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El reglamento que permitió la Corte Suprema es más limitado de lo que se temía, y no afectará a la mayoría de inmigrantes o beneficios. Invitan a la comunidad a continuar pidiendo servicios y a pedir consejo legal para cada caso.

Pilar Marrero

Abogados y activistas indicaron este viernes que la lucha legal contra el nuevo reglamento de carga pública no ha terminado, al tiempo que buscaron calmar a la comunidad y esclarecer las dudas en torno a la medida, que no se aplica a muchos inmigrantes ni a todos los tipos de beneficios y que comenzará a aplicarse únicamente a solicitudes presentadas después del 24 de febrero.

La Corte Suprema de Estados Unidos (SCOTUS) anunció esta semana que permitirá al gobierno federal aplicar un nuevo reglamento que afectaría la obtención de la residencia permanente y ciertas visas de no inmigrante, si el solicitante pide ALGUNOS TIPOS DE beneficios públicos en Estados Unidos.

La llamada “regla de carga pública” fue originalmente anunciada en octubre de 2018, y se hizo oficial en agosto de 2019; pero permanecía suspendida por orden de tribunales a raíz de varias demandas legales presentadas alrededor del país.

A raíz de la orden del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), se anunció que comenzará a ejercerse la “regla de carga pública” a partir del 24 de febrero del 2020, lo que quiere decir que cualquier solicitud de residencia o visas de no inmigrante que haya sido presentada antes de esa fecha no será afectada.

Lo mismo ocurre con beneficios recibidos antes del 24 de febrero: no serán tomados en cuenta, a menos que sean en efectivo (cash assistance), o por un período prolongado de internamiento institucional pagado por el gobierno. El nuevo reglamento de carga pública NO ES RETROACTIVO. Es decir, no se tomará en cuenta para beneficios o trámites previos a la fecha de inicio de la misma, que es el próximo 24 de febrero de 2020.

Este viernes, la Campaña para Proteger a Familias Inmigrantes del National Immigration Law Center (NILC) y Ethnic Media Services realizaron una teleconferencia con medios de diversas comunidades para informar sobre los detalles del nuevo reglamento de carga pública.
La congresista de Los Ángeles, Judy Chu dijo que la medida “le pone precio a la entrada a Estados Unidos, y me temo que será la causa de hambre y enfermedad para familias que quieran tener acceso a programas a los que tienen derecho”.

La congresista, quien ha presentado un proyecto de ley (HR 3233) para prohibir el gasto de fondos públicos en aplicar esta regla, predijo que ésta afectará la economía “porque afectará a familias”.

ESTE NO ES EL FINAL DE LA LUCHA CONTRA EL REGLAMENTO

Alvaro Huerta, abogado de NILC reiteró que la decisión de la Corte Suprema simplemente permite que el reglamento se aplique mientras las diversas demandas judiciales contra la medida continúan avanzando en el sistema legal estadunidense. Apuntó que la orden de SCOTUS se aplicará en todo el país, excepto en el estado de Illinois, donde todavía hay una prohibición vigente.

“Esto no se acaba aquí”, dijo Huerta. “Esto puede tomar algunos meses o incluso años. Los abogados seguirán luchando contra este reglamento”.

Explicó que aunque el reglamento “abarca menos de lo que temíamos”, hay confusión sobre lo que significa y a quien se aplica, por lo que hay familias que temerán recibir beneficios a los que tienen derecho por temor a perder futuras oportunidades de ajustar su estatus.

“En cierta forma, el daño está hecho, porque el reglamente está causando confusión”, dijo Mayra Alvarez, presidenta de la organización Children´s Partnership. “Muchos programas no están incluidos, así que recomiendo a la comunidad que no rechacen ningún beneficio que necesitan antes de informarse bien con una organización comunitaria”.

Álvarez invitó a la comunidad a buscar un experto legal en este sitio web.

NO TODOS LOS INMIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS SE VERÁN AFECTADOS

La medida no afectará en absoluto a personas que ya son residentes permanentes o que están pidiendo ciudadanía. “Es importante señalar que la mayoría de los inmigrantes no se verán afectados”, dijo Madison Allen, abogada del Center for Law and Social Policy (CLASP).

Tampoco extranjeros con estatus de refugiado o asilados, sobrevivientes de tráfico humano, casos VAWA (que tramitan residencia por ser víctima de un delito o de violencia doméstica), ciertos extranjeros con un “parole” o permiso temporal para residir en Estados Unidos.

El nuevo reglamento de carga pública afectará únicamente a:
Personas que están pidiendo estatus de residente permanente (LPR) o la llamada “Green Card”. Esto NO AFECTA la renovación de Green Cards a personas que ya tienen el estatus.
Personas extranjeras DENTRO DE ESTADOS UNIDOS que pidan la extensión de una visa de no-inmigrante, o los que quieran cambiar de tipo de visa. Ejemplo: alguien que tenga una visa de estudiante y quiera cambiar a una de trabajo.

La mayoría de las personas con visas temporales no tienen derecho a beneficio alguno pero en el caso de la nueva regla se evaluará si usaron ciertos beneficios durante el tiempo de la VISA.

MUCHOS PROGRAMAS NO AFECTAN ESTATUS DE CARGA PÚBLICA

La gran mayoría de programas o beneficios no afectan el estatus de carga pública para visas o residencia permanente, dijo Alvarez. En el caso de algunos programas que sí afectan, como Medicaid, también hay excepciones importantes.

“Recordemos que no hay efecto para quienes reciben Medicaid, como menores de 21 años, en servicios de emergencia y servicios para mujeres embarazadas y servicios hasta 60 días después del parto”, dijo la presidenta de Children´s Partnership. Lamentablemente, aún hay mucha confusión al respecto, agregó.

Los únicos beneficios que afectan la determinación de carga pública para un inmigrante son los siguientes:
Apoyo en efectivo (ya era ley antes de esta regla).
Medicaid que no es de emergencia.
SNAP o Cupones de Alimentos.
Asistencia de Vivienda (Vivienda pública, Section 8, ayuda de alquiler).

Además, aconsejó a las familias a “no rechazar ningún beneficio sin informarse bien antes”.
Allen, la abogada de CLASP recordó también que el uso de beneficios “no te convierte automáticamente en una carga pública”.

“La regla dice que el gobierno evaluará la totalidad de circunstancias de la persona, y las características positivas y negativas de su situación para tomar esa decisión”, indicó.
Los beneficios recibidos por miembros de la familia no afectan la visa de una persona. Incluso si un padre o madre firma la solicitud de beneficios de un hijo o hija, esto no les afectaría personalmente, dijeron■

Nota de interés:

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