Miles de estudiantes latinos ahora podrían ser elegibles para la matrícula universitaria gratuita en las escuelas del sistema universitario de la ciudad y del estado de Nueva York, CUNY y SUNY. Foto: www.hnmagazine.com.

De la redacción

El gobierno federal adelanta una nueva medida para degradar el mecanismo de supervisión a los organismos privados que prestan dinero a los estudiantes. El director interino de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, Mick Mulvaney convertirá la división de préstamos estudiantiles en una unidad de información al consumidor. Los propios miembros de esta agencia de protección al consumidor temen que la movida frene un importante caso de cumplimiento que la agencia está llevando a cabo contra Navient, el mayor prestamista a estudiantes en Estados Unidos. Mulvaney busca eliminar la misión de esta agencia que establece normas que proporcionan a los consumidores información sobre sus derechos legales.

El cambio de Mulvaney propuesto en la introduccion llega en un momento crítico en los esfuerzos de la agencia de proteccion al consumidor para controlar los abusos en la industria de préstamos estudiantiles. Actualmente los estudiantes estadunidenses deben ¡1.4 millones de millones de dólares!, repartidos entre 44 millones de deudores. Esta cantidad supera con 620 mil millones de dólares a las deudas por tarjetas de crédito, y es sólo un poco más pequeña que la deuda hipotecaria en el país, dice un análisis estadístico de la organización sin fines de lucro, Student Loan Hero.

Como hemos visto en otras áreas del gobierno federal, por citar una, la Agencia de Protección Ambiental (EPA), esta nueva medida de Mulvaney busca desmantelar también otra medida de protección al estadunidense, establecida bajo la pasada administración.

Y es que el programa para regular y vigilar a los prestamistas estudiantiles, iniciado bajo la administración Obama, ha recuperado cerca de 750 millones de dólares de los prestamistas desde 2011. “En el centro de este esfuerzo de la oficina –de protección al consumidor- está el caso contra Navient, una escisión de Sallie Mae que la agencia acusó en 2017”.

Esto causaba que los prestatarios tuvieran pagos más altos de lo que debían hacer, asignando mal dichos pagos y no proporcionando a los clientes información clara sobre las opciones para disminuir el costo de su deuda, dice hoy The New York Times.

Vale anotar que aunque en la última década la tasa de abandono de la escuela preparatoria entre los latinos ha disminuido y la inscripción a la universidad ha aumentado, los estudiantes latinos son los menos propensos a pedir préstamos estudiantiles pues el costo de estas deudas son un factor que frena sus aspiraciones a una educación superior en universidades privadas, dice el Pew Research Center.

“Sólo alrededor del 22 por ciento de los hogares hispanos tienen préstamos estudiantiles, casi dos veces menos que los blancos (42%) y que los negros (40%)»; porque a que a pesar de la creciente inscripción en la universidad, «los jóvenes hispanos no son tan propensos a ir a la universidad como otros grupos. Y entre los que sí lo hacen, son más propensos que otros a asistir a institutos comunitarios que generalmente tienen una matrícula más baja que las escuelas de cuatro años”, afirma la fuente.

El 66% de los latinos que obtuvieron un empleo o ingresaron al servicio militar directamente después de la escuela preparatoria mencionaron “la necesidad de ayudar a sus familias como motivo para no matricularse en la universidad, en comparación con el 39% de los blancos”.

En cuanto a las deudas estudiantiles en general, tres estados, incluido Pennsylvania, han presentado demandas que alegan prácticas deshonestas de comercialización y préstamo, sostiene por su lado el Times.

El Fiscal General de California, Xabier Becerra, cuya oficina está tomando medidas enérgicas contra los prestamistas, afirmó en un mensaje de tuit que se filtró a la prensa: «En un momento en que los estudiantes -de California-  están cargados con mil 500 millones de dólares en deuda de préstamos estudiantiles, lo último que debemos hacer es eliminar el apoyo crítico».

Los prestatarios o deudores con préstamos federales tienen muchas opciones de pago, señala la fuente, “algunas de las cuales incluso pueden dar lugar a que se condone parte de su deuda; pero para clasificarlas a menudo se necesita una guía, y los administradores han hecho un mal trabajo proporcionándola, según los informes de supervisión del gobierno”.

Se sabe que el Congreso creó recientemente un fondo de 350 millones para rescatar un programa “particularmente defectuoso que supuestamente aliviaría la deuda de los estudiantes que pasaron al menos una década trabajando en el servicio público”. Sin embargo, miles de prestatarios se han quejado a los legisladores y supervisores del gobierno de que fueron bloqueados indebidamente del programa debido a “errores” de información y “errores” del administrador.

«El tamaño de la cartera de préstamos estudiantiles es enorme, y está creciendo, sólo superado por las hipotecas de viviendas, y ahora estamos destripando la supervisión», dijo Chris Peterson al Times. Él es profesor de derecho de la Universidad de Utah y miembro destacado de la oficina de protección al consumidor.

«Es espantoso», dijo. «Están tratando de quitarle los dientes a la aplicación –de supervisión-, y tendrá un gran impacto en los estudiantes prestatarios más vulnerables, que están siendo engañados y cayendo en bancarrota».

Las decisiones políticas de Mulvaney en la oficina de protección al consumidor han estado discutiendo cómo proceder en la ejecución de préstamos estudiantiles, particularmente en el caso Navient, “con personas designadas políticamente para asistir a la Secretaria de Educación, Betsy DeVos”, según dos funcionarios del gobierno que hablaron al Times bajo condición de anonimato. Pero es no es todo, ni lo más grave. A los investigadores de carrera que han trabajado en el caso de Navient los han mantenido fuera del circuito, dijeron los declarantes.

Algunos estados han intensificado sus esfuerzos para frenar a los recolectores de préstamos estudiantiles, “pero la administración Trump ha intentado bloquear esos movimientos”. El Departamento de Educación publicó una guía en marzo que advierte a los reguladores estatales que “sólo el gobierno federal tiene la autoridad para tomar medidas sobre las prácticas federales de cobro de préstamos”. No obstante, se espera que esa orden enfrente desafíos legales, como casi todas las órdenes de la administración Trump.

Por algo será■