Al cabo de años de litigios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación asestó un revés al intento de residentes de las ciudades de Hazleton, Pennsylvania y Farmers Branch, Texas, de resucitar ordenanzas antinmigrantes. Estas buscaban prohibir la renta de viviendas a indocumentados y negar licencias a los negocios que los contrataran. Grupos defensores de los inmigrantes y de los derechos civiles esperan que el fallo de la Suprema Corte desaliente a otras ciudades que han expresado pretensiones similares. José López Zamorano reporta desde la capital de la nación.
Fue una derrota silenciosa pero contundente para las iniciativas antinmigrantes. Con su negativa a reconsiderar las leyes antinmigrantes de las ciudades de Hazleton, Pensilvania y Farmers Branch, Texas, la Corte Suprema enterró siete años de costosos litigios en los tribunales del país.
Jadwat:
“Es muy positivo. Establece que las victorias que han logrado los inmigrantes contra Hazleton y Farmers Branch son ahora finales…”
Omar Jadwat es abogado litigante del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de La Unión Estadunidense de Libertades Civiles (Aclu), uno de los grupos que desafió la ordenanza de Hazleton e impidió su entrada en vigor desde el 2006.
Jadwat:
“No debe ser la misión de los gobiernos locales despedazar comunidades, usar a inmigrantes como chivos expiatorios y discriminarlos”
Las ordenanzas de Hazleton y Farmers Branch cobraron atención nacional por sus pretensiones. Prohibían la renta de casas y venta de servicios a indocumentados, y en el caso de Hazleton, imponía el inglés como idioma único para el gobierno local y también penalizaba a los empleadores de trabajadores indocumentados. Que la Suprema Corte se haya rehusado a escuchar argumentos a favor de estas leyes es una buena sñal, dice Kelly Rodríguez, de la central sindical AFL-CIO:
“Esto muestra que el sistema judicial funciona como debe, protege los derechos de todos y todos tenemos el derecho de trabajar, hacer nuestro hogar y vivir tranquilos”
Rodríguez sostiene que el mejor antídoto a iniciativas similares es una reforma migratoria.
Rodríguez:
“Con una reforma migratoria se ayudaría a la comunidad a sentirse seguros para combatir la explotación de empleadores sin escrúpulos”
El exalcalde de Hazleton, Lou Baretta, quien originalmente impulsó la iniciativa y ahora es legislador, expresó en una declaración a la prensa su decepción, y defendió su propuesta argumentando que fue en respuesta a la inacción del gobierno federal en materia migratoria.
Ciertamente, lejos de abandonar sus esfuerzos los grupos antinmigrantes han ajustado sus propuestas a fin de explorar cuál iniciativa pondría la prueba de constitucionalidad.
Una ordenanza de Freemont, un pueblo de empacadores de carne en Nebraska, busca penalizar a los dueños de las viviendas por rentar a indocumentados, y obliga a todos los que quieren rentar una vivienda obtener una licencia comprobando su legalidad. La iniciativa ya fue avalada por una corte de Distrito.
Grupos defensores de inmigrantes, incluido el Fondo Mexico Americano para la Defensa Legal y la Educación (Maldef), apelaron el fallo ante el máximo tribunal y temen que si es ratificado reviva las esperanzas de los antinmigrantes.
Alonso Rivas es abogado de Maldef:
“Si la Suprema Corte decide no tomar el caso de Freemont, tendremos un problema en la corte del Octavo Circuito de Apelaciones. Y esos son estados en el medio oeste que en los últimos 20 años han experimentado un crecimiemto en la población latina. Así que ahí el peligro es que la ley de Freemont sea duplicada tal vez hasta a nivel estatal.
La Corte Suprema aun debe decidir si acepta la apelación de Maldef en el caso de Freemont, Nebraska, un proceso que podría demorar varios meses.
Para la Edición Semanaria del Noticiero Latino, reportó José López Zamorano
