Personal del gobierno fumiga a braceros con DDT en 1956, como parte del proceso de entrada a los Estados Unidos. Foto: Leonard Nadel, www.socialism.com
De La Redacción
La juez segunda de distrito en materia administrativa, Paula María García Villegas Sánchez Cordero emitió una sentencia que obliga a la Secretaría de Gobernación a dictar una resolución favorable para que se devuelva a ex trabajadores migrantes el 10 por ciento del sueldo semanal que les fue retenido durante el tiempo que laboraron en Estados Unidos bajo en el Programa Bracero, entre 1942 y 1964. La sentencia es definitiva, dijo la magistrada, salvo que el Ejecutivo federal la impugne en tribunales, dice el periódico La Jornada.
La jueza argumentó que el Estado mexicano ha absorbido multimillonarias deudas privadas, que las ha convertido en deuda pública, con el pretexto de que podrían haber puesto en peligro la integridad del sistema financiero mexicano. Y ahora, advierte la magistrada, el Estado mexicano no puede argumentar que convertir en deuda pública el pago del salario retenido sin el consentimiento de los ex braceros para la creación de un fondo de ahorro, pone en riesgo las finanzas públicas.
