de inmigración, frente a un juez y al fiscal federal que suele estar a su lado, sin conocer el idioma ni las leyes de este país, que les levanta cargos en su contra, estos  jóvenes menores de edad enfrentan el temor de no saber qué decir o de decir la respuesta equivocada, sostine la fuente, porque no cuentan con la ayuda legal ni económica de nadie y tienen que asumir solos su propia defensa ante las cortes federales.

Esta es la realidad cada semana de miles de menores que han llegado solos en los últimos años en busca de refugio, de asilo político o humanitario, tras ser capturados o al entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza, principalmente en Texas y Arizona. Y las consecuencias de no contar con una representación legal o defensores públicos que les brinde el gobierno a estos menores, enfrentan la deportación; el regreso nuevamente a la violencia de la que salieron huyendo, muchas veces para salvar la vida al rechazar o no querer convertirse en pandilleros en sus países de origen, principalmente El Salvador, Honduras y Guatemala.

Y es que entre octubre de 2004 y junio del presente año más de la mitad de estos menores que han tenido que asumir su propia defensa legal en cortes federales de Inmigración por carecer de recursos económicos para contratar un abogado privado, que puede costarles miles de dólares, dichos menores han sido deportados, afirma el Times.

Según expertos que cita la fuente, presuntos asesinos, secuestradores y otros delincuentes que enfrentan cargos por delitos federales, sin importar su edad, tienen derecho a un abogado de oficio si no pueden pagarlo. Pero los niños acusados de violar las leyes de inmigración, un delito civil, no tienen el mismo derecho. El gobierno dice no tener la obligación de proporcionar abogados a los niños y adultos pobres, como lo hace en los casos penales.

Un grupo de investigadores ligados a la Universidad de Syracuse, Nueva York (Transactional Records Access Clearinghouse), sostiene que sólo uno en cada diez de los niños que enfrentan un juez de inmigración con representación legal ha sido deportado.

No obstante algunas agrupaciones defensoras de los derechos civiles y A.C.L.U, se han dado a la tarea de cambiar esta situación y para ello han sometido una demanda colectiva a nombre de muchos de estos menores.

En un escrito presentado al Tribunal de Apelaciones para el Noveno Distrito, al que el gobierno federal disputa la autoridad de asumir el caso, abogados del Departamento de Justicia insisten en que «los extranjeros en procedimientos civiles de expulsiones administrativas tienen el privilegio de contratar un abogado privado, pero no poseen el derecho constitucional o legal de contar con un abogado de oficio a costa del dinero del contribuyente».

El Times afirma que sin embargo el gobierno ha gastado millones de dólares en abogados para representar a los niños no acompañados en los tribunales de Inmigración, desde modestos programas en Baltimore y Tennessee, hasta un esfuerzo de 55 millones de dólares para el Departamento de Salud y Servicios Humanos en algunas ciudades de Estados Unidos.

Niños centroamericanos en la frontera de Granjero, Texas. Foto: billmoyers.com

En sus observaciones el ex Fiscal General de este país, Eric Holder, durante una conmemoración anual de la Barra Nacional de Abogados Hispanos, dijo que “aunque estos niños no tengan el derecho constitucional a contar con un abogado, tenemos razones políticas y la obligación moral de asegurar la presencia de un abogado», en los casos legales que enfrentan estos menores, cita la fuente.

Como se recordará, fuertes oleadas de menores centroamericanos que llegaron en años pasados a la frontera sur, demostraron la incapacidad y falta de preparación de este sistema para absorber estos flujos migratorios, que fueron hacinados a enrejados donde dormían amontonados en el piso con apenas un pedazo de papel aluminio para cubrirse del frío, en las estaciones de la Patrulla Fronteriza de McAllen, Texas, y Nogales y Yuma, Arizona.

Abogados del Proyecto de Inmigración del Noroeste en Seattle, se unieron a A.C.L.U. junto con otros grupos de derechos civiles en la referida demanda al gobierno federal a nombre de menores centroamericanos de entre 10 y 17 años de edad, que se representan a sí mismos en las audiencias de deportación. La fuente cita el ejemplo de un juez que le dio un ultimátum a un niño indígena de Guatemala este año: “O encuentras un abogado, o vas a tu próxima audiencia preparado para presentar una petición de asilo por tu propia cuenta” (La demanda colectiva le ganó el estatus migratorio a sus representados en junio pasado).

No obstante abundan tantos abogados que ofrecen a los menores sus servicios legales privados a las afueras de las cortes donde estos niños se presentan ante un juez de Inmigración, que hasta resulta sospechoso cuando un abogado les ofrece sus servicios gratis, dijo uno de los entrevistados por el periódico neoyorquino■