De la redacción
El presidente Trump firmó este viernes la ley de reforma al código fiscal, fraguada por un exclusivo grupo de republicanos. Concede a corporaciones y adinerados del país los mayores recortes de impuestos desde los tiempos de Reagan. Y este martes el director de Noticias de Radio Bilingüe, Samuel Orozco ventiló al aire en en Línea Abierta tan importante tema, señalando cómo dicha ley afecta su bolsillo, y cómo de paso golpea la red de seguridad social anulando primero el mandato individual que obliga a tener un seguro médico, o pagar una multa, conocido como Obamacare. Y recorta fondos federales a programas como Medicare y Medicaid, al tiempo que elimina el reclamo al crédito fiscal por hijos si quien reclama esta deducción al fisco no cuenta con un número de Seguro Social. Es decir, si el jefe de una familia no tiene número de seguro social aunque pague impuestos a través de un Número de Identificación Personal, o ITIN.
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Por Samuel Orozco
Entre los cambios que el contribuyente de a pie habrá de esperar al entrar la ley de recorte de impuestos que acaba de pasar el Congreso están las limitaciones a varias deducciones fiscales. Esta reforma tributaria, o el mayor recorte de impuestos de las últimas décadas, bajará dramáticamente la tasa impositiva para las corporaciones, del 35 por ciento que actualmente rige a esta rama, a un 21%. Además, también contempla recortar impuestos a todos los contribuyentes del país; pero, a diferencia de las prebendas concedidas a las corporaciones, que son permanentes, los recortes de impuestos a los individuos y los pequeños empresarios serán válidos sólo por siete años.
Otro ejemplo: los dueños de casas ya no podrán pedir la deducción ilimitada de los impuestos prediales, locales y estatales –ahora estas deducciones tienen un límite, un tope que es de 10 mil dólares. Esto, como es de entenderse afectará a los dueños de casa que viven en estados con grandes impuestos prediales –California, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois. O a aquellos que aparte de su casa tengan alguna otra propiedad, para sus hijos o digamos a manera de plan de retiro, como cuenta de ahorros para su jubilación.
En cuanto a las deducciones de los intereses de los préstamos hipotecarios: las casas que se compren a partir de esta ley tendrán un tope en las deducciones; sólo se aceptarán préstamos con cierto límite (750 mil, en vez del millón de dólares actuales) más allá del cual no se podrán deducir esos gastos. Este cambio no afecta a los actuales propietarios de casa y por lo tanto beneficiarios de créditos hipotecarios.
En cuanto al crédito fiscal para las familias que declaran hijos dependientes, este crédito se ha expandido hasta 2 mil dólares para los menores de 17 años y lo podrán reclamar individuos que ganen hasta 200 mil o parejas que ganen 400 mil dólares.
Sin embargo, y este es un ¡gran sin embargo!, que hay que recalcar, los republicanos decidieron quitarle a los inmigrantes el derecho a este crédito fiscal para los hijos dependientes. Hasta hoy, las familias inmigrantes podían reclamar este beneficio fiscal aunque no tuvieran un número de Seguro Social, siempre y cuando reporten su registro en la oficina de impuestos a través de un Número de Identificación Fiscal (ITIN). A partir del 2018, estas familias se quedarán sin este beneficio. Lo que tiene muy alegres y contentos a los enemigos del inmigrante, o grupos como FAIR, CIS y otros extremosos militantes pro deportaciones masivas.
Las nuevas leyes serán aplicadas al año fiscal 2018. Los ingresos devengados en el 2017 no serán afectados.
Por eso, se reporta que en California muchos se están apresurándose para averiguar si será conveniente pagar de una vez, por adelantado, los impuestos prediales de 2018; por lo menos los de la primavera, de abril.
Los dineros que se gastan en preparar impuestos o en pagar a quien los prepare, se van a ir, se eliminan.
Ahora bien, ¿cuánto costará este paquetito y cómo pagar por esta enorme reducción, por este bajón, a la tesorería del pueblo de Estados Unidos?
