Durante una manifestación frente a un hogar para envejecientes en San Pablo, California. A casi 80 residentes ancianos y discapacitados se les dijo que salieran del edificio a fines de enero. Foto: https://calmatters.org.

De la redacción

Tras arduas negociaciones de semanas, el gobernador de California, Kevin Newsom alcanzó un acuerdo con el asambleísta estatal de San Francisco, David Chiu, sobre una nueva moratoria a los desalojos en todo el estado. No obstante, insuficiente para algunos, el acuerdo deberá ser aprobado por la Legislatura, que esta noche realiza su última sesión.

Aún si es arbado, el acuerdo que protegería a millones de californianos afectados por la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, deja a muchos californianos vulnerables al desalojo, pues la legislación trae plazos que no resuelven permanentemente el problema, dicen representantes de los inquilinos.

«Gavin Newsom está literalmente a punto de hacer un trato que en medio de una pandemia podría expulsar a millones de californianos de sus hogares en los próximos meses, la mayoría de ellos pobres, negros y latinos. Si eso no es racismo a sangre fría, no estamos seguros de lo que es «, tuitió la Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario luego de protestar el jueves en el Capitolio cuando el compromiso legislativo se hallaba en su último día de negociaciones.

La emisora KQED enlista aquí una serie de protecciones del proyecto  a los inquilinos:

• Protecciones completas: cualquier alquiler perdido entre el 1 de marzo y el 31 de agosto se convertirá en deuda civil. Los propietarios pueden llevar a los inquilinos a la corte de reclamos menores por el alquiler no pagado, pero no pueden desalojarlo por no pagarlo.
• Protecciones con una advertencia: los alquileres perdidos entre el 1 de septiembre y el 31 de enero son una historia diferente. Los inquilinos deben pagar el 25 por ciento del alquiler dentro de ese período o estarán abiertos al desalojo. El 75% restante de su alquiler se tratará como una deuda civil, al igual que la provisión por alquiler perdido entre el 1 de marzo y el 31 de agosto.
• Más tiempo: también bajo la nueva ley, el aviso habitual de tres días que los propietarios publican obligatoriamente antes de pasar por el proceso judicial para desalojar a un inquilino, ahora es un aviso de 15 días.
• Cómo presentar: Ese aviso sirve para que un inquilino comience a protegerse del desalojo: una vez que el propietario ha publicado un aviso de 15 días, el inquilino puede argumentar que tiene dificultades relacionadas con la pandemia.

Una versión anterior de este compromiso o Proyecto de Ley de la Asamblea AB 1436, del asambleísta Chiu, habría permitido a cualquier inquilino moroso presentar una certificación de que estaba experimentando una dificultad financiera causada por la pandemia para ser elegible a la protección de desalojo. Ahora, ese requisito es más estricto.

Advertencias y concesiones en el proyecto:

Perjurio: bajo la nueva versión del proyecto de ley los inquilinos deben jurar bajo pena de perjurio estar soportando dificultades financieras relacionadas con la pandemia. Pero esto puede ahuyentar a los inmigrantes indocumentados y otras poblaciones vulnerables para solicitar esas protecciones.

Prueba de medios: si un inquilino gana el 130% o más del ingreso medio en un condado, el propietario puede pedirle que presente prueba de una dificultad financiera relacionada con la pandemia, como un aviso de despido o reducción de salario por parte del empleador.

No más moratorias de desalojo: las moratorias de desalojo aprobadas anteriormente por ciudades y condados serán protegidas, pero no podrán aprobar ninguna extensión específicamente para los desalojos por falta de pago del alquiler. Si bien algunos de ellos son más estrictos que las disposiciones del estado, algunos expirarán después de 30 días.

Tribunales: los tribunales tendrán hasta el 5 de octubre para comenzar a procesar los desalojos por falta de pago del alquiler en casos que no son de COVID, aunque podrían encontrarse luchando para aumentar el personal a tiempo.

Propietarios: bajo la presión de grupos que representan a los propietarios de pequeñas propiedades, Chiu había enmendado la AB 1436 para permitir que los propietarios, incluso los no propietarios, hicieran pagos atrasados de la hipoteca. Bajo la presión de la industria bancaria, eso quedó fuera.

Cuestionada por representantes de los inquilinos, la vicepresidenta ejecutiva de asuntos públicos estatales, de la Asociación de Apartamentos de California, Debra Carlton dijo en un comunicado: «Nuestro objetivo ha sido brindar ayuda a los inquilinos que se ven realmente afectados por el COVID-19, así como compensar a los propietarios, especialmente a los propietarios familiares, en riesgo de ejecución hipotecaria después de varios meses sin pagar el alquiler».

Por su parte, Chiu señaló que «la industria de los propietarios es una fuerza increíblemente poderosa en Sacramento», lo que hace que los proyectos legislativos para proteger a los inquilinos sean notoriamente difíciles de aprobar. Pero acotó que si bien el proyecto de ley no detendrá todos los desalojos, sí «evitará muchos desalojos y los retrasará aún más»■