De la redacción
Un estudio publicado hoy afirma que decenas de miles de niños estadunidenses están en riesgo de perder su seguro de salud porque el gobierno federal ha cambiado la definición de “carga pública”, y esto ha infundido temor en las familias inmigrantes que buscan ajustar su estatus migratorio.
El Centro de Estudios de Inmigración quiere más restricciones a la inmigración y ha enfatizado que el cambio propuesto a la regla de “carga pública” no se aplica legalmente a los niños elegibles aquí, es decir a aquellos que nacieron en Estados Unidos. El grupo dijo que la actualización de las definiciones de 1999 sobre este concepto se hallaba rezagada.
Pero la regla final se halla a semanas, si no meses, de ser publicada, y podría afectar a más padres de niños inmigrantes que son ciudadanos, “porque toman decisiones a nombre de esos niños”, lo que con toda seguridad creará “un camino para posibles desafíos legales a dicha regla”, reporta el Dallas News.
Por ejemplo, Tom Sáenz, presidente y consejero general del Fondo de Educación y Defensa Legal México-Americana, o MALDEF, afirma que “el gobierno federal también debe responder cuando hay un volumen sustancial de comentarios negativos a una regla propuesta”.
Y es que el cambio a la referida regla afectará a miles de inmigrantes que buscan obtener una la residencia legal como la “tarjeta verde” (green card), u otro tipo de ajuste de estatus migratorio, incluido por su puesto la ciudadanía.
Por el temor a convertirse en “carga pública”, muchos inmigrantes están impidiendo que sus hijos soliciten ayuda del gobierno,»y esto pone en riesgo por ejemplo el seguro médico para millones de niños que nacieron en Estados Unidos de padres que no son ciudadanos», según el nuevo estudio realizado por un grupo de expertos con sede en Washington, DC, y publicado hoy martes.
Además, trascendió que algunas mujeres inmigrantes se han retirado o se están retirando del programa WIC, que ayuda a madres de bajos recursos con la salud de sus hijos, incluyendo alimentos y medicinas.
Porque el gobierno ha propuesto redefinir quiénes podrían ser declarados como «carga pública«, una designación federal para las personas que se cree dependen excesivamente de los servicios sociales con fondos federales. Vale anotar, sin embargo, que todo aquel que trabaja legalmente y paga impuestos al Tío Sam debería tener el pleno derecho a los servicios sociales y por supuesto el de su hijos ciudadanos, como la atención médica, el cuidado dental, la ayuda en forma de cupones de alimentos y para el alquiler de la vivienda, desayunos escolares, etcétera.
Pero según los cambios propuestos por el gobierno de Trump, que forman parte de los enjundiosos esfuerzos de un grupo nacionalista blanco enquistado en la administración federal con firmes deseos de deshacerse de todos los inmigrantes, documentados y no, establece que si éstos acceden a la ayuda pública podrían convertirse en cualquier momento en una «carga para el erario» y entonces podrían no ser elegibles para obtener visas y tarjetas de residencia que les otorguen posteriormente la residencia legal permanente.
De ahí que muchos inmigrantes comienzan a retirar a sus hijos de las listas para recibir desayunos escolares y otros programas de beneficio público y de atención a la salud, a los que por ser ciudadanos tienen pleno derecho. Pero sus padres piensan que esto puede ser considerado como una carga pública, de acuerdo a la nueva definición de la regla, y temen que sus procesos de ajuste de estatus puedan ser afectados, por lo que impiden a sus hijos recibir la ayuda que por ley están autorizados a recibir.
Por ejemplo, el referido grupo de expertos con sede en DC, en el estudio del Instituto Urbano, dicen que “los hijos de no ciudadanos –pero que al nacer en este país, son ciudadanos estadunidenses-, son elegibles para la cobertura de Medicaid”. A nivel nacional, estiman que 6.8 millones de niños ciudadanos con padres no ciudadanos están inscritos en Medicaid, o en el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP). En Texas, señala el estudio según el Dallas News, “casi un tercio de los afiliados a uno de estos seguros de salud son niños ciudadanos de Estados Unidos con al menos un padre no ciudadano”.
En el concepto original de carga pública «el estatuto no tenía la intención de limitar, en teoría o en la práctica, los derechos de los ciudadanos de Estados Unidos», afirmó Sáenz. «Y esa puede ser la razón por la que, en última instancia, estas regulaciones –de la administración Trump- no pueden mantenerse».
El Congreso también podría rechazar las regulaciones, agregó el presidente de MALDEF. Y señaló que había un precedente para hacerlo.
Con todo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estima que las nuevas reglas de carga pública se aplicarían a aproximadamente 380 mil inmigrantes cada año. Eso más que duplica el promedio de individuos actualmente sujetos a revisión de su estatus migratorio, dice la fuente■
5 cosas que usted debe saber sobre la “carga pública”
- El reglamento sigue siendo solo una propuesta.
- El reglamento propuesto enumera ciertos programas gubernamentales que, solo si los usa después de que el reglamento se promulga, podrían contabilizarse en su contra en la determinación de “carga pública.”
- Los cambios propuestos en este reglamento no se aplican a todos los inmigrantes.
- La privacidad de su información personal está protegida bajo ley.
- Usted no está solo, y todavía hay tiempo para luchar.
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