Antonin Scalia. Foto: Wikipidia.

Maribel Hastings
America’s Voice, Washington, DC

Con la muerte del juez supremo conservador, Antonin Scalia, y la realidad de un máximo tribunal ahora dividido a partes iguales, la pregunta que muchos se hacen es ¿cómo el inesperado desarrollo afectará los casos más complicados que se supone se consideren en el presente período del tribunal?, incluyendo el futuro de las acciones ejecutivas migratorias que protegerían de la deportación a cuando menos 5 millones de inmigrantes indocumentados.

La sorpresiva muerte del juez supremo no se había digerido del todo cuando ya el asunto de su potencial sucesor o sucesora se había politizado, no sólo en el Congreso sino en la contienda por las nominaciones presidenciales demócrata y republicana.

Aunque al presidente Barack Obama le quedan casi 11 meses en su cargo y tiene el derecho de nominar un juez o una jueza, el panorama es complicado porque el Senado de mayoría republicana ha advertido que dicha nominación no progresaría. Obama, obviamente, nominaría a un moderado o liberal, alterando el precario balance del máximo tribunal.

Los precandidatos republicanos también se han sumado al coro advirtiendo que debe ser el próximo Presidente quien nomine al sucesor o la sucesora de Scalia porque se trata de un presidente que va de salida.

El ultraconservador senador de Texas, Ted Cruz, precandidato a la nominación presidencial republicana, ya advirtió (sorpresa) que bloqueará la nominación del seleccionado o la seleccionada de Obama, sea quien sea.

El periodo del Supremo concluye en junio y tiene ante sí una serie de casos controversiales, incluyendo el caso US vs Texas, o la apelación del Departamento de Justicia al bloqueo de las acciones ejecutivas migratorias por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleáns.

Se trata de la Acción Diferida para los Padres de Ciudadanos y Residentes Legales (DAPA) y la ampliación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA ampliado). Dichas acciones, giradas en noviembre de 2014 por Obama, fueron primero bloqueadas por el juez federal de distrito, Andrew Hanen, y finalmente el bloqueo fue sostenido por el Quinto Circuito, quizá el tribunal más conservador del país.

El máximo tribunal aceptó escuchar el caso y, entre otras cosas, consideraría la constitucionalidad de las acciones ejecutivas de Obama. Activistas e inmigrantes esperan ansiosos la resolución del Tribunal Supremo que podría destrabar dichas acciones.

Scalia fallece y los casos controversiales, que en innumerables ocasiones se han solucionado en fallos de 5-4, ahora podrían estancarse en decisiones divididas a partes iguales.

Los fallos a partes iguales suponen que las decisiones del tribunal de menor instancia prevalecen. En el caso de las acciones ejecutivas migratorias, el bloqueo del Quinto Circuito prevalecería y las acciones ejecutivas permanecerían estancadas. Asimismo, el juicio ante el juez Hanen sobre los méritos de DAPA y DACA ampliado seguiría su curso. De todos modos, si el máximo tribunal falla a partes iguales, no estaría opinando en torno a la legalidad de las acciones ejecutivas y abre la puerta a que otras partes interesadas presenten sus propias demandas para destrabar las acciones con el potencial de llegar al máximo tribunal de nueva cuenta.

Sin embargo, algunos abogados de inmigración permanecen optimistas.

«Se requieren cinco votos para levantar el bloqueo (a las acciones ejecutivas). Como Scalia no iba a ser parte de esos cinco votos mayoritarios, el reto sigue siendo el mismo: persuadir a cinco jueces supremos de que DAPA es legal y de que el estado de Texas carece de fundamento jurídico para retar la legalidad de las acciones ejecutivas. Confiamos en que la ley y los precedentes legales están de parte del gobierno y que estos programas están dentro de la autoridad ejecutiva del presidente», dijo Marshall Fitz.

Y agregó que con un fallo 4-4 las acciones ejecutivas seguirían sin implementarse, pero eso sigue siendo menos malo que un fallo adverso 5-4 de parte del Supremo. «Aunque sigue suponiendo que millones de familias permanecerán en un limbo legal», añadió.

David Leopold, por su parte, admite que un fallo 4-4 supone que el bloqueo del Quinto Circuito a las acciones ejecutivas permanece, «pero no creo que eso va a ocurrir.

«Me parece que una mayoría de los ocho jueces supremos coincidirá en que Texas carece de fundamento jurídico (para frenar las acciones), y si los jueces supremos ponderan los méritos del caso, una mayoría concluirá que el Presidente actuó dentro de su autoridad constitucional y que las acciones ejecutivas son legales. Confío en la fortaleza del caso del presidente ante el Supremo, y la desafortunada muerte del juez Scalia no altera eso», concluyó Leopold.

Comienzan las apuestas.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice