Protesta contra la policía del Condado de Kern, California.
De La Redacción
Continuamos con el arranque de nuestra cobertura sobre la fuerza letal de la policía del condado de Kern, California, el más mortífero del país según el periodico ingles, The Guardian. Esta violencia afecta principalmente a los habitantes latinos y de la raza negra en esa rica región agrícola y petrolera del valle central. En la primera parte de esta reseña de Línea Abierta, Jorge Ramírez, padre de una víctima fatal de la policía de Bakersfield hace un sorprendente ‘Yo Acuso’ de homicidio a la policía del condado, que a dos años del asesinato de su hijo, Jorge Ramírez Jr., permanece sin las respuestas que le permitan “simplemente seguir adelante con nuestras vidas”. En esta ocasión, dos líderes sociales que han asumido la representación política de las familias agraviadas en dicha zona contribuyen al análisis del caso de Ramírez, conducido por el director de Noticias de Radio Bilingüe, Samuel Orozco, y enriquecido con las contribuciones de los radioescuchas.
Para Camila Chávez, directora ejecutiva de la Fundación Dolores Huerta el caso de Jorge Ramírez Jr., expuesto por su padre en Línea Abierta (…), es una arista más, ciertamente filosa, de la violencia y la corrupción de la policía del condado de Kern, en el valle central de California.
“En ese reporte del Guardian, dice que oficiales se han quedado con droga confiscada, han violado mujeres, han amenazado y sobornado víctimas para que se queden calladas, y han matado gente que no tenía armas, como el hijo del Señor Ramírez”.
Por su parte, Martha Arrizon, de la organización Faith in Action, del condado de Kern, responde a la pregunta del director de Noticias de Radio Bilingüe, Samuel Orozco, sobre lo que se mira en el fondo de la conversación con Jorge Ramírez.
“Para mí refleja que hay otros casos similares al del señor Ramírez, pero el problema más grande es que no tenemos una agencia independiente del Departamento de Policía o del alguacil del Condado, que pueda revisar esos casos de fuerza excesiva. Que pueda investigar, sin ningún problema, a los oficiales que han estado en esas situaciones”, apunta Arrizon, en referencia a trágicos sucesos como el de la muerte de Ramírez Jr.
Arrizon cuestiona la veracidad y justicia que pueda haber, “cuando el Departamento de la Policía es el encargado de revisar sus propios casos de fuerza excesiva. Para mí, esto es lo que necesitamos cambiar en este condado”.
Como se recordará de la anterior conversación, señala Orozco, un motivo de indignación del señor Ramírez era que aun siendo ciudadano no tuviera acceso a la información, no le proporcionaran los informes, los reportes, sobre un hecho tan grave como la muerte de su hijo, por la misma policía involucrada en el caso.
“Es obvio que necesitamos que haya más transparencia, de cuáles son las reglas, cómo son los procesos. Y que el Departamento de Policía de Bakersfield sea más abierto con la comunidad. Y cómo uno puede tener acceso a esta información, en una manera civil, y que ellos también respondan en una manera civil y con respeto… el Sr. Ramírez quería tener la información en ese momento, no años después”.
Arrizon afirma que ellos como organización, trabajan ya con el Departamento de Policía de Bakersfield. “Para ver si podemos tener comunicación, y que la comunidad pueda tener acceso a toda la información que necesita”. Y asegura que en otros condados la policía ha provisto esa información a través de páginas web. “Eso es algo también que nos gustaría, que tuvieran esa información en sus páginas (web), para que la comunidad pueda ver lo que está pasando en su condado”.
Entre los casos de mayor impacto en el ejercicio de su trabajo Camila Chávez se refiere al caso fatal de David Silva, una persona con problemas de salud mental, que ocurrió también hace dos años como el de Ramírez Jr.
“Fue al hospital a pedir ayuda, y la oficina estaba cerrada. Entonces se quedó dormido al frente de una casa cerca del hospital. Vinieron muchos oficiales, y lo mataron también”.
