De la redacción

Esta misma semana podría convertirse en ley un paquete de ayuda económica del gobierno de Colorado, dirigido a personas sin ningún tipo de ayuda gubernamental por ser inmigrantes indocumentados. Es una ayuda directa por la pandemia de COVID-19 para obtener alimentos, poder pagar la renta o acceder a servicios legales para evitar desalojos, dice el periódico de Los Ángeles, La Opinión.

La propuesta de ley, SB20B-002 surge del trabajo de una coalición de organizaciones y el gobernador demócrata de Colorado. Jared Polis, y este miércoles pasó con amplio margen en ambas cámaras de la Legislatura.

“La Ley SB20B-002 crea un programa de subsidios directos de emergencia para la División de Viviendas del Departamento Estatal de Asuntos Locales, para entregar subsidios a las personas que son inelegibles para otros tipos de ayuda y que padecen de necesidades financieras por la pandemia de COVID-19 u otros efectos de la pandemia”, dice la descripción de la ley impulsada por la senadora estatal democrata Julie Gonzáles.

La nueva ley contará con 500 mil dólares para proveer la “representación legal a inquilinos indigentes y resolver sus asuntos civiles antes del 1 de marzo de 2021”, con la meta de “impedir desalojos cuando existe una emergencia de salud pública”.

Además, la medida asigna cinco millones de dólares ‘para aquellas personas que no son elegibles a ninguna otra forma de ayuda financiera’ y, específicamente, no pueden recibir fondos federales por su situación migratoria irregular”, dice la fuente.

En un comunicado la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC), que publica la fuente, en Clorado residen unos 150 mil inmigrantes indocumentados, potenciales beneficiarios de la medida. “Todas las familias merecen acceso a ayuda por la COVID-19… los trabajadores ‘abandonados’, los latinos ‘esenciales’ que hasta ahora no han recibido ayuda alguna”.

Por el momento, “uno de cada tres habitantes en Colorado padece inseguridad alimentaria, carece de acceso confiable a alimentos nutritivos, y entre las familias con hijos esa proporción se eleva a 45 por ciento”, declaró a la fuente Ellie Agar, directora de comunicaciones de Colorado Sin Hambre.

El gerente de sistemas alimentarios comunitarios en Colorado, Jason Harrison comentó que “dado que el Congreso federal no actúa para ofrecer alivio de COVID-9, ni siquiera en el punto álgido de la pandemia, los líderes de Colorado lo están haciendo”.

La medida entrará en vigor tan pronto como el gobernador Polis la firme, para lo que dijo estar dispuesto, y se espera que esto pueda ocurrir esta misma semana. Los beneficios establecidos por esta nueva ley terminarán el 30 de junio de 2022, con una revisión y posible actualización en esa misma fecha, pero de 2021, concluye La Opinión■