Aspecto del Río Yaqui luego de iniciados los trabajos de desviación de su afluente. Foto: www.proyectoambulante.org
De la Redacción
En este programa de Línea Abierta que aquí reseñamos, Mario Luna, líder del pueblo yaqui en el norte de México habla con el director de Noticias de Radio Bilingüe, Samuel Orozco, acerca de la lucha de este pueblo indígena por el derecho a las aguas del Río Yaqui, la corriente que sostiene la vida en sus tierras ancestrales, y la prisión a que fue sometido luego de impugnar un megaproyecto de acueducto del gobierno estatal con fines político nebulosos y plagado de amenazas de contaminación ambiental y de corrupción gubernamental coludida con intereses privados.
Mario Luna, portavoz y secretario de la autoridad tradicional es quizás la voz pública más reconocida de la lucha que este pueblo indígena yaqui ha sostenido en los desérticos y ancestrales territorios en Sonora. Por muchos años el pueblo yaqui se ha mantenido en contra de la construcción del llamado Acueducto Independencia, un megaproyecto hidráulico del gobierno estatal que desvía unos 75 millones de metros cúbicos de las aguas del Río Yaqui para destinarlos supuestamente a su uso en la zona metropolitana de Hermosillo, la ciudad capital del estado de Sonora, en el norte de México.
Se espera que este desvío masivo de aguas terminará por secar el ya de por sí casi seco río que ha sido sustento de la nación Yaqui a lo largo de su historia, advierten las autoridades tradicionales del referido pueblo indígena.
Como hemos publicado oportunamente en este mismo espacio, Mario Luna fue arrestado hace casi dos años por autoridades del estado de Sonora, por su labor en defensa de las aguas del Río Yaqui. Luna purgó sin una causa comprobaba poco más de una año en prisión. Este hecho fue visto por la opinión pública como una represalia con tintes políticos.
Desde hace diez meses Luna ha dejado esa prisión para continuar en la lucha, y hoy es invitado del programa Línea Abierta, participando por la vía del teléfono desde Vicam, Sonora, territorio del pueblo yaqui.
El gobierno estatal de Sonora anunció como una obra pública el traslado anual de 75 millones de metros cúbicos de agua desde la cuenca del Río Yaqui hacia la zona urbana de Hermosillo. Sin embargo el pueblo yaqui denuncia que los difusos planes de dicho proyecto carecen de un verdadero sentido social, y que obedecen más bien a intereses personales y privados.
El referido megaproyecto, dice Mario Luna, se encuentra cuestionado no nada más en el estado de Sonora, sino en toda la República. Es una situación que está ampliamente documentada, afirma, con toda la serie de actos de corrupción alrededor de este tipo de obras ‘públicas’ en Sonora:
“…Incluida una presa privada que se construyó a la par que la obra del Acueducto Independencia. Es una obra que inicialmente se vendió a la comunidad como una obra benéfica, y que llevaría agua a los hogares sedientos de Hermosillo. Pero se ha convertido en una obra que marca claramente el tipo de gobierno que llevó (el ex gobernador de Sonora, 2009-2015) Guillermo Padrés Elías en su momento”.
Se trata de una obra “obsoleta”, señala Luna al director de Noticias de Radio Bilingüe, Samuel Orozco, quien conduce este programa de Línea Abierta, “que no tiene un sustento técnico, ni económico…, y por lo tanto es un ‘elefante blanco’ que está ahí, que no se está utilizando en su capacidad porque es algo incosteable. Una obra que prácticamente se utilizó para desviar recursos, tanto con fines electorales como de apropiación personal de los recursos públicos”.
La obra tiene que recorrer 135 kilómetros en la sierra y en contra de la fuerza de la gravedad, sostiene Luna. “Esto implica que hay que bombear el agua hacia arriba, por más de 100 kilómetros, lo que hace a esta obra totalmente incosteable porque está mal diseñada, ya que al momento en que ellos –el gobierno- hicieron las pruebas de operación, reventaron primeramente tres bombas de abastecimiento…, y en varias secciones reventaron las tuberías”.
Las fallas técnicas incluyen un alto grado de dificultad para conectar el afluente con la red de tuberías urbana que abastecería a los habitantes de Hermosillo, continúa Luna, y más bien esta agua desemboca al parque industrial, lo que este líder denuncia como algo premeditado y no como una coincidencia.
Aquí Mario Luna se refiere a las consecuencias que este megaproyecto de desvío masivo de aguas hacia una zona urbana traería a las ya de por sí sedientas poblaciones del valle que abarca a ocho poblaciones yaqui, y más de un millón de habitantes que directa e indirectamente son los usuarios de estas agua que “jamás regresarían a la cuenca del Río Yaqui”, sostuvo.
Además de la contaminación con arsénico y otros metales al manto freático, que es el agua de los pozos que sostienen al pueblo yaqui en esa zona del país, explica este vocero del pueblo yaqui, está la salinización de los ríos y del agua. Esta situación de la contaminación ha coincidido con la aparición de enfermedades renales y cancerosas, entre otros problemas epidemiológicos.
También esta lucha genera una sensación de indefensión jurídica por la falta de intervención de las autoridades judiciales en favor de los argumentos legales del pueblo yaqui. La Suprema Corte, por ejemplo, declaró como inexistente una primera moción que el pueblo yaqui sometió en defensa del agua. Y solicitó también a las autoridades federales, administradoras de los recursos naturales, un peritaje antropológico que al ser realizado les dio la razón.
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Otro asunto es la falta de consulta a los usuarios naturales de estas aguas, que es el pueblo yaqui, que ordenó la Suprema Corte de la Nación aun cuando ya la obra estaba comenzada, dice Luna; porque la obra además violentaba los estándares internacionales que regulan el tema medioambiental. Por el contrario, el gobierno dictó una orden de aprehensión contra Mario Luna, a quien le fabricaron delitos que jamás pudieron comprobar y que sin embargo terminaron con el encarcelamiento, durante más de un año, de este vocero de la lucha por la defensa del agua.
Para Mario Luna, además, en el trasfondo de esta persecución amañada, que contó con el aval de las autoridades federales y estatales, existe un elemento de odio racial. «Porque nos describieron como incivilizados… que nos negábamos a dar un vaso de agua a los ciudadanos de Hermosillo… jóvenes vándalos nos apedrearon cuando visitamos Hermosillo… quedamos en riesgo de agresiones», senaló.
Y por si fuera poco, mantener la obra y el bombeo incurre en una renta de 50 millones de pesos mensuales por consumo de energía eléctrica, que el gobierno subsidia con los impuestos de los habitantes del estado; cuando el verdadero destino del agua, o a donde va a parar el preciado líquido es nebuloso e incierto. Así que no sólo se trata del robo del agua, sino que además obligan a la población a pagar por el consumo de energía con sus propios impuestos, sostiene Luna.
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En este programa también escuchará a Juan Rodríguez, director del Proyecto Eco-Tierra, de Los Ángeles, California. Se trata de un líder comunitario de Los Ángeles que discute con Orozco sobre las campañas encaminadas a evitar el uso de pesticidas tóxicos en comunidades pobres, y proteger el maíz tradicional de la amenaza de las semillas transgénicas. Esta semana, ellos se presentan en la conferencia ‘Soil Not Oil’, en Richmond, California, para hablar de un futuro plagado de amenazas contra la alimentación de los pobladores, y de una agricultura urbana sustentable como paliativo al hambre y a la contaminación convertidas en amenaza pública.
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