La ACLU trabaja para garantizar que cada mujer pueda tomar la mejor decisión para sí misma y su familia sobre si tener un hijo y cuándo tenerlo sin interferencia política indebida. Foto: ACLU.

La controvertida ley que prohíbe el aborto en Texas, conocida como “del latino de corazón” o SB-8, vio el campo espejado para su ejecución cuando la Suprema Corte cerró el último desafío legal en su contra ese viernes, impulsado por los defensores del derecho al aborto que pelearon hasta la última instancia judicial para impedir que entrara en vigor la controvertida legislación estatal. El fiscal del estado de Texas, Ken Paxton declarón el fallo como una gran victoria.

Marco Vinicio González

Con el argumento de no poder reescribir el estatuto, el ala conservadora de la Suprema Corte se impuso y estableció que el gobierno estatal de Texas no tienen la autoridad para hacer cumplir una ley, como la SB-8, que faculta a los ciudadanos privados a demandar a otro ciudadano.

Como reportamos en su oportunidad, la SB-8 prohíbe terminar con el embarazo después de aproximadamente seis semanas, cuando las mujeres no están plenamente conscientes de estar embarazadas, pues introdujo un novedoso elemento que permite a cualquier persona de cualquier estado, y no solamente de Texas, demandar a quien “ayude o incite” a una mujer a suspender su embarazo después de las 6 semanas,

Varios estados están tratando de replicar dicha ley, la más restrictiva del ramo en el país, que ofrece como elemento novedoso recompensas de 10 mil dólares por demandas exitosas contra cualquier persona; desde un conductor de Uber hasta un médico, un vecino que conduzca en su auto a una mujer a una clínica de aborto o simplemente quien la instigue a abortar, una vez que puede detectarse actividad cardíaca en el feto, lo que el gobierno de Texas establece a las 6 semanas.

Esto desafía el derecho constitucional establecido hace casi medio siglo en el caso Roe v. Wade de 1973, que hasta hasta hoy es ley vigente del ramo en Estados Unidos, y que prohíbe a los estados suspender el procedimiento antes de que el feto sea viable fuera del útero, lo que actualmente sucede alrededor de las 23 semanas del embarazo.

Y es que el viernes los jueces republicanos de la Corte Suprema de Texas, que son la mayoría, dijeron que los funcionarios no tenían ningún poder para hacer cumplir la ley vigente del ramo, “ya sea directa o indirectamente”, por lo que no podían ser demandados.

Y que las disposiciones enfáticas de la ley declaran que una acción civil privada es el método “exclusivo” para hacerla cumplir, dijeron los magistrados. Agregaron: “Estas disposiciones privan a los ejecutivos de las agencias estatales de cualquier autoridad que de otro modo podrían tener para hacer cumplir los requisitos de Roe v. Wade a través de una acción disciplinaria. El fiscal general de Texas, Ken Paxton declaró el fallo como una “gran victoria”.

En tanto, varios jueces indicaron que votarían para revocar Roe v. Wade por completo, como pidió Mississippi en el caso, Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, que ventilará la Suprema aproximadamente en junio de este año.

Por su paree, los abogados de los grupos defensores del derecho al aborto argumentaron que incluso si la Corte Suprema solo ratifica la ley de Mississippi, anularía efectivamente a Roe v. Wade, respecto al control central sobre la viabilidad.

De hecho, varias legislaturas estatales ya están avanzando proyectos de ley similares a la SB-8, como si Roe v. Wade ya hubiera sido revocada. Algunos han aprobado prohibiciones absolutas sobre el aborto, que entrarán en vigencia de inmediato si la corte decide incluso parcialmente anular a Roe, y otros se han preparado para prohibir el procedimiento a las seis, 10, 12 y 15 semanas.