De la redacción
El fiscal de la ciudad de San Francisco anunció el martes que está demandando a Donald Trump, porque el presidente no entiende la Constitución en lo que se refiere a las órdenes ejecutivas y las ciudades santuarios. Foto: NBC Bay Area.
La ciudad de Los Ángeles anunció el martes que está buscando unirse a una pelea legal –que encabeza la Ciudad de San Francisco- contra el Departamento de Justicia del presidente Trump. Alega que las nuevas condiciones para determinar el financiamiento a la lucha contra la delincuencia requieren que la policía coopere con los funcionarios de Inmigración. Estas condiciones, dice, son inconstitucionales y deben ser bloqueadas.
Mike Feuer, el abogado de la Ciudad de Los Ángeles dijo en un comunicado de prensa citado por Los Angeles Times, que «Estamos demandando para impedir que el gobierno de Trump imponga inconstitucionalmente su voluntad en nuestra ciudad. Con esto, la administración federal pondría a Los Ángeles ante la opción insostenible de arriesgar una concesión de seguridad pública clave, o hacer del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) un brazo de la política federal de Inmigración”.
En su demanda, San Francisco está tratando de derribar las referidas reglas del gobierno Estados Unidos. Y es que el fiscal general, Jeff Sessions anunció el mes pasado que fondos del Departamento de Justicia han sido dispersados por las agencias locales de aplicación de la ley para reforzar los esfuerzos en el combate al crimen violento y de pandillas. Las agencias policiales que quieren una parte de estos fondos presupuestarios, dijo, tendrían que demostrar primero que están dispuestos a ayudar a los funcionarios de Inmigración a identificar y detener a personas en las cárceles locales, de quienes se sospecha están en el país ilegalmente.
Específicamente, Sesiones dijo que la policía estaría obligada a permitir a los funcionarios de Inmigración y Aduanas (ICE) el acceso a las cárceles locales y notificar a ICE 48 horas antes de liberar de su cárcel a alguien señalado por las autoridades federales de estar en el país ilegalmente.
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