Familia de Miriam Mendiola-Martínez. Foto: Valeria Fernández.
El sheriff Joe Arpaio, del Condado de Maricopa en Arizona, recibe otro duro golpe judicial. Esta vez, una corte federal dio luz verde a la demanda de una mujer inmigrante que fue sometida a encadenamiento antes y después de dar a luz en un hospital, mientras estaba en la custodia de agentes del sheriff. Valeria Fernández tiene más desde Phoenix.
Miriam Mendiola-Martínez pasó los dos últimos meses de su embarazo en la cárcel del Condado Maricopa. Habia sido detenida por trabajar con documentos falsos en una tienda de ropa. Su abogada es Joy Bertrand.
“La tenían encarcelada solamente porque no podía probar que estaba en Estados Unidos legalmente”, dice Bertrand.
Mendiola acusa a la Oficina del Sheriff de violar sus derechos civiles por encadenar a la mujer durante sus labores de parto y luego de una cesárea en la que nació su bebé. Cinco años después de estos hechos, Mendiola podrá llevar su caso a juicio civil ante un jurado, gracias a una decisión esta semana de la Corte federal del Noveno Circuito. Su abogada explica:
“Otras dos cortes federales han dicho que la práctica de encadenar a mujeres embarazadas es anticonstitucional. Lo que el noveno circuito dijo es que dados los hechos en este caso específico, debe determinarse si el riesgo en que se expuso a la Señora Mendiola Martínez tenía sentido, considerando que no se iba a escapar ni a pelearse con nadie”.
Bebé hija de Miriam Mendiola-Martínez. Foto: Valeria Fernández.
La práctica de encadenar a las embarazadas ha sido repudiada por varias organizaciones de la salud a nivel nacional, por poner en riesgo el bienestar tanto de la madre como el niño. Pero aún continúa en efecto esta páctica en muchas cárceles. En Arizona, los casos de Mendiola y otra mujer embarazada, Alma Chacón, impulsaron una ley estatal que en el 2012 prohibió el encadenamiento de las mujeres en labores de parto, con excepción de que representaran un peligro. Las reglas de la oficina del sheriff Arpaio dejan a discreción de un oficial si una embarazada es encadenada o no.
Joy Bertrand:
“Muchas cárceles han tratado de ver cómo le pueden sacar la vuelta a estas decisiones y ver qué tanto pueden encadenar en vez de decir, esto no debe hacerse”
Después del parto, Mendiola tenía que cargar una pesada cadena atada a su cama para poder ir al baño, lo cual agravó el dolor de su operación. Al día siguiente de su cesárea, los oficiales del sheriff fueron a buscar a Mendiola al hospital y la esposaron de manos y pies con cadenas de metal. No se le dio una silla de ruedas para salir del centro médico. La activista pro-inmigrante, Jacinta González dijo que esto se suma a una larga saga de acusaciones:
“Las cárceles como la de Joe Arpaio están violando la ley constantemente; entonces necesitamos poder unir todas nuestras fuerzas para cambiar el sistema penal que está arrestando a las personas por trabajar sin papeles, que trata a las mujeres con este tipo de discriminación”
La oficina del sheriff minimizó el impacto de la decisión de la corte en una declaración escrita, puesto que la corte sólo aceptó una de las acusaciones de Mendiola.
Miriam Mendiola-Martínez y su hija. Foto: Valeria Fernández.
“Afortunadamente Miriam y su hijo no sufrieron ningún daño físico; pero el impacto psicológico fue muy real. Estar en la situación más vulnerable que una mujer puede estar, detenida y entrar en trabajos de parto antes de lo esperado. Y a eso sumarle la humillación extra, el estrés, las molestias…, es increíblemente intolerable”, deploró Joy Bertrand.
La oficina del sheriff podría llegar a un acuerdo antes de que inicie el juicio. La abogada dijo que para Mendiola no se trata de una compensación monetaria, sino de evitar que otras mujeres y bebés vuelvan a correr el riesgo.
Para la Edición Semanaria de Noticiero Latino reportó Valeria Fernández, Phoenix, Arizona.
