Con la escalada en las redadas de ICE, los centros de recursos legales para inmigrantes se duplican. Foto: www. truthout.org.
De la redacción
En medio de memorandos y leyes apresuradas, dictadas aparentemente al vapor para acomodarlas a los caprichos antinmigrantes del presidente Trump y su administración, recién el Procurador General de Justicia, William Barr dictaminó una serie de normas jurídicas contra casos legales que tienen que ver con la inmigración. Uno de ellos es la demanda originalmente ventilada el 11 de mayo del año 2000 en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos. Se trata de un caso que puede ser emblemático en su tipo, del peticionario “Hugo Castillo-Pérez vs el Servicio de Inmigración y Naturalización”.
Castillo-Pérez es un ciudadano de México que entró sin documentos legales de migración y enfrenta la deportación. En repetidas ocasiones ha apelado su caso a la Junta de Apelaciones de Inmigración, porque un juez de Inmigración le negó su peticion de suspensión de la deportación, o intentar reabrir los procedimientos de remoción.
En ambas peticiones Castillo buscó, hasta el momento sin éxito, la oportunidad de solicitar la suspensión de la deportación, a la luz de “un reclamo válido, incluso convincente” de asistencia ineficaz por parte de un abogado, en su proceso de deportación. Y pidió una nueva audiencia ante un juez para solicitar la suspensión de su remoción del país, de acuerdo con la Ley de Inmigración tal como existía en el momento de su audiencia inicial.
En este caso el Procurador Barr dictaminó que dos o más condenas por conducir bajo la influencia (DUI) descalifican al inmigrante en sus procesos legales ya sea de ajuste de estatus o de suspensión de la deportación. Porque estas faltas reiterativas “ponen en entre dicho el buen carácter moral del inmigrante. O sea, lo descalifican”, dice Samuel Orozco, Director de Noticias de Radio Bilingüe, en este programa de Línea Abierta.
Ariadna Rentería, Directora Ejecutiva de los Servicios Legales para Inmigrantes de la Costa Central, con sede en Watsonville, California, desmenuza el tema para beneficio de la audiencia y de los inmigrantes con casos pendientes ante Inmigración. Detalla cómo los criterios que los jueces de Inmigración utilizan como efectos disuasivos o atenuantes, o por el contrario como agravantes, varían en sus formas y en los tiempos de las sentencias en los caso de deportación.
En otras palabras, dice Rentería, “Se han venido cerrando las avenidas de defensa, y los mecanismos a través de los cuales los defensores armamos defensas exitosas para personas que se encuentran en procedimientos de deportación”. Se trata de una nueva y consistente intentona de la administración Trump, “enfática y muy bien armada para evitar o limitar el acceso de los migrantes a la justicia”.
Escuche:
Las nuevas de ciciones de Procurador de Justicia, William Barr afectan por un lado a los trámites para la suspensión de la deportación, y por otro lado a quien solicite la ciudadanía, señala Orozco.
Informar a la comunidad es un paso que hay que dar para intentar acotar el camino a la justicia, dice la abogada Rentería: “Pero también, al recibir esta información, los miembros de nuestra comunidad, realmente tienen que tomar medidas profilácticas; medidas de corrección, para no exponerse a la acción del gobierno estatal, primero, pero también al federal, que va a vulnerar su posibilidad de una defensa exitosa en la corte”.
Manejar en estado de ebriedad se ha vuelto pues una violación a la ley cada vez más onerosa para la defensa del inmigrante acusado. Los DUI son la causa más común de las detenciones de inmigrantes en casos de deportación. La medida de Barr afecta también a las personas en casos de visa U, para víctimas de la violencia, con casos abiertos por DUI en su haber.
Escuche