Según cálculos más conservadores, el costo de estas prebendas fiscales será de más o menos un trillón y medio de dólares (en inglés, billón y medio en decimal), según el Joint Committee on Taxation.
Y ¿de dónde saldrá ese dinero?
Por lo pronto, de ninguna parte. Será un gran hoyo en el presupuesto público. Será un enorme déficit. Una deuda que el público tendrá que cargar en sus hombros.
Líderes republicanos que promovieron esta reforma, por cierto a todo vapor, por vía rápida o en lo oscurito, a puerta cerrada, dicen que confían en su fe; que la economía va a mejorar, va a crecer a grandes saltos, que el dinero se va a derramar por todos lados y que esta abundancia de dólares terminará por llegar a las arcas públicas y por lo tanto a cubrir el faltante.
Dicen también que cuando les das millonadas a los ricos, estas millonadas terminan filtrándose a las clases pobres. Que a los ricos y ejecutivos les da luego por reinvertir esos dólares en forma de capital productivo y que por lo tanto creara nuevos trabajos. Y como muestra ponen el reciente anuncio de ATT, que se Adelantó a saludar muy alegremente que dedicará cientos de millones de dólares a repartirlos en forma de bonos de aguinaldo para sus empleados.
Alguna otra gran empresa hizo algo parecido. Pero hasta qué punto no son estos anuncios más que mera propaganda; trucos de mercadotecnia, promocionales para la ley de impuestos, para tratar de hacer que la gente se trague el cuento de que le beneficiará a todo mundo, ya que la mayoría no se lo cree –según sondeos, es muy impopular.
Se sabe, en contrapartida, que sólo un 14% de los ejecutivos corporativos sondeados por la Universidad de Yale dijeron que sus compañías tienen planes de hacer grandes inversiones inmediatas de capital en Estados Unidos a raíz de la reforma fiscal. Inversiones como construir fábricas, talleres, mejorar equipo, maquinaria, etc., cosas que generan empleos. Sólo 14% tiene planes.
Me pregunto, ¿qué tanto de esa derrama multimillonaria que caerá sobre las billeteras de los ejecutivos y adinerados de la nación, a resultado de esta reforma fiscal irá a parar a gastos suntuarios: nuevos yates, limusinas de lujo, más casas de playa y de vacación para la llamada clase ociosa, los especuladores de capital finaniero.
Mientras tanto, tomando en cuenta que ni los mismos líderes republicanos del Congreso al parecer creen que de veras la economía va a crecer al 4 o 6% anual. lo que se requiere para cubrir el pavoroso hoyo fiscal que quedará a raíz del gigantesco manoteo de las arcas públicas, ya estos mismos líderes políticos se disponen a tomar medidas para saldar esos números rojos.
Y ¿cuál es el dinero que tienen en la mira? Todo indica que el dinero que usarán para pagar a las corporaciones sus prebendas fiscales serán los fondos de la salud pública. En la mira están el venerable Medicare, el programa de Medicaid e incluso el menos tocable: el seguro social. Sin hablar también de la misma ley actual de reforma de salud.
Para esto, cabe destacar que la mentada ley de impuestos contiene una importante reforma más: la ley que elimina el mandato individual de la ley de salud llamada Obamacare; o sea, la obligación de tener seguro médico. Con este cambio, se prevé que más de 13 millones de personas se quedarán sin seguro y por lo tanto el gobierno ahorrará miles de millones de dólares por concepto de subsidios que ya no se tendrán que dar para ayudar aal usuario a cubrir los pagos de las primas.
Pero volviendo a los grandes programas que forman la red de seguridad social de la nación, en el proceso presupuestario ya se contienen algunos planes que dan una idea de por dónde viene el golpe.
En octubre, la Cámara de Representantes pasó un plan presupuestario que recorta en un billón y medio el gasto a Medicaid y otros programas de salud.
Además, en ese presupuesto se recortan 500 mil millones de dólares al Medicare, y se propone convertirlo en un programa privado, de vales. Además de subir la elegibilidad a los 67 años, que actualmente es de 65.
Esto es lo que se vislumbra en puerta rumbo a los próximos meses, y rumbo a los próximos dos años.