De la redacción
Dentro de una semana, el 12 del presente mes la Suprema Corte de Justicia escuchará los argumentos orales sobre la legalidad de la arbitraria decisión tomada por el presidente Trump, de poner fin al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, que permite a dichos inmigrantes vivir, estudiar, trabajar y contribuir al país que llaman “hogar”, sin temor a ser deportados.
Como se sabrá, el programa de DACA tuvo su antecedente histórico en la propuesta legislativa que los senadores Orrin Hatch, republicano de Utah y Dic Durbin, demócrata de Illinois, que presentaron el 1 de agosto de 2001 con el nombre original de «Ley de Ajuste Estudiantil de 2001», luego «Ley de Desarrollo, Ayuda y Educación para Menores Extranjeros», y finalmente «Ley DREAM».
Convertida luego en DACA a través de un memorándum del poder ejecutivo anunciado por el presidente Barack Obama el 15 de junio de 2012, inició formalmente cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) comenzó a aceptar las solicitudes el 15 de agosto del mismo 2012. Desde entonces, como ha quedado claro por numerosos estudios académicos sigue siendo un programa muy exitoso y popular en varios sectores de sociedad, de la economía y de la política nacional.
Para ser elegible al programa DACA los beneficiarios no pueden tener delitos o faltas graves en sus antecedentes penales. Pero a diferencia de la Ley DREAM, DACA no proporciona un camino a la ciudadanía para los destinatarios, conocidos como Dreamers, Soñadore o Dacamentados.
A pesar de su amplio éxito y su fuerte apoyo público el programa DACA está sin embargo luchando literalmente por su vida; porque ocho estados conservadores, de la mano del presidente Trump demandaron a DACA para ponerle fin. En otras palabras, para eliminar a los beneficiarios o dacamentados y separar a cientos de miles de familias.
Expertos en la materia afirman que de salirse con la suya el presidente y los referidos estados sería un desastre económico para muchas ciudades y estados de este país. Actualmente alrededor de poco más de 700 mil beneficiarios de DACA asisten a la universidad, trabajan, pagan impuestos locales y contribuyen a sus comunidades como maestros, abogados, médicos y hasta como miembrso de las fuerzas armadas.
A lo largo de los años y litigios la Corte Suprema ha recibido fuertes declaraciones de apoyo a DACA en forma de escritos amicus, o amigos. Entre ellas las de “21 estados y el Distrito de Columbia, donde reside más de la mitad de sus beneficiarios; 109 ciudades y gobiernos locales; un grupo bipartidista de miembros actuales y anteriores del Congreso; más de 140 líderes empresariales, educadores, incluidos funcionarios universitarios, ex funcionarios de seguridad nacional, de la policía, líderes de derechos civiles y beneficiarios de DACA que comparten sus historias personales sobre sus vidas antes y después de DACA”.
Esto afirma un comunicado de The Immigration Hub, una organización nacional dedicada a promover políticas de inmigración justas a través de liderazgo estratégico, estrategias de comunicación innovadoras, defensa legislativa y asociaciones de colaboración.
Algunos datos de DACA que la fuente toma del Center for American Progress (CAP):
- Casi 1.5 millones de personas viven en hogares con un receptor de DACA, incluidos más de un cuarto de millón de hijos de beneficiarios de DACA nacidos en Estados Unidos.
- La edad promedio de un destinatario de DACA en el momento de su llegada a Estados Unidos es de 6 años.
- La duración promedio que un receptor de DACA ha vivido en este país es de 20 años.
Beneficios económicos para el país:
- Los beneficiarios de DACA y sus hogares pagan 8 mil 800 millones de dólares en impuestos: 5 mil 700 millones en impuestos federales, y 3 mil 100 millones de dólares en impuestos estatales y locales;
- En 41 estados y el Distrito de Columbia los beneficiarios de DACA y sus hogares pagan más de 1 millón de dólares anualmente por estado, en impuestos estatales y locales;
- En 35 estados, ese ingreso tributario es de más de 10 millones cada año por estado, y en 12 estados es más de 50 millones por estado;
- Estos dólares de impuestos estatales y locales se envían directamente a la comunidad, financiando escuelas locales, seguros de salud para residentes de bajos ingresos e inversiones en infraestructura.
- Los beneficiarios de DACA pagan 613.8 millones de dólares en pagos de hipoteca y 2 mil 3 millones en pagos de alquiler cada año.
