El verdadero problema, por supuesto, no es el fraude, sino la baja participación electoral. Casi la mitad de los estadunidenses se abstiene de votar. Y la respuesta de las autoridades debiera ser más bien, conseguir que esas decenas de millones de estadunidenses no participantes se inscriban en las urnas, para que sus voces puedan ser escuchadas. “Si los cruzados paranoicos del fraude electoral dedicaran una fracción de su energía inquisitorial a solucionar ese problema que fastidia”, ahora, en el 241 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, “sería algo bueno que celebrar”.
De la redacción
Los intentos del presidente Trump para restituir presuntamente la confianza de los estadunidenses en el sistema electoral recibieron una respuesta negativa de los funcionarios estatales que manejan este sistema. Se negaron a cumplir con una petición enviada la semana pasada en una carta de la Comisión para la Integridad Electoral, creada recientemente por Trump luego de sus infundados alegatos de que 5 millones de votos fueron fraudulentos en la elección que lo llevo a la Casa Blanca. Información que ha sido desestimada con pruebas de las autoridades federales del registro electoral.
La carta fue enviada por la referida Comisión, de la que kris Kobach es su vicepresidente. Kobach es al mismo tiempo Secretario de Estado de Kansas, y uno de los autores de leyes antinmigrantes como la SB 1070 de Arizona, conocida también como ‘enséñame tus papeles’, y de la HB 56, de Alabama; se sabe también que ha estado ligado a grupos supremacistas blancos, como el Ku Klux Klan, entre otros.
Al respecto, The New York Times titula hoy su principal editorial como, “Happy Fourth of July! Show Us Your Papers.
Y es que en dicha carta la Comisión pide a los estados que a más tardar el 14 de julio entreguen toda la información disponible públicamente sobre sus votantes; incluyendo nombres, direcciones, fechas de nacimiento, antecedentes penales, estado militar y los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social.
En su editorial, el Times da cuenta de cómo, de manera por lo menos inusual, la negativa de los Secretarios de Estado de diferentes entidades federativas fue airada, caracterizando dicha petición como, «Repugnante», «En el mejor de los casos, una pérdida de dinero de los contribuyentes», o «Una herramienta para cometer la supresión de votantes a gran escala».
“Borrado”, dijeron otros respecto a la petición. Los secretarios de estado en Kentucky, Minnesota, Tennessee y California, y más de otros 20 estados “rojos, azules y de matiz intermedio”, se negaron a cumplir con dicha petición, dice la fuente. Por su parte Delbert Hosemann, secretario de Estado republicano de Mississippi, respondió: «(Por mí), Pueden saltar al Golfo de México».
Lo sorprendente es que esta información, como los números de Seguro Social, jamás se hace disponible al público. ¡En absoluto! Pero incluso cuando es así, asegura el Times, “muchos estados razonablemente restringen quién puede tenerla y por qué razones. Tales restricciones no se aplicarían una vez que los datos estuvieran en manos de la Comisión, creando grandes amenazas a la privacidad y un objetivo tentador para los hackers”.
Estas palabras no son vanas, y más bien cobran relevancia sobre todo ahora, cuando se sabe que piratas cibernéticos ligados a servicios de inteligencia rusa intervinieron en las elecciones presidenciales presumiblemente para darle la victoria a Trump. Es decir, manipularon el sistema electoral.
Justin Levitt, profesor de Loyola Law School declaró que «Es tremendamente irresponsable que una entidad federal pida toda esta información sin antes discutir cómo se utilizará y si reunirla para esos propósitos es una buena idea». Levitt ha estudiado por años la incidencia de fraude electoral a profundidad y no ha encontrado prácticamente ninguna incidencia, dice la fuente.
Para los ideólogos del fraude electoral, como Kris Kobach, que cuenta con los oídos abiertos de Trump, la ausencia de pruebas sólo sirve como demostración de que “los investigadores no están buscando lo suficiente”. En su otro trabajo como secretario de estado de Kansas, Kobach ha hecho una carrera política en la detección y enjuiciamiento de una supuesta epidemia nacional de fraude, cuyos esfuerzos han arrojado un total de nueve condenas. La mayoría de ellas, porque han votado en dos estados.
Pero el daño que ha causado esto –la persecución del presunto fraude- ha sido muy localizado. “Fomentando medidas de supresión de votantes en estados como Carolina del Norte y Texas, dirigidos a minorías y otros grupos demócratas. Pero gracias a un presidente con un ego frágil y un apetito sin fondo por las teorías de la conspiración, han armado su paranoia a nivel federal”.
Como se recordará, “la comisión fue diseñada de forma inversa para proporcionar una capa de legitimidad a las falsas afirmaciones de Trump acerca de que millones de no ciudadanos votaron en 2016”, dice la fuente.
El objetivo real de Trump es sin embargo complicar lo más que se pueda el ejercicio de votar para millones de estadunidenses, dice la editorial, a fin de que los republicanos ganen más elecciones cuando menos gente vota. “La comisión probablemente intentará revertir partes de la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993”, que ha registrado a millones de votantes, de acuerdo con el experto en derecho electoral, Rick Hasen.
El verdadero problema, por supuesto, no es el fraude, dice; sino la baja participación electoral. Casi la mitad de los estadunidenses se abstiene de votar. Y la respuesta de las autoridades debiera ser más bien, conseguir que esas decenas de millones de estadunidenses no participantes se inscriban en las urnas, para que sus voces puedan ser escuchadas. “Si los cruzados paranoicos del fraude electoral dedicaran una fracción de su energía inquisitorial a solucionar ese problema que fastidia”, ahora, en el 241 aniversario de la Independencia de Estados Unidos “sería algo bueno que celebrar”, concluye el Times■