De la redacción

En días pasados se afirmó en este mismo espacio que la Ley de Votantes de Texas, que exige una identificación oficial con fotografía para sufragar, discrimina con esta medida en contra de votantes de las minorías. Y este lunes la juez federal, Nelva González Ramos fue más lejos, al dictaminar que en efecto dicha ley, aprobada por la Legislatura texana en 2011 no sólo discrimina, sino lo que es aún peor, “fue promulgada con la intención de discriminar a votantes negros y latinos, planteando con esto la posibilidad de que los procedimientos electorales del estado pudieran ser puestos -de nuevo- bajo supervisión federal”, reporta The New York Times.

Como se sabrá, durante décadas a Texas y a varios otros estados del ‘sur profundo’, con un largo historial de discriminación que, como dice Samuel Orozco, director de Noticias de esta red de emisoras de radio pública, “han dejado fuera de la jugada a negros y latinos”, se les había requerido conseguir una aprobación federal antes de hacer cambios a sus leyes de votación. Pero a esos estados se les levantó dicho requerimiento legal en 2013, después de una decisión de la Corte Suprema que invalidó disposiciones clave de dicha Ley de Derechos Electorales.

En el referido programa de Línea Abierta de Radio Bilingüe que él mismo conduce, Orozco señalaba que «Hay otra decisión aún pendiente y que está en manos de la jueza Nelva González Ramos”, la misma magistrada que cita hoy el Times, “y es la de si Texas pasó la ley de identificación de votantes con intenciones racistas”.

Pues bien, hoy esta cuestión ha quedado aclarada con la decisión de la jueza Ramos, quien en su fallo afirma de manera contundente que los móviles de la referida ley, y su alcance, son racistas; pues ésta fue creada con la aviesa intensión de dejar ‘fuera de la jugada’ a los ciudadanos electores latinos y negros, y entonces Texas pudiera ser puesto en la categoría de estado reincidente como delincuente electoral, como señalaba Orozco.
En un caso de larga data sobre la legalidad de una de las leyes más difíciles en el país, la que exige una identificación oficial con fotografía para poder votar, la jueza Ramos, del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas encontró que dicha ley violaba la Ley de Derechos del Voto. Ya en 2014 la jueza Ramos había emitido un fallo similar, pero después de que Texas apeló su decisión, un tribunal federal le ordenó revisar el fallo una vez más.

Y es que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans, encontró que la jueza Ramos «había confiado demasiado en historial texano sobre medidas discriminatorias para la votación» en ese estado del sur, así como otras pruebas que calificó de «enfermas», según el Times; y le pidió que volviera a ponderar la cuestión sobre la intención discriminatoria.

Sin embargo, en su fallo del lunes la jueza Ramos escribió que la evidencia citada por el Quinto Circuito «no dio el puntaje a la balanza» en favor de dicho estado. “Ramos prepara el terreno para una posible sanción a Texas, que podría tener un impacto duradero”, afirma la fuente. “Los abogados involucrados en el caso dijeron que la sentencia efectivamente deroga la ley, aunque la jueza no emitió una orden separada para hacerlo. Ahora se espera que funcionarios del gobierno de Texas apelen quizás dicha decisión”.

El hallazgo de una discriminación intencional podría poner de nuevo a Texas bajo supervisión federal, sostiene el Times. “Sería el primer estado traído nuevamente dentro de la llamada preclasificación, desde la decisión de la Corte Suprema de 2013. No obstante, la jueza Ramos no se refirió a si ordenaría a Texas que se someta a la supervisión federal, pero examinará la cuestión durante la siguiente etapa del caso.

En los documentos de la corte que se sometieron a la jueza Ramos y en varias audiencias los demandantes sostienen además que «el verdadero propósito de la ley era ayudar a los republicanos a mantener su control sobre el poder en medio del rápido crecimiento de los votantes negros y latinos», dice The New York Times.

Por último, Janai Nelson, abogada del Fondo de Defensa Legal de la organización, NAACP, que representaba a un votante afroamericano afectado por la ley de identificación de votantes, declaró que «El estado de Texas debe alejarse de este patrón de conducta discriminatoria”■