A medida que miles de personas pierden cobertura, el juez bloquea los requisitos laborales «inhumanos» de Medicaid en Arkansas y Kentucky. Foto: Common Dreams.

De la redacción

Un muro pero para mantener a raya la guerra contra los más pobres fue el que levantó el juez federal del Distrito de Columbia, James E. Boasberg, al rechazar por segunda ocasión los intentos de los republicanos y la administración Trump para implementar en Arkansas y Kentucky el programa de Medicaid, que requiere a sus beneficiarios trabajar 80 horas semanales u ofrecerse como voluntarios a condición de obtener cobertura médica, argumentando que estas reglas no pueden mantenerse.

Las opiniones de un panel de jueces durante la tarde del miércoles para Arkansas y Kentucky, que según la prensa han sido estados líderes nacionalmente en el movimiento hacia la implementación del programa de requisito de trabajo de Medicaid, arrojan dudas sobre los presuntos esfuerzos de la administración Trump para ayudar a los pobres, y más bien señalan que el gobierno intenta deshacerse del programa público que ha brindado ayuda a los más necesitados durante los últimos 50 años.

Y es que el juez federal para la corte del Distrito de Columbia, James E. Boasberg concluyó que al permitir que Kentucky siga adelante con estos requisitos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) del gobierno federal había sido «arbitrario y caprichoso», la misma crítica formulada ya en un fallo anterior.

«No puedo estar de acuerdo en que la ley de Medicaid deje a la Secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), obrar sin restricciones, ni que los estados estén tan preparados como para remodelar el programa que el Congreso diseñó de la manera que elijan” los estados; y más bien el juez le indicó a esta agencia federal que “debe reconsiderar las solicitudes con un ojo puesto en el efecto sobre las personas pobres que dependen de la cobertura», reportó The Washington Post.

La opinión de 48 páginas para el estado de Kentucky es la más enfática de las dos decisiones, y explica las razones del juez Boasberg por las que señala no estar convencido de los argumentos del gobierno federal para mantener en pie el programa de trabajo a cambio de beneficios del Medicaid.

Y en la decisión, de 35 páginas para Arkansas, el fallo de Boasberg tiene un impacto más inmediato, dice la fuente. Por ejemplo, “Elimina la base federal sobre la cual el estado agregó requisitos de trabajo en junio, que se vienen aplicando desde entonces a más de 115 mil residentes pobres y de clase trabajadora, bajo una sección del Medicaid conocida como Arkansas Works”.

Esta decisión del gobierno, que se amplió aún estando vigente la Ley de Cuidado de Salud Costeable, hasta ahora ha provocado que alrededor de 18 mil personas hayan perdido la cobertura por no cumplir con dicha regla; o por no informar al estado que cumplieron con ella.

Los funcionarios de salud del estado de Arkansas, según el fallo de Boasberg, ahora «tendrán que, como mínimo, suspender los requisitos mientras que los funcionarios federales los evalúan o reconsideran”, declaró a la fuente Jane Perkins, directora legal del Programa Nacional de Leyes de Salud y una demandante ante la corte de Distrito en ambos casos.

El juez Boasberg, designado por Obama, ya le había ordenado en una resolución en junio pasado al HHS que reevaluara el impacto del requisito de trabajo en Kentucky, porque no había considerado adecuadamente «si de hecho ayudaría al estado a proporcionar asistencia médica a sus ciudadanos… un objetivo central de Medicaid«, dice por su parte The New York Times.

Boasberg habría encontrado que la aprobación de la regla de trabajo de Arkansas fue «arbitraria y caprichosa», por una razón similar al fallo de kentucky. Y que Alex M. Azar II, el secretario del HHS había fallado, al “no considerar adecuadamente» el impacto del plan de Arkansas en la cobertura de Medicaid.

Los funcionarios de Arkansas le pidieron al juez que dejara vigentes los requisitos de trabajo en caso de que ordenara a Azar que “sopesara más el impacto potencial” del programa, diciendo que congelarlo causaría demasiada interrupción.

Pero el juez no estuvo de acuerdo y escribió que «el camino para curar la deficiencia en esta ocasión es, en el mejor de los casos, un camino difícil», y cualquier interrupción «debe ser equilibrada contra los daños que los demandantes y las personas como ellos experimentarán si el programa sigue vigente”.

En tanto, los funcionarios de Kentucky afirmaron que los requisitos de trabajo podrían ahorrar dinero para el estado y, por lo tanto, hacer que su expansión de Medicaid sea «fiscalmente sostenible».

Por su parte, el gobernador Matt Bevin, un republicano cuyo predecesor demócrata expandió el programa, advirtió repetidamente que finalizará la expansión por razones financieras si las reglas de trabajo no sobreviven en los tribunales.

Pero el juez Boasberg rechazó el argumento financiero. Los funcionarios federales, dijo, «no encontraron que la exención ahorraría cualquier cantidad de dinero o haría el programa más sostenible».

Al solicitar el permiso federal para introducir requisitos de trabajo, Kentucky estimó que 95 mil residentes menos se habrían inscrito en Medicaid en un lapso de cinco años, aunque sus abogados dijeron que muchas de esas personas habrían encontrado empleos que ofrecían seguro.

Los abogados de los demandantes predijeron que el número sería mucho mayor, y que en los primeros resultados en Arkansas, miles de personas que perdieron cobertura por no cumplir con el requisito de 80 horas por mes o por no informar correctamente de su cumplimiento, reforzaron su caso.

Los otros estados que han obtenido la aprobación federal para los requisitos de trabajo de Medicaid son Arizona, Indiana, Michigan, New Hampshire, Ohio y Wisconsin. El requisito de New Hampshire, el próximo en entrar en vigencia, es el tema de una tercera demanda, que fue presentada la semana pasada■