Agrega: “En este año, los oficiales de la policía y los Sheriffes han matado 15 personas, nomás en 2015”, dos más sumados a los 13 casos señalados por The Guardian, acota Orozco.
El relación al proceso de investigación que hace la policía sobre los casos de agentes involucrados en oscuros incidentes que terminan en víctimas fatales, generalmente desarmadas, Chávez se refiere a la información de The Guardian:
“19 de los 26 investigadores de la oficina del Procurador del Condado eran oficiales, antes, de otras agencias de la policía”.
Chávez dice también que cuando un oficial mata a una persona, se empiezan dos investigaciones paralelas. Ambas hechas por los propios colegas del policía que tiró el balazo.
“Primeramente, la investigación se hace por su propia agencia de Asuntos Interno, para recoger las evidencias… y ver si estaba dentro de las pólizas del Departamento. Luego, los resultados de la investigación se presentan a los comandantes mayores, en privado. Ellos aprueban los resultados de la investigación, y el público no tiene acceso a esos resultados”.
Además, queda a discreción del Procurador si revisa o no los resultados internos de cada Departamento o los aprueba nomás, señala Chávez. “Y por esa razón tenemos una gran falta de confianza en los Departamentos de la Policía”.
Aparte del uso de armas de fuego, la violencia física y también sexual, entre los trapos sucios de la policía está la violación de mujeres por parte de sus agentes, apunta Orozco.
“Yo sabía de eso, que había habido unas mujeres violadas en sus propias casas, cuando vinieron los sheriffes, por razones diferentes. Y también de un caso de mujeres encarceladas. Fue un oficial quien la violó a ella muchas veces, y ella tenía mucho miedo de decir a otros”.
Chávez abunda: “Desde el 2005 el Condado ha pagado 38 millones de dólares a víctimas y sus familias, en esos casos donde las víctimas ganaron. Y todavía hay más casos pendientes”.
Además de los mencionados casos de soborno, para mantener a los familiares de las víctimas callados, incide Orozco.
“Y estas mujeres no sabían que estaban dejando sus derechos para hacer demandas en el futuro. Hay unos que aceptaron dinero en efectivo, mil dólares, o cinco mil dólares”.
-Sabemos que dentro de los agraviados por los tiroteos o el uso de la fuerza excesiva de la policía hay personas de todas las razas, pero ¿qué tanto de los afectados son latinos?, Camila, ¿hay desproporción aquí? –pregunta Samuel Orozco, quien conduce el programa de Línea Abierta.
“Sí. Hay muchos que son latinos, los afectados, pero la realidad es que cada persona cuenta, no importa su color, puede ser víctima de abuso policial aquí en nuestro condado”.
Los radioescuchas, que abarrotan las líneas telefónicas comienzan a llamar para dar testimonio público de sus tragedias, como el de una muchachita, sobrina de José, quien llama desde Bakersfield al programa. Dice que los sheriffes mataron a su sobrina cuando la joven mujer, de un metro de altura y menuda, salió de un terreno baldío que había escogido como atajo para volver a su casa con el mandado. Ahí mismo le dispararon 17 balazos que la impactaron 17 veces.
-¿Y qué razón dieron los policías por haberle disparado a su sobrina?
-Los agentes dijeron que ella les había apuntado con un arma. ¿Y cuál arma? ¡Si ella traía una bolsa con tacos, oye!
Es difícil saber en realidad cuál es el número de víctimas fatales de la policía, por tantas que simplemente no se reportan cuando ocurren, entre otras razones por el temor que prevalece en muchas familias como la de José, según dijo en otro momento.
“También es un asunto real para las familias y los inmigrantes que no tienen papeles… esos oficiales tienen mucho poder. Hay personas con puestos importantes, y todavía tienen miedo a esos departamentos de policía”, dice Chávez.
En este momento del programa Pedro llama desde Bakersfield para compartir un suceso que ocurriría a principios de este mes mientras manejaba en esa ciudad, que sin querer lo convirtió en testigo ocular de la violencia policial que prevalece en la zona.
