A la espera de poder solicitar asilo en la Frontera de Tijuana-San Diego. Foto. Facebook

De la redacción

Agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron en mayo a más de 130 mil personas, el mayor número en 13 años detenido en la frontera de Estados Unidos con México. En su mayoría son familias de Centroamérica que cruzaron ilegalmente la frontera, y que serán trasladados a centros de procesamiento, ya de por sí superpoblados, y luego a centros de detención y refugios a largo plazo. Hay que decir sin embargo que algunos miembros del personal de dichos centros de detención, «han sido acusados de abuso», y en los efugios falta atención médica adecuada y representación legal.

La llegada masiva de migrantes a la frontera no es nada nuevo, aunque en los últimos años había disminuido sensiblemente hasta que comenzaron a llegar nuevas caravanas. Sin embargo, estos recién llegados “no obtendrán una respuesta sobre si pueden permanecer en Estados Unidos”, dice la publicación Vice News, que trasmitirá el reporte esta noche a las 7:30 en HBO.

La espera de respuesta a sus solicitudes de asilo tampoco es nueva. De hecho, en estos momentos hay 892 mil 517 casos pendientes en los tribunales de Inmigración, que han estado esperando un promedio de 726 días, “o sólo dos años”, dice la fuente en tono un tanto irónico.

Esto no siempre fue así. El atraso realmente comenzó a despegar en 2006, cuando sólo había 168 mil 827 casos pendientes que esperaban un promedio de 406 días. «Este es un atraso que se ha ido acumulando durante años y años, en muchas administraciones», dijo a Vice News la jueza Dana Leigh Marks, presidenta emérita de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.

Pero, ¿cómo se llegó hasta aquí?

Vice News afirma que los casos empezaron a quedarse rezagados en los tribunales cuando el comenzaron a aumentar, sin que el número de jueces aumentara proporcionalmente. “El gobierno de Clinton atendió alrededor de 160 mil casos nuevos por año. El enjuiciamiento acelerado de inmigrantes indocumentados bajo las administraciones de Bush y Obama proporcionó mucho más: un promedio de aproximadamente 215 mil y 237 mil casos, respectivamente”.

En 2011, agrega la fuente, los recortes automáticos de gastos significaron que no se podría asignar dinero nuevo para la contratación. Entonces, cuando los jueces se retiraron en los años que siguieron, los tribunales comenzaron a atrasarse gradualmente.

«Los jueces de los Tribunales de Inmigración a menudo sienten que somos los canarios en la mina de carbón que intentan alertar al Departamento de Justicia y al Congreso de que el retraso está aumentando y que necesitamos más recursos», dijo la jueza Marks.

“Desde comienzos de 2017 se han iniciado 192 asombrosos jueces, que suman un total de 424”. Pero en primer lugar, “la falta de jueces no fue la única razón por la que existió el retraso”.

No obstante, los tipos de casos ahora son diferentes, y “otra cosa que atrofia a los tribunales es la política sobre cómo manejarlos. En 2014, el gobierno de Obama creó registros prioritarios para menores y familias que esencialmente eliminaron esos casos al frente de la línea”.

Parecía una buena idea, dice Vice News. Pero a menudo “significaba que las familias debían acudir a los tribunales antes de obtener la representación legal, o de recopilar los documentos necesarios. Los defensores de la inmigración calificaron la política de ‘cohete’ y criticaron a Obama por despojar a los migrantes del debido proceso”.

No más «ofertas de súplica»

En los tribunales penales, los fiscales pueden utilizar acuerdos de culpabilidad para ayudar a preservar sus recursos limitados. De esa manera, “sólo los casos más serios o más difíciles terminan consumiendo el tiempo del juez. Pero esa opción no existe dentro del sistema actual de Tribunales de Inmigración, porque no hay una sentencia menor a la que un inmigrante pueda apelar o pedir un perdón. Y la consecuencia es siempre la deportación”.

La opción más cercana a una solución favorable al migrante se llama «cierre administrativo», señala la fuente; un recurso que “permite a los jueces de Inmigración eliminar los casos de baja prioridad de sus registros para dedicar más tiempo a los casos graves”. Hacer esa llamada efectivamente cierra los casos. Y “aunque el juez no otorga una visa o una forma específica de alivio, la persona indocumentada ya no está en proceso de remoción”.

Familias migrantes bajo la custodia de Estados Unidos duermen en el suelo bajo un puente peatonal en El Paso, Texas. Foto: Personal Liberty.

El uso del cierre administrativo aumentó en un 400 por ciento durante la administración Obama, para enfocarse en deportar criminales, en lugar de que los jueces dedicaran su tiempo a los casos de indocumentados detenidos por una falta de tránsito, o por una solicitud de visa en trámite. El entonces jefe de los jueces de Inmigración, Brian M. O’Leary incluso emitió una nota en 2013 alentando a los jueces a usar el cierre administrativo para dar a los recursos limitados de la corte su mejor uso.

Pero el fiscal general, Jeff Sessions eliminó el cierre administrativo en 2018 e incluso reabrió más de 350 mil casos cerrados previamente. «En los últimos tiempos, dichas políticas han consistido en incluir a todos y ponerlos en procedimientos de remoción», dijo la jueza Marks.

El cambio fue parte del esfuerzo más amplio de la administración Trump para deportar a todos los inmigrantes indocumentados, no sólo a los criminales. Y Sessions tenía el poder de cambiar la política porque los Tribunales de Inmigración son competencia del Departamento de Justicia, a diferencia de los tribunales penales, que forman parte del poder judicial. “La estructura le da al fiscal general una tremenda cantidad de control sobre la política de la corte”.

Los jueces de inmigración se han quejado de que su falta de independencia se traduce en una mala gestión, como la política de «cohete» de la era de Obama. Muchos jueces de inmigración y el Colegio de Abogados de Estados Unidos han pedido en repetidas ocasiones un tribunal de Inmigración independiente.

Creando un sistema justo

La administración de Trump restringió el uso de la continuidad. La pregunta que se hace Vice News es si esto conducirá a un sistema que funcione bien y sea justo. Según informes, “algunos jueces renuncian en respuesta a las cuotas, lo que les hizo sentirse más como oficiales de deportación que como jueces”.

La ley es complicada. “Estamos obligados a dar a las personas la oportunidad de presentar las pruebas que consideren necesarias”, dijo Marks. «Pero si no le damos a alguien su día en el tribunal, podemos negarles el debido proceso»■