La ACLU trabaja para garantizar que cada mujer pueda tomar la mejor decisión para sí misma y su familia sobre si tener un hijo y cuándo tenerlo sin interferencia política indebida. Foto: ACLU.

De la redacción

La Suprema Corte de Justicia cuenta con dos jueces ultracconservadores designados por Trump: Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, con los que tienen mayoría en ese máximo tribunal. Esto, entre otras cosas para derogar el antecedente legal Roe vs Wade, convertido en ley desde 1973 y que legalizó desde entonces el aborto en todo Estados Unidos. Por ahora ahora el principal arquitecto de dicha empresa nociva para las mujeres esel senador republicano por Kentucky, Mitch McConnell, encargado de asignar jueces conservadores en todo el país.

Uno de los mayores casos que escuchará la Corte Suprema es el derecho al aborto, en peligro de ser anulado gracias a la enjundiosa misión de los republicanos en el Congreso, que ahora cuentan con mayoría en la Suprema Corte con los dos jueces designados por Trump, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuc.

Hoy el Centro de Derechos Reproductivos le pedirán al Supremo tribunal que elimine una restricción de aborto de Louisiana, diseñada para empujar el aborto fuera del alcance de las muejeres, conocido como la ley de TRAP, que reduce peligrosamente el acceso al aborto bajo el disfraz de una lley que lleva el engañoso nombre de ‘Ley ‘salud de la mujer’.

En tanto, la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU) le ha puesto los reflectores encima a este tema, denunciando que “Los políticos –republicanos- están atacando nuestros derecho al aborto de múltiples maneras. Algunos estados están aprobando prohibiciones casi totales y hemos desafiado y bloqueado cinco de esas leyes, incluidas las de Alabama y Georgia, en el último año”.

Sin embargo, afirma ACLU en un comunicado, los republicanos están actuando de forma “más astuta”, tratando de alejar la atención de la opinión pública acerca del aborto. “Al aprobar restricciones médicamente innecesarias como en la ley de Louisiana, que se aplican sólo a los proveedores de abortos y no a los profesionales médicos que realizan una atención comparable. Su único propósito es obligar a las clínicas a cerrar”.

Por ejemplo, otro movimiento de «ciudades santuario» está creciendo a la derecha y a la izquierda del espectro político ideológico en Texas, un estado que hasta antes del triunfo electoral de 2018 era considerado republicano, o rojo.

De acuerdo con The New York Times, en una reciente reunión del Consejo Munipal de la Ciudad de Lindale, con 6 mil habitantes, “un pequeño grupo de mujeres se tomó de la mano y ofreció oraciones… a la espera de que los miembros del consejo decidieran si su comunidad se convertiría en la próxima ‘ciudad santuario para los no nacidos’, y dejaran de estar tratando de construir clínicas de aborto en la comunidad”.

Persuadidos por “un pastor melenudo” con una gorra de béisbol calzada hacia atrás en la cabeza, “una docena de otras comunidades de Texas ya habían aprobado medidas que prohíben el aborto dentro de sus fronteras… Realmente estamos tratando de proteger la cultura y la atmósfera que estas ciudades ya tienen», dijo al Times el referido pastor, Mark Dickson, director del Derecho a la Vida del Este de Texas.

La fuente señala que las ciudades santuario para los no nacidos “son la última forma en que algunas comunidades estadunidenses intentan separarse de las reglas con las que no están de acuerdo, leyes impuestas por las autoridades superiores que no coinciden con sus valores conservadores”.

Es una táctica de imitación, que copia cómo algunas ciudades se han convertido en los llamados “santuarios”, por la represión de la inmigración y, en otros lugares, en busca de leyes más estrictas sobre el control a las armas.

Estas nuevas acciones locales contra el aborto se están desarrollando silenciosamente mientras la Corte Suprema de Estados Unidos escuchará argumentos orales hoy miércoles, sobre “un caso que empuja el aborto… uno de los temas más divisivos de Estados Unidos, a la mitad de la campaña presidencial”, dice el comunicado de la ACLU.

Las restricciones específicas para los proveedores de aborto, contenidas en la Ley TRAP, «son requisitos costosos, severos y médicamente innecesarios, impuestos a los proveedores de aborto y a los centros de salud para mujeres”.

Y si el Tribunal respeta dicha ley, dice ACLU, “las personas en Louisiana se quedarán con una sola clínica de aborto en todo el estado… Pero esto no se trata sólo del acceso en Louisiana. Es probable que el caso afecte el acceso al aborto en los estados de todo el país”.

La ley de Louisiana es prácticamente idéntica a una ley de Texas que la Corte Suprema anuló hace sólo 4 años. Pero ahora Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch están en ese máximo tribunal, y los opositores están apostando a que este cambio significará que la Suprema permitirá que Louisiana cierre las clínicas y otorgue a los estados luz verde para erosionar aún más el acceso a la referida atención médica para las mujeres.

Por eso ACLU presentó un informe amicus en apoyo a las clínicas y los médicos que impugnan la ley de Louisiana. “Hoy nos estamos movilizando en el terreno en Washington, D.C. y en Nueva Orleans con miles de activistas, impulsando medidas para aumentar el acceso al aborto y la atención de la salud reproductiva en los estados siempre que sea posible. Y seguiremos recordando al Congreso que los políticos no deberían interferir en nuestra toma de decisiones exigiendo legislación como la Ley TRAP■