Este Proyecto de Reforma de la Ley Penal busca poner fin a las duras políticas e inequidades raciales en el sistema de justicia penal. Foto: ACLU.

Maribel Hastings

America’s Voice, Washington, DC

Bien dice el dicho que el diablo está en los detalles, y aunque el gobierno del presidente Donald J. Trump asegura que, además de construir un muro, su objetivo es deportar a delincuentes indocumentados que suponen una amenaza para la seguridad nacional y la seguridad pública, el alcance de las órdenes ejecutivas migratorias anunciadas la semana pasada es tan amplio que pinta una realidad muy diferente para los indocumentados en Estados Unidos. Esto aunque no tengan historial delictivo ni hayan sido acusados o condenados por algún delito.

Trump ha indicado que se centrarán en dos o tres millones de indocumentados con historial delictivo, aunque los entendidos aseguran que en el universo de los 11 millones ‘sin papeles’, la cifra de quienes están en esa situación es mucho menor.

A continuación algunas preguntas y respuestas en torno al decreto «Mejorando la Seguridad Pública al Interior de los Estados Unidos»:

¿Por qué los indocumentados sin historial delictivo corren el riesgo de convertirse en prioridad de deportación, si el lenguaje de la orden ejecutiva del presidente Trump llegara a implementarse?

Porque el decreto amplía el concepto de lo que podría considerarse un delincuente y esto incluye, según la orden, a quienes «hayan cometido actos que constituyan una ofensa criminal por la que puedan ser acusados», aunque la persona nunca haya sido acusada ni condenada. Al incluir, por ejemplo, el uso de documentos falsos, como hace buena parte de los indocumentados para trabajar, o haber cruzado la frontera sin inspección, o manejar sin licencia de conducir y otras infracciones de tránsito ya esa persona caería en la categoría de quienes han cometido actos por los que puedan ser acusados o condenados y, por ende, se convierten en prioridad de deportación.

Según el abogado de inmigración David Leopold, expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA), «este lenguaje amplio está incuestionablemente dirigido a los inmigrantes indocumentados que por su situación migratoria han manejado sin licencia o han recibido una multa por un foco fundido. Una vez más las violaciones de tránsito se convertirán en ofensas que ameriten la deportación».

Quienes han sido acusados pero no condenados de un delito también podrían constituir una prioridad de deportación, abriendo la puerta a que las autoridades acusen a un indocumentado de cualquier delito para hacerlo deportable.

Igualmente, quienes tengan órdenes administrativas finales de deportación, sin importar cuánto tiempo haya pasado, ni las circunstancias especiales de sus casos, también serían prioridad de deportación.

¿Qué otros componentes del decreto migratorio de Trump amplían las posibilidades de que los indocumentados sin historial delictivo o que «hayan cometido actos que constituyan una ofensa criminal por la que puedan ser acusados» puedan convertirse en prioridad de deportación?

En pocas palabras, el incremento y el fortalecimiento de lo que estamos llamando la Fuerza de Deportación de Trump tiene el potencial de ampliar el cerco que se tienda a los indocumentados. Esto no únicamente se debe a que busca contratar a 10 mil agentes adicionales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), sino que busca ampliar los poderes discrecionales y de toma de decisiones de esos agentes.

Ese poder se amplía porque el decreto de Trump busca reestablecer controversiales programas de colaboración entre las autoridades migratorias federales y policías locales y estatales, como Comunidades Seguras y el 287g. Esto, para efectos prácticos, convierte a los policías en agentes migratorios.

Y con la amenaza de quitarle fondos federales a las ciudades y condados que no colaboran con las autoridades federales de inmigración, las llamadas jurisdicciones santuarios, el potencial de que agentes con poderes migratorios se dediquen a centrar sus esfuerzos en indocumentados es mayor.

Cabe destacar que como parte del lenguaje sobre las ciudades santuario, Trump también busca penalizar a quienes ayuden a indocumentados y eso supone ciudadanos y residentes permanentes que, por ejemplo, los transporten en sus vehículos.

¿Qué puede hacer la comunidad indocumentada y sus familiares ciudadanos y residentes permanentes?

Por el momento, las prioridades de deportaciones siguen centrándose en personas con historial delictivo, aunque el decreto de Trump echaría por la borda esa priorización.

La comunidad debe tomar las providencias que siempre ha tomado: evitar situaciones que pueden suponer la intervención de las autoridades; buscar asesoría legal de fuentes confiables, ya sean grupos locales, estatales y nacionales de asistencia, Iglesias y evitar ser víctimas de notarios y abogados inescrupulosos y de cualquiera que les asegure que puede arreglar sus documentos antes de que entren en vigor los cambios que propone Trump. Siempre es importante tener un plan de contingencia, particularmente las familias que tienen hijos, sobre todo si son menores de edad. Abogados de inmigración les recuerdan a los indocumentados que también tienen derechos. Por ejemplo, no tienen que permitir el ingreso a su casa de agentes, a menos que exista una orden de allanamiento válida; y aunque exista, el inmigrante tiene derecho a guardar silencio, no firmar documentos y a solicitar un abogado e información en su propio idioma. De hecho, esto mismo aplica si cae en una redada migratoria en su centro de trabajo.

El siguiente enlace de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ofrece, en español, una guía de derechos que tienen los indocumentados si son cuestionados o detenidos por las autoridades.

https://www.aclu.org/know-your-rights/que-hacer-si-le-preguntan-acerca-de-su-estatus-migratorio

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice