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De la redacción

El 10 de octubre de 2018 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propuso enviar al Registro Federal la modificación de una regla relativa al concepto de “Carga Pública”. Actualmente la norma propuesta no es una ley aún, y faltaría mucho para su implementación final. El período de comentarios públicos para definir la regla finalizó el 10 de diciembre de 2018. Ahora DHS debe revisar y considerar todos los casi 210 mil comentarios enviados, antes de publicala en el Registro Federal ya como ley. Incluso después de la publicación los desafíos legales que podrían suscitarse retrasarían tal vez la implementación de esa ley, dice un comunicado de la organización, Immigrant Legal Resource Center (ilrc).

Como parte de la batería de ataques de Trump a los inmigrantes, una regla propuesta provocaria que unos 2 millones de niños pudieran perder atención médica vital y asistencia pública alimentaria. Se trata de un cambio propuesto en las reglas de la asistencia pública relacionadas con la migración, propuesto por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, afirma un estudio reciente.

Sin embargo, es importante saber que el cambio que dicta DHS a las reglas del juego no es una ley de elección popular. Es una norma interna de esta agencia federal, que ampliaría los alcances del concepto de “Carga Pública”, a fin de entorpecer los procesos de ajuste de estatus del solicitantes.

De convertirse este cambio prpuesto en ley, casi 2 millones (1.9) de niños con problemas médicos específicos podrían abandonar los programas federales de beneficios de salud y nutrición.

Además, el oficial de Inmigración que entrevista al solicitante de un ajuste de estatus, como ingresar al país, la Residencia Permanente (green card), la Ciudadanía, etcétera, podrá determinar casi a simple vista cuándo ese inmigrante corre el riesgo de convertirse en una Carga Pública o en alguien que dependerá de los beneficios públicos a largo plazo, dice la Dra. Leah Zallman, profesora asistente en la Escuela de Medicina de Harvard University, que realizó el estudio.

En Utah mucho menores son retirados de programas de asistencia pública. Foto: Voices for Utah Children.

Vale insistir que la regla no está vigente, y sin embargo los pediatras sostienen que “ya ha tenido un efecto escalofriante entre las familias inmigrantes cuyos hijos necesitan estos beneficios para su salud y bienestar”, y que han abandonado por temor a estropear el proceso de ajutes de  estatus de algun familiar en el hogar, señaló por su parte a HealthDay News la Dra. Lanre Falusi, pediatra en Washington, DC y vocera de la Academia Estadunidense de Pediatría.

¿Cuál es la ley actual?

Para estimar la cantidad de niños que no tendrían los programas necesarios debido a este cambio en la regla, Zallman y sus colegas evaluaron los datos de una encuesta federal de 2015 que evalúa las necesidades de atención médica, el uso, los gastos y las condiciones médicas dentro de los hogares en todo el país.

Los datos mostraron que 8.3 millones de niños que actualmente reciben beneficios de Medicaid, CHIP o SNAP tienen un riesgo potencial de cancelación de la inscripción.

De esos niños, 5.5 millones tienen necesidades médicas específicas: más de 615 mil con asma, 53 mil con epilepsia, 3 mil 600 con cáncer y 583 mil con discapacidades.

Los padres preocupados por su estatus migratorio podrían sacar a 1.9 millones de niños con este tipo de problemas médicos fuera de los programas que los ayudarían a mantenerse saludables, y correrán un mayor riesgo de problemas de salud y tendrán menos probabilidades de tener un buen desarrollo y sobresalir en la escuela.

Para que el solicitante de un ajuste de estatus pueda considerarse como alguien que no va a ser una carga pública, debe mostrar pruebas sólidas de que no será dependiente del gobierno, con una “declaración jurada de apoyo”, que es un contrato firmado con el gobierno por el patrocinador o quien apoyará financieramente al inmigrante.

Estos son los menores que estan siendo afectados ya con la propuesta de la administración Trump sobre el concepto de “Carga Pública”.

Actualmente, si un inmigrante ha recibido asistencia en efectivo (como TANF, también conocida como «welfare» o SSI), o ha sido institucionalizado en una instalación financiada por el gobierno federal –hospital, cárcel- puede ser considerado una carga pública.

Pero el uso de programas de asistencia médica, nutrición y vivienda financiados con fondos públicos actualmente no se consideran factores negativos para fines de “carga pública”; porque “las políticas actuales reconocen que estos programas son vitales para mantener a las comunidades saludables y seguras, y a las personas productivas”.

La ley, sin embargo, no ha cambiado. Esta no es una disposición de la ley que se aplica a todos los inmigrantes, sino sólo a las personas que buscan ser admitidas en Estados Unidos, o que solicitan un ajuste de estatus.

La propuesta interpreta una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) relativa a la inadmisibilidad. Una persona es inadmisible si es probable que se convierta en una carga pública.

Las personas que desean ingresar a Estados Unidos solicitan en los consulados en el extranjero. En los consulados, los oficiales usan el Manual de Asuntos Exteriores (FAM) como guía para tomar decisiones. Bajo la guía de la FAM, los oficiales investigan más a fondo la capacidad del patrocinador para defender la declaración jurada de apoyo■