Autoridades de Inmigración están negando la ciudadanía a inmigrantes sólo porque trabajaron en empresas de la industria del cannabis, una actividad económica que ha sido legalizada por los votantes en las urnas, en estados como Colorado. Estos casos, que van en aumento podrían estar marcando el principio de una escalada de persecución por parte de los federales contra los inmigrantes que residen en estados donde la mariguana es un producto legal y se abre como un próspero y multimillonario negocio. Este programa Línea Abierta es parte de nuestra serie especial sobre el sistema de justicia penal, realizada en colaboración con The Justice Collaborative y con fondos parciales de la Fundación Public Welfare.
Como puede apreciarse en el enlace de arriba de Línea Abierta, la negativa de ciudadanía por parte de las autoridades de Inmigración al residente de Denver, Colorado, Oswaldo Barrientos y a otros que han sido blanco de la amenaza de la administración Trump se apoya en un falso pretexto. O sea, la medida es contra inmigrantes con residencia permanente o tarjeta verde (green card) que tengan algún nexo con la industria de la mariguana, que por cierto fue legalizada y aprobada por los votantes.
El analista y director de políticas del California Drug Policy Alliance, desde su sede en Los Ángeles comenta en el enlace de arriba sobre el caso de Barrientos; y elogia los esfuerzos de líderes como el alcalde de Denver, Colorado, por presionar para que el gobierno federal respete las leyes o la autonomía estatal.
“Incluso nosotros nos enteramos que había agentes de Homeland Security (DHS), que empezaron a hacer en las entrevistas las preguntas ‘casuales’ a las personas en el proceso de solicitud de ciudadanía… Y desafortunadamente algunos fueron acusados… usaron eso como una excusa para el proceso de deportación… este problema tiene ya un par de años…hay que tener mucho cuidado todavía”.
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Samuel Orozco, director de Noticias de Radio Bilingüe opinó en Línea Abierta que “el método técnico que usaron en el caso de Oswaldo Barrientos las autoridades de Inmigración para forzar al solicitante de ciudadanía que ha cometido una violación federal, y que por lo tanto tiene problemas de carácter moral, es un método muy ladino y muy hábil”.
Según esto, “hicieron que Oswaldo leyera los estatutos federales que sancionan el cultivo, la fabricación y la distribución de sustancias ilícitas, y luego le preguntaron si eran ese tipo de empresas en las que trabajaba él; y fue por ahí que llegaron a agarrarlo, según ellos, en la comisión de una falta que lo excluye de la ciudadanía”, señala Orozco.
–¿Sabes, Armando, de gente que haya sido detenida para ser deportada… por ese tipo de motivos?
Gudiño hace aquí una importante advertencia para los aspirantes a la ciudadanía y les recomienda que obtengan ayuda legal.
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En el segmento de arriba, según un estudio de Human Watch Right, afirma Gudiño, de 2007 a 2012… “antes de la legalización de la mariguana -en muchos estados-, las deportaciones relacionadas con las sustancias ilícitas se incrementaron en un 43 por ciento, o 260 mil deportados. De ellos, unas 100 mil personas (38%) fueron deportadas por el simple hecho de posesión de sustancias». Y una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump, relativas a la migración y vinculadas a la guerra contra las drogas, casi homologó el tema de los inmigrantes indocumentados con el narcotráfico.
Además, Oswaldo enfrenta el riesgo de ver rechazada su solicitud de ciudadanía si sale del país, por el antecedente de haber trabajado en la industria ‘mariguanícola’. Gudiño b rinda también importantes consejos: “aunque la mariguana sea legal a nivel estatal, todavía tiene regulación a nivel federal… y el consumo, la posesión o el transporte, o lo que sea, es considerado como una violación de ley”. Y ahora hasta la contratación laboral en la industria de la mariguana, aunque ésta sea totalmente legal, puede llegar a constituir un problema legal federal.
Esta acción, tomada por el DHS, que viene siendo el brazo de Inmigración, del Departamento de Justicia, subyace en el trasfondo de la política de Inmigración del gobierno federal. De esta suerte, se dice que la represalia a Oswaldo y a otros trabajadores del ramo de la mariguana se debe más bien a que son inmigrantes, y no por ser trabajadores de la referida industria. Si las autoridades de Inmigración quisieran perseguir a la industria de la mariguana, dice, debieran empezar por los propietarios de esas vastas plantaciones, que representan “el negocio” de los tiempos modernos.
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Hay un creciente movimiento a nivel nacional, de alcaldes, gobernadores, y hasta recientemente de congresistas republicanos que están exigiéndole al gobierno que ya es tiempo de acabar con la prohibición del cannabis a nivel federal. Incluso hay esfuerzos en el Congreso, a fin de generar un proceso de regulación encaminado hacia una reforma… que incluso abriría muchos nuevos trabajos.
En California casi el 60% de los electores votó por la Proposición 64. Entonces, para que el gobierno quiera poder poner cargos a una persona con las leyes federales en los estados, sería muy difícil encontrar un jurado que no esté influenciado por el sentido del voto de ese 60% que votó por la Proposición 64. Es algo inevitable.
Con el tiempo, hasta los mismos republicanos han dicho ¡Basta Ya! Fue suficiente. No podemos seguir con el desperdicio de recursos, materiales y humanos, con el desperdicio de tiempo. Ya no podemos seguir con esa estrategia que no dio resultado. Vamos, como una comunidad y como un país hacia un cambio en la reducción de los daños causados por la política de las drogas; con servicios médicos, sicológicos, por el mejoramiento de las personas, en lugar de meter a la gente a una cárcel.
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