“Estaba manejando sobre una calle que se llama Unión. Al cruzar veo que va corriendo un chavalo de unos 16, 17 años. Va un sheriff atrás de él, corriendo; el chavalo se para, levanta sus manos. El sheriff llega, o tumba, y llega otro sheriff en otra patrulla y lo agarran a puros golpes. Yo llevo un niño de 10 años y otro niño de seis… Yo nomás miré cómo se le fueron encima, cómo se subieron arriba de él. Le jalaban los pelos y lo azotaban contra la carretera. Fue algo triste. El chavalo, bañado en sangre. Se me hizo algo indignante, algo que estaba mal”.
Pedro dice que uno de sus hijos le preguntó: “Oye papá, yo pensé que los policías eran buenos. Los policías ¡son malos!”. Entonces evitó la escena y se fue por otra calle.
“Desgraciadamente no podía grabar con mi teléfono, no podía hacer nada, ¿me entiende? Pero sí, ¡me sentí muy mal!”.
Entonces llama Ruth Tinajero, delegada del Distrito 36 en el Vale del Antílope, para comunicar a la audiencia de Línea Abierta que si hay ayuda y no hay porque tener temor aun siendo indocumentados,
“Nosotros hemos podido traer al DOJ (Departamento de Justicia), para que encontrara culpables de discriminación a dos ciudades. Y gente que necesita ayuda, que no puede pagar por abogados, puede comunicarse con nosotros y les podemos acompañar para ir ahí con los sheriffes para obtener información y explicaciones. Nosotros estamos involucrados en el decomiso de autos también”.
Tinajero informa que hay muchas organizaciones en Bakersfield que prestan este tipo de ayuda y trabajan con ellos en Bakersfield.
“Además el National Lawyers Guild también trabaja con nosotros asistiéndonos en estas demandas, que no son frívolas porque sí existe la discriminación. Y los policías necesitan saber de que como latinos ya no nos vamos a quedar callados, y dejar que nos sigan poniendo el pie encima”.
Chávez retoma y afirma que hay comunicación con el Departamento de Justicia para casos como el Jorge Ramírez Jr.
“Estamos pidiendo ayuda de las autoridades federales y estatales. Porque sabemos que necesitamos una reforma completa de sheriffes y policías, y también tenemos una lista de demandas. Como vigilancia comunitaria, transparencia para el ‘Departamento de Policía de Bakersfield, y de la Oficina del Sheriff del Condado de Kern. Y que las investigaciones tienen que hacerse por grupos autónomos; que se hagan públicos esos reportes sobre el incidente, y que se ejecuten las acciones recomendadas. Y también que los oficiales necesitan mejor entrenamiento para casos de personas con problemas de salud mental, y que están bajo la influencia del alcohol o las drogas. Y mejorar el proceso de reclutar oficiales nuevos y sanos”.
La invitada señala también que actualmente solo existen las promociones para impulsar oficiales del interior del Departamento para ser comandantes. No reclutan personas de afuera a puestos más altos en esos Departamentos.
“Entonces necesitamos concentrarnos en políticas nuevas, que se enfoquen en soluciones no violentas, y modelos de vigilancia y colaboración con individuos y grupos en la comunidad, para cambiar esta cultura de violencia, y tratar a la gente con respeto”.
Como existe disparidad en la representación racial en los cuerpos de dirección de la policía, Samuel Orozco pregunta sobre la conveniencia de promover políticas que equilibren esta representatividad.
Camila Chávez concluye aceptando que esto ayudaría, “y también la inclusión de más mujeres”.
Por su parte Martha Arrizon informa que el Departamento de la Policía de Bakersfield ya tiene varios estudios que la propia Ciudad pagó. Ya hay muchas recomendaciones de cosas que pueden implementar para que la comunidad tenga más confianza a en la policía. “Ahora es nomás de como comunidad empujarlos a ellos para que hagan esos cambios”■
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