Agentes de ICE en la mayor redada de inmigrantes indocumentados en la última década en Tennessee. Foto: www.splcenter.org

De la redacción

El nuevo titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa entre otros al servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, Alejandro Mayorkas fue confirmado por el Senado el martes para dirigir esta agencia federal, a fin de llevar a cabo la agenda de inmigración de la administración de Joe Biden-Kamala Harris y abordar los grandes problemas de seguridad nacional, como frenar las deportaciones de trabajadores indocumentados o más bien cambiar el foco de las aprensiones por parte de ICE.

“Si bien los nuevos planes operativos de ICE aún no son definitivos, las instrucciones provisionales enviadas a los funcionarios superiores apuntan a un cambio importante en su aplicación”, dice The Washington Post. De acuerdo con los nuevos lineamientos de dicha agencia, sus agentes “ya no buscarían deportar a los inmigrantes indocumentados por delitos como conducir bajo la influencia (DUI), y se centrarán en cambio en amenazas a la seguridad nacional, cruces fronterizos recientes y personas que completan penas de prisión y cárcel por condenas de delitos graves agravados”.

Se espera que esta misma semana se den a conocer nuevas pautas de conducta para los agentes de ICE, que podrían frenar drásticamente los arrestos y deportaciones, y enfocar las baterías más bien en los criminales violentos y peligrosos, mientras el nuevo gobierno trata de controlar mejor una agencia que tuvo ‘manga ancha’ bajo el gobierno pasado, según memos y correos electrónicos internos obtenidos por la fuente.

De acuerdo con ésta, mientras se confeccionan las nuevas pautas para ICE, el gobierno de Biden está intentando reorientar las funciones y el trabajo de dicha agencia. Pero sus frustrados agentes dicen que “los cambios propuestos les quitarán la discreción y limitarán severamente su capacidad para arrestar y deportar criminales”, como llaman a los indocumentados que en general vienen a este país en busca de una vida mejor para los suyos, y cuyo “crimen” es casi siempre haber cruzado la frontera sin autorización.

Al parecer, de ahora en adelante los agentes que busquen arrestar a fugitivos fuera de las cárceles y las prisiones, así como de las cortes federales, “necesitarán la aprobación previa del director de la agencia en Washington, DC, “y explicar cómo esta acción constituye una asignación adecuada de recursos limitados», según un borrador de memorando que circula en la agencia.

Las nuevas pautas no incluirían “delitos –poco graves- relacionados con las drogas; agresión simple; DUI; lavado de dinero; delitos contra la propiedad; fraude; delitos fiscales (de estos se haría cargo el Departamento de Justicia); solicitación o cargos sin condena», dijo a sus altos funcionarios en un correo electrónico Tae Johnson, director interino del DHS.

El borrador con las nuevas directrices de la agencia está pendiente de aprobación por parte del nuevo Secretario del DHS, Alejandro Mayorkas. Pero los agentes de ICE insisten de todas maneras en que «cualquier ilegal en este país que cometa un crimen (en su particular definición de este concepto) y haya sido liberado antes de la emisión de dicho memorando, estará sujeto al arresto». Y que los delitos de ofensa sexual seguirán siendo una prioridad para dichos arrestos.

Hay quienes piensan que el presidente Biden experimenta algunos remordimientos por las deportaciones de la época de Obama (unos dice que más de 2 millones y otros que casi 3), y que esto “lo comprometió a frenar y reformar el ICE, pero no a eliminarlo”, señala el Post.

Como se recordará, un memorando del 20 de enero emitido por al gobierno de Biden ordenó una pausa de 100 días en las deportaciones -que casi inmediatamente después un juez federal boqueó-, y estableció prioridades temporales de cumplimiento mientras la agencia se sometía a una revisión.

En las nuevas reglas para los agentes de ICE, los inmigrantes indocumentados deben ser considerados amenazas a la seguridad pública, “si tienen un historial institucional de comportamiento violento, afiliaciones bien documentadas a pandillas, o condenas por delitos graves agravados”, habría dicho Johnson al personal bajo su cargo.

Y los agentes deberían priorizar a los liberados después de la emisión del memorando del 20 de enero, escribió. Pero, “En los casos en que el delito agravado tenga más de 10 años y no sea el motivo de un arresto reciente, esa persona no se consideraría una amenaza para la seguridad pública, indicó.

Y agregó que “los tatuajes de pandillas o los registros que muestren una ‘afiliación débil con la actividad de pandillas’ tampoco cumplirían con los criterios más estrictos”. Los funcionarios de ICE habrían dicho a la fuente que “bajo Trump, los delincuentes eran la gran mayoría de los detenidos por los agentes. Pero muchos de los arrestados tenían sólo condenas o cargos pendientes por conducir bajo la influencia, infracciones de tránsito y violaciones de inmigración, como reingreso ilegal al país”■