De la Redacción
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La corrupción, la ganancia desmedida y el abuso a la población carcelaria del sistema de prisiones privadas se ha vuelto en este país tan grande y evidente que una coalición de organizaciones civiles y de liderazgo comunitario, en colaboración con ColorOfChange.org, la mayor organización online de nivel nacional por la defensa de los derechos civiles, con 900 mil miembros, ha lanzado una campaña nacional para poner fin a esta lucrativa industria del sistema penitenciario en manos privadas. A través de una amplia y directa divulgación la campaña insta a los inversionistas a retirar sus inversiones, y a directivos de empresas que administran cárceles con fines de lucro a deshacerse de esa práctica empresarial de explotación o tener que rendir cuentas públicamente.
Como es sabido Estados Unidos es el país con más presos que cualquier otro país en el mundo. Las ganancias económicas de estas lucrativas prisiones rondan en los miles de millones de dólares anuales, para lo que promueven masivas detenciones y encarcelamiento de personas mayormente de las minorías étnicas a través del perfil racial en el sistema de justicia criminal, “acelerando aún más la crisis carcelaria de nuestra nación», explicó en un comunicado de prensa Rashad Robinson, director ejecutivo de el Color del Cambio/Color of Change.org.
“La industria privada de prisiones depende del capital de sus inversionistas y patrocinadores corporativos que necesita para seguir creciendo”, sostiene. “Al final del día, entre más presos haya, mejor para estas cárceles privadas y los inversionistas que las apoyan”.
Pero resulta que el sistema penitenciario se rige a través de las leyes del ramo, y es por eso que no se trata de una casualidad el que estas corporaciones carcelarias contraten y mantengan un ejército de cabilderos que operan en el Congreso federal y en las legislaturas estatales para influenciar las leyes sobre el control de drogas duras y la imposición de sentencias mínimas obligatorias. En otras palabras, “promueven una cultura oficial de apoyo a la encarcelación, y todo ello a expensas de las comunidades negra y latina principalmente, y de los contribuyentes de todas las razas», denuncia dicho texto de la coalición.
Para dar un ejemplo sobre algunos actores de esta ecuación el comunicado señala que agencias federales y gobiernos estatales contratan con tres de las mayores corporaciones privadas que construyen, administran y encarcelan gente para llenar las prisiones: Corrections Corporation of America (CCA), GEO Group, Inc., y the Management and Training Corporation (MTC). Aunque las dos más fuertes son realmente CCA y GEO, que abiertamente están financiadas por grandes inversionistas privados, bancos mayores y compañías que tienen acciones en dichas corporaciones transnacionales. CCA y GEO, por ejemplo, adquieren buena parte de sus jugosas ganancias con el Estado “cobrando una tarifa diaria por cada persona que las autoridades les envían”, una factura que el gobierno pasa al contribuyente, “quien termina pagando miles de millones de dólares por un sistema penitenciario peligroso e ineficiente”. Otra entrada económica para estos negocios es que están exentos de pagar impuestos. “CCA va a esquivar 700 millones de dólares en impuestos este año, al convertirse en un fideicomiso de inversiones inmobiliarias (real estate investment trust, REIT), y designando sus prisiones como domicilio residencial”.
Aun hay más
Para maximizar sus ganancias estas corporaciones carcelarias privadas han cortado presupuesto para programas de entrenamiento del personal, o para el cuidado de la salud de los presos, así como para servicios de rehabilitación, etcétera, provocando tasas más altas de asalto que se han duplicado en algunas prisiones privadas. También se enriquecen presionando a la clase política, a través de sus ejércitos de cabildeo, para beneficiarse de leyes que ponen a más gente en la cárcel.
En 1990 CCA presidió el Grupo de Tareas de Justicia Penal para influir a la sombra en un proyecto de ley corporativa con el Consejo Estadunidense de Intercambio Legislativo (ALEC), que impulsó leyes como «3 strikes» y «la verdad en la sentencia», leyes que sirven para enviar a miles de personas a la cárcel con penas o sentencias severas, dice la referida coalición.
Las cosas sin embargo parecen estar cambiando, continúa el comunicado. “En muchas partes del país, la marea está cambiando en contra de las industrias de las prisiones con fines de lucro. A principios de este verano, Kentucky, Texas, Idaho, and Mississippi rompieron lazos con CCA luego de salir a la luz un reporte sobra la carencia crónica de personal en las prisiones, la misteriosa muerte de reos, y el aumento a las tarifas que paga el estados para mantenerlos encarcelados”.
Agrega: “En abril New Hampshire rechazó todas las ofertas de prisiones privadas porque las corporaciones de prisiones no podían demostrar que iban a seguir los requisitos legales de forma segura para la vivienda de los prisioneros”. Además, dice, hay una creciente y equivocada oposición al plan del gobernador de California, Jerry Brown, para cumplir con una orden del Tribunal Supremo y aliviar la crisis de sobre población penitenciaria del estado, desplazando a miles de prisioneros a instalaciones privadas, a un costo público de mil millones de dólares en 3 años.
Con información de ColorOfChange.org